Imitando a Carlos Emparan y su exitosa saga sobre la sanidad afgana, rescato un post previo sobre el penoso estado de la Administración de Justicia. El caso de Mari Luz Cortés, más allá de la colección de errores y negligencias judiciales, ha provocado una discusión sobre posibles reformas y cambios legales. Se ha abierto, particularmente, un debate sobre la cadena perpetua. Para algunos, sería inconstitucional porque interpretan que el artículo 25.2 al imponer que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” hace imposible este tipo de condena en nuestro ordenamiento. Esta ha sido la opinión del portavoz “in pectore” del Grupo Parlamentario Socialista, el ex magistrado y ministro José Antonio Alonso, así como de “El País” que fijaba su postura contraria en un editorial publicado este fin de semana.

Otros juristas, en cambio, pertenecientes al sector más conservador como el actual portavoz del CGPJ, Enrique López y el vocal del propio Consejo, José Luís Manzanares, se han mostrado partidarios de estudiar esta medida.

No sé si es constitucional o no; aunque desde luego que no parece que la cadena perpetua impida cumplir el mandato constitucional, siempre y cuando pudieran acogerse a aquellas medidas que atenúan la intensidad de las medidas de privación de libertad.

En nuestro sistema penitenciario, se clasifican a los penados en diferentes grados, incluyendo un régimen abierto para los clasificados en tercer grado, que pueden cumplir tanto en cumplir en centros abiertos o de inserción social, en secciones abiertas de un centro penitenciario o en unidades dependientes, situadas fuera de los recintos penitenciarios.

Hasta donde yo sé, UPyD no ha fijado una postura en este tema, así que las siguientes líneas son simplemente mi punto de vista particular sobre el tema, que podría ser discrepante del mayoritario en mi partido. Un punto de vista completamente profano en este tema.

En mi modesta opinión, deberíamos valorar la inclusión de la cadena perpetua en el Código Penal para determinados delitos especialmente execrables, como casos graves de abusos sexuales, terrorismo o crímenes contra la Humanidad. Esta pena figura en la legislación de numerosos países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica, Inglaterra, Canadá o los Estados Unidos.

No quiere decir que una persona a la que el juez condene a cadena perpetua tenga necesariamente que permanecer en la cárcel hasta su muerte, pero si que se pueda mantener en prisión mientras persista el riesgo de reincidencia en este tipo de conducta criminal grave. Esta medida podría ser revisada al cabo de unos años, de forma que al igual que otros penados, se beneficien de permisos penitenciarios o incluso de pasar a tercer grado, que como hemos visto comporta un régimen abierto.

Con esta medida se podría mantener la vigilancia policial o sufrir determinadas restricciones en sus derechos, como por ejemplo la limitación a acceder a determinados puestos de trabajo (escuelas, hospitales, etc.) o incluso que les estuvieran vedados determinados espacios públicos.

Lo que si me parece rechazable es la afirmación de la Vicepresidenta del Gobierno sobre la inconveniencia de realizar cambios legislativos en caliente. Es de una hipocresía extraordinaria, ya que cualquier modificación legal necesita meses de largos trámites para ser incorporada nuestra legislación, aparte de informes de numerosos organismos del Estado que hacen casi imposible que se tomen decisiones a la ligera. Y en otras ocasiones, particularmente en el caso de la llamada violencia de género, la contemplación de crímenes execrables y la posterior indignación ciudadana han impulsado cambios legislativos necesarios. Y esto no solo ocurre en España; en Inglaterra y EEUU, hay leyes contra la pederastia que son conocidas por el nombre de las víctimas que provocaron cambios legislativos.

Lo que no se puede tolerar es permanecer impasibles ante determinadas situaciones. No basta solo con buscar al culpable o los culpables de que un delincuente con sentencia firme esté en la calle. Hay que impulsar cambios que impidan este tipo de errores. De momento, la modificación de la legislación que ha propuesto el antiguo fiscal José Maria Mena con el fin de que se pueda crear una base de ADN de condenados por delitos sexuales o la creación de bases de datos que permitan acceder a los jueces a personas condenadas por pederastia, parecen razonables aunque nazcan al calor de la indignación popular.

Mientras tanto, hoy el Ministro Bermejo ha hecho las primeras declaraciones ante este tema, en las que se limita a señalar que la cadena de fallos es una anomalía y "no se suele encadenar tal sucesión de despropósitos, pero ocurre de vez en cuando". Si después de una semana, esto es todo lo que puede aportar el Señor Ministro, no me extraña la situación de la Justicia.

Y, para acabar, una duda inquietante. En estas semanas de parálisis de la Justicia, que tardará unos seis meses en recuperarse según la estimación del Sr. Bermejo, ¿ha habido retrasos en la ejecución de sentencias? Porque si la baja laboral de una funcionaria o la negligencia de un juez ha tenido esta consecuencia…

Consituyendo el Congreso o lo queda por hacer
(por Rosa Díez)

El cachondeo de la Justicia viene de largo, si atendemos a la frase que pronunció Pedro Pacheco, a la sazón alcalde de Jérez, hace ya unos cuantos años. Entonces la frase provocó una gran polémica porque era extraordinario que se criticase a la Justicia.

Ha pasado el tiempo y en la actualidad la frase sería un diagnóstico piadoso de la situación actual. La instrumentación de la Administración de Justicia por los poderosos es un escándalo cotidiano, Las ejecutivas de los partidos no solo deciden quienes van a ocupar los asientos en los órganos de gobierno, como el Consejo General del Poder Judicial, si no que también órganos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional. Obviamente, no lo hace directamente; se emplea la ficción de ser nombrados por el Rey a propuesta del Congreso, del Senado o de otros órganos pero todos sabemos, y los propios nombrados sobre todo, que deben su cargo a simpatizar con tal o cual Asociación Profesional, que son únicamente el trasunto judicial de un partido político.

En esta legislatura se han batido todos los record de desvergüenza, con el Partido Popular usando como ariete contra el Gobierno al CGPJ y resistiéndose a la renovación para no perder ese elemento de presión. O el Gobierno modificando sobre la marcha las reglas de juego para poder mantener a la Presidenta del Tribunal Constitucional (TC) en su puesto o recusando a dos miembros no afines del propio TC, en un hecho sin precedentes que fue contestado con la recusación de ¡TRES! magistrados por la Oposición para intentar “restablecer” su primacía.

En este escenario, se produce la huelga de los funcionarios de Justicia que reivindican la igualdad retributiva independientemente de cual sea la Comunidad Autónoma (CA) donde trabajen. Este es un ejemplo más, y muy evidente, de los perniciosos efectos de la transferencia de determinadas competencias esenciales a las CCAA y que solo puede solucionarse con la retrocesión de determinadas competencias al Estado, tal y como propone UPyD.

La guinda de esta legislatura ha sido la sentencia del TC, que para absolver a dos poderosos empresarios de purgar en la cárcel la estafa a miles de pequeños accionistas, ha modificado de forma sustancial la forma de calcular el tiempo necesario para que un delito haya prescrito. Es el tercer desencuentro entre los dos tribunales que abre un problema de difícil solución, ya que aunque el TS entiende que se invaden de forma indebida sus competencias, las decisiones del TC son inapelables.

Lo más lamentable es que esta crisis se provoca para evitar la cárcel de dos poderosos, en un hecho que recuerda mucho a los versos que escribió Góngora sobre el asesinato del Conde de Villamediana. Este noble, del que se rumoreaba que era amante de la Reina Isabel, fue asesinado en plena calle.

Dice la leyenda que unos días antes de su muerte, se había celebrado una corrida de toros en la Plaza Mayor en la que participó el desdichado conde, que de forma imprudente brindó la muerte a la esposa de Felipe IV. Cuando alguien alabó su valor y destreza, el Rey contestó “pica bien, pero pica alto”. Cuando el conde murió, su amigo Góngora escribió unos versos en los que veladamente acusaba al monarca de la muerte de Juan de Tassis

«Mentidero de Madrid / decidme, ¿quién mató al conde? / Ni se sabe, ni se esconde. / Sin discurso, discurrid: / dicen que le mató el Cid, / pues era el conde Lozano, / disparate chabacano. / La verdad del caso ha sido / que el matador fue Bellido / y el impulso soberano».

Para ilustrar un post, un video de los funcionarios de Justicia protestando en un mitin del PSOE