Aserto primero. El diccionario de la Real Academia Española ofrece diecisiete acepciones del vocablo «atacar». Las tres primeras son: «acometer, embestir con ánimo de causar daño», «en un combate, emprender una ofensiva» y «actuar contra algo para destruirlo».

Aserto segundo. En sus artículos 169 a 171 el vigente código penal español contempla el delito de amenazas como «Dar a entender a otro con actos o palabras que se quiere hacer algún mal».

Aserto tercero. El presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha realizado un llamamiento público a «atacar al Estado español».

Aserto cuarto. Como respuesta a esta declaración, la vicepresidenta del gobierno de España (quien dijo una vez que «el dinero público no es de nadie») ha declarado que «con una frase inaceptable no se ataca al Estado» porque «son solo palabras».

Muy bien. Ahora, amigo lector, ciudadano de a pie que se dice, le invito a que en una red fecal, un tuit, un foro, una carta al periódico e incluso en la barra del bar proclame que hay que atacar a los negros manteros, a los homosexuales, a las parientas o a los militantes de izquierda. A ver, solo son palabras, usted no ha infligido ningún daño a ninguno de esos colectivos por pronunciar frases tan inaceptables, pero prepárese para la alarma social que le caerá encima y puede que hasta a dormir esa noche en un calabozo acusado de un delito de amenazas.

Argumento número uno. El presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña es tan estúpido que pretende destruir a la institución que le paga el sueldo como empleado suyo y que puede echarlo como hizo con su antecesor.

Argumento número dos. Mientras dura lo que dure, el actual gobierno de España, sostenido con los votos de belicosos enemigos del Estado, va a necesitar ingentes cantidades de vaselina para seguir dialogando con el independentismo catalán sin cortapichas.

Argumento número tres. Como proferir amenazas contra un individuo particular es susceptible de castigo penal, pero no lo es hacerlo contra «la unidad jurídica de todos los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común» (eso es el Estado, se conoce que para la señora vicepresidenta el Estado tampoco somos nadie y por eso se le puede amenazar impunemente.

Argumento número cuatro. La política de apaciguamiento nunca ha funcionado frente a la obcecación de los fanáticos (Múnich, 1938).

Conclusión. «La mejor defensa es un buen ataque» (Sun Tzu), en este caso legítimo, por parte de un Estado de derecho amenazado. Léase: leña al mono con el 155 hasta que aprenda la Constitución.