Ya está. El Parlamento regional ha certificado la defunción del Defensor del Pueblo Riojano con el único apoyo del PP a su propia iniciativa. Como es costumbre en estos años de podas y liftings, la fórmula empleada ha sido una voladura controlada rociada de eufemismos y restas. Una muerte lenta por inanición que comenzó con la marcha de la anterior titular frustrada por tanta interinidad y concluye ahora con el cierre de las dependencias donde ejerció durante cinco años. No es, como subrayan los populares en su argumentación, una supresión sino una suspensión temporal de la ley que regula esta figura. Unas pocas letras de diferencia con idéntico efecto: apocar la vía más mediática con la que el riojano de a pie aún tenía posibilidad de enfrentarse a los excesos de la administración sin pasar por la caja de la Justicia. La tesis del PP dice que no, que ahí están para quejarse la tan mortecina como ignota Comisión de Peticiones del Parlamento y la Defensora del Pueblo nacional en un lejano y hermético edificio de la zona noble de Madrid. Causa rubor comparar aquellas loas al autogobierno cuando María Bueyo Díez Jalón fue designada o daba cuenta de su gestión anual con las actuales letanías sobre lo superfluo. Aunque la premisa más inquietante es la valoración económica de las quejas que, por lo visto, salen demasiado caras. ¿En qué balanza se pesa el kilo de abusos? ¿Quién mide la grasa de la indignación? Será que el malestar es demasiado gordo.