Mas embudo

El jueves pasado cuestionaba la calidad (que no la validez) del voto de los ciudadanos según su conocimiento, contribución, integridad o inteligencia. Acatando sin aceptarlo que cumplir los dieciocho sea el único requisito legal para votar, el discutible reconocimiento de que el sufragio universal es el menos malo de los sistemas admite que no es bueno. El modo ideal de adoptar las decisiones trascendentales para la sociedad sería que lo hicieran sólo los mejor preparados y persiguiendo el bien común. Sin embargo, incluso regímenes no democráticos someten el rechazo o la aprobación de asuntos como la eutanasia, el consumo de marihuana, la reordenación territorial, la salida del euro o la pertenencia a la OTAN a plebiscito, es decir, a la decisión de una mayoría por lo general desinformada. En tales casos, la denostada abstención puede ser la opción más responsable cuando no se sabe muy bien qué, por qué y para qué se vota. Someter cuestiones complejas o trascendentales al veredicto de una población mayormente ignorante significa recoger millones de votos emitidos con las tripas y en el mejor de los casos con un cerebro manipulado por los promotores de la consulta. Pero la cosa se agrava cuando no sólo la pregunta planteada sino el planteamiento mismo son ilegales. Es el caso del provocador referéndum “soberanista” catalán, espesa cortina de humo de libro para ocultar los problemas reales de la sociedad sus gobernantes irresponsables, mediocres y, lo peor de todo, desacatadores de las leyes o normas básicas de convivencia que deberían ser los primeros en respetar. Pero lo más irritante de este asunto no me parece la intolerable actitud de Mas y sus secuaces sino la normalidad con la que medios de comunicación, opinión publicada y gobierno de la nación parecen aceptarla con resignación. Eso de “las relaciones de Cataluña con el Estado” (que es como decir “del brazo con el cuerpo”) ha dejado de ser una aberración institucional para instalarse sin debate en discursos, declaraciones y titulares. El simple anuncio de un alto funcionario del Estado español de su voluntad de preguntar a los ciudadanos de la parte del territorio español que gobierna, en virtud de un nombramiento del Jefe del Estado publicado en el Boletín Oficial del Estado, si desean seguir perteneciendo a España debería bastar para destituirlo con todas las de la ley. Pero vivimos en un país donde te meten 200 euros por aparcar subido a la acera aunque no estorbes pero puedes pasarte impunemente por el arc del triomf los fallos de los más altos tribunales “caigan las sentencias que caigan”. Donde el peso de la ley más ejecutada, la del embudo, cae siempre sobre los más débiles e indefensos.

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