El cachondeo de la Justicia (Parte II) o la Niña de mis ojos

Imitando a Carlos Emparan y su exitosa saga sobre la sanidad afgana, rescato un post previo sobre el penoso estado de la Administración de Justicia. El caso de Mari Luz Cortés, más allá de la colección de errores y negligencias judiciales, ha provocado una discusión sobre posibles reformas y cambios legales. Se ha abierto, particularmente, un debate sobre la cadena perpetua. Para algunos, sería inconstitucional porque interpretan que el artículo 25.2 al imponer que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” hace imposible este tipo de condena en nuestro ordenamiento. Esta ha sido la opinión del portavoz “in pectore” del Grupo Parlamentario Socialista, el ex magistrado y ministro José Antonio Alonso, así como de “El País” que fijaba su postura contraria en un editorial publicado este fin de semana.

Otros juristas, en cambio, pertenecientes al sector más conservador como el actual portavoz del CGPJ, Enrique López y el vocal del propio Consejo, José Luís Manzanares, se han mostrado partidarios de estudiar esta medida.

No sé si es constitucional o no; aunque desde luego que no parece que la cadena perpetua impida cumplir el mandato constitucional, siempre y cuando pudieran acogerse a aquellas medidas que atenúan la intensidad de las medidas de privación de libertad.

En nuestro sistema penitenciario, se clasifican a los penados en diferentes grados, incluyendo un régimen abierto para los clasificados en tercer grado, que pueden cumplir tanto en cumplir en centros abiertos o de inserción social, en secciones abiertas de un centro penitenciario o en unidades dependientes, situadas fuera de los recintos penitenciarios.

Hasta donde yo sé, UPyD no ha fijado una postura en este tema, así que las siguientes líneas son simplemente mi punto de vista particular sobre el tema, que podría ser discrepante del mayoritario en mi partido. Un punto de vista completamente profano en este tema.

En mi modesta opinión, deberíamos valorar la inclusión de la cadena perpetua en el Código Penal para determinados delitos especialmente execrables, como casos graves de abusos sexuales, terrorismo o crímenes contra la Humanidad. Esta pena figura en la legislación de numerosos países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica, Inglaterra, Canadá o los Estados Unidos.

No quiere decir que una persona a la que el juez condene a cadena perpetua tenga necesariamente que permanecer en la cárcel hasta su muerte, pero si que se pueda mantener en prisión mientras persista el riesgo de reincidencia en este tipo de conducta criminal grave. Esta medida podría ser revisada al cabo de unos años, de forma que al igual que otros penados, se beneficien de permisos penitenciarios o incluso de pasar a tercer grado, que como hemos visto comporta un régimen abierto.

Con esta medida se podría mantener la vigilancia policial o sufrir determinadas restricciones en sus derechos, como por ejemplo la limitación a acceder a determinados puestos de trabajo (escuelas, hospitales, etc.) o incluso que les estuvieran vedados determinados espacios públicos.

Lo que si me parece rechazable es la afirmación de la Vicepresidenta del Gobierno sobre la inconveniencia de realizar cambios legislativos en caliente. Es de una hipocresía extraordinaria, ya que cualquier modificación legal necesita meses de largos trámites para ser incorporada nuestra legislación, aparte de informes de numerosos organismos del Estado que hacen casi imposible que se tomen decisiones a la ligera. Y en otras ocasiones, particularmente en el caso de la llamada violencia de género, la contemplación de crímenes execrables y la posterior indignación ciudadana han impulsado cambios legislativos necesarios. Y esto no solo ocurre en España; en Inglaterra y EEUU, hay leyes contra la pederastia que son conocidas por el nombre de las víctimas que provocaron cambios legislativos.

Lo que no se puede tolerar es permanecer impasibles ante determinadas situaciones. No basta solo con buscar al culpable o los culpables de que un delincuente con sentencia firme esté en la calle. Hay que impulsar cambios que impidan este tipo de errores. De momento, la modificación de la legislación que ha propuesto el antiguo fiscal José Maria Mena con el fin de que se pueda crear una base de ADN de condenados por delitos sexuales o la creación de bases de datos que permitan acceder a los jueces a personas condenadas por pederastia, parecen razonables aunque nazcan al calor de la indignación popular.

Mientras tanto, hoy el Ministro Bermejo ha hecho las primeras declaraciones ante este tema, en las que se limita a señalar que la cadena de fallos es una anomalía y "no se suele encadenar tal sucesión de despropósitos, pero ocurre de vez en cuando". Si después de una semana, esto es todo lo que puede aportar el Señor Ministro, no me extraña la situación de la Justicia.

Y, para acabar, una duda inquietante. En estas semanas de parálisis de la Justicia, que tardará unos seis meses en recuperarse según la estimación del Sr. Bermejo, ¿ha habido retrasos en la ejecución de sentencias? Porque si la baja laboral de una funcionaria o la negligencia de un juez ha tenido esta consecuencia…

Consituyendo el Congreso o lo queda por hacer
(por Rosa Díez)