La Rioja
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Dura lex
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Fernando Sáez Aldana | 01-06-2017 | 04:31

El secesionismo catalán está alcanzando cotas de irritación insoportable para los españoles que contemplamos inermes cómo una panda de gobernantes, no ya irresponsables o desacatadores: traidores, desafían impunemente al Estado del que forman parte las instituciones que gobiernan y, por tanto, les paga el sueldo y financia sus fechorías. Aunque el germen del procés está en el Título VIII de la Constitución de 1978, nadie imaginaba que podría llegarse a esta situación. Pero se ha llegado y hora es de ejercer el llamado «imperio de la Ley». Las leyes obligan incluso a los que no las aceptan y no digamos a quienes las vulneran. A estos se les llama delincuentes y las mismas normas que vulneran contemplan los castigos que la sociedad puede imponerles a través del poder judicial. En esto consiste un Estado de derecho como el que suponemos vigente en una España de la que Cataluña forma tanta parte como La Rioja.

Con respecto al delirante pero real intento de «desconexión» de unas instituciones regionales de las estatales, nuestra Ley de leyes al menos previó que esto podría suceder:

 

Artículo 155.1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

 

Con respecto a esas medidas, la misma Constitución que, explicablemente, estos politicastros se pasan por el Arc de Triomf, lo tiene muy claro:

 

Artículo 8.1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

 

De líderes como Iglesias, Sánchez y compañía es impensable, no ya el coraje para aplicar este gran remedio para tan grande mal, sino la convicción patriótica de hacerlo. La única esperanza de acabar con esto como la Constitución manda, por tanto, son el Gobierno de la nación española y su partido, que aún cuenta con mayoría absoluta en el Senado. Solo en sus manos está zanjar legítimamente este penoso asunto, creando además un precedente disuasorio de futuras aventuras independentistas. Lo tienen a huevo, pero claro, se necesitan los dos que, por ejemplo, tuvo la Thatcher con las remotas Malvinas.

Dura lex, sed lex: la ley es dura, pero es la ley, y debe cumplirse por fuerte que les parezca a quienes estén obligados a ejecutarla. El dinero y las constituciones son para las ocasiones.