Ningún español tiene dudas de que al electricista que robó el códice calixtino en la catedral de Santiago de Compostela le va a caer una ejemplar y merecida condena. Tampoco dudan los españoles que ninguno de los responsables del saqueo y expolio de las cajas de ahorros tendrán la condena que indudablemente merecen. En España no sé si existe la justicia, pero diferencias ha habido siempre y al delincuente de cuello blanco se le ha dispensado siempre un tratamiento e incluso una admiración social difícil de comprender e incluso de aceptar.
También resulta una verdad irrefutable que, en cualquier país democrático de nuestro entorno, si un diputado hubiera proferido el grito: -¡Qué se jodan!, refiriéndose a los parados a punto de perder la prestación por desempleo, hubiera tenido que dimitir sin más trámite ni ceremonias. Pero no, en España con una cartita hipócrita todo arreglado y la desvergonzada diputada sigue detentando todos los privilegios que le procura su condición de representante de ese pueblo, al que acaba de escupir a la cara y al que ha demostrado detestar sólo porque se remueve y protesta ante la enésima agresión a sus derechos y a su dignidad.
Está claro que España no es un país que proteja precisamente a la gente digna y honrada. Tener que escuchar, en un país camino de los 6.000.000 de parados, que se recorta la prestación por desempleo para que éstos se pongan a buscar trabajo desde el primer día y porque hay mucho fraude, cuando acaba de aprobarse una amnistía fiscal para los grandes defraudadores de este país, es una clara indignidad. El fraude debe combatirse, en un país democrático, siempre y en todo caso, no sólo persiguiendo al eslabón más débil de la cadena.
Justificar el recorte salarial y el incremento de la jornada de los funcionarios, reprochándonos, como ha hecho Montoro, que somos unos privilegiados, que aprobar una oposición no lo es todo y que estamos obligados a colaborar y a entender lo que pasa, no es suficiente. Hay que decirle que sí, que estamos dispuestos a poner de nuestra parte el trabajo profesional e independiente de nuestra función pública pero que, antes de volver a apretarnos el cinturón otra vez, nos gustaría ver cómo empiezan a desfilar, para reducir esa gigantesca administración, los cientos de enchufados y cargos de confianza, de asesores de gabinetes y de empleados en fundaciones y empresas públicas injustificables que se han creado en el Estado, en los Ayuntamientos y sobre todo, en las Comunidades Autónomas. Esta red clientelar al servicio del poder de turno, ni siquiera ha hecho una oposición, sólo ha recibido la bendición del “dedo” y está en los puestos mejor retribuidos. No sólo sabemos lo que pasa, sino que incluso podríamos señalar con nuestro “dedo” las partidas presupuestarias inútiles para el servicio público que se gastan diariamente.
Anunciar que en las próximas elecciones se reducirá el número de concejales en España cuando todos sabemos que en los pueblos pequeños, por ejemplo, no cobran sino que ayudan en su tiempo libre, mientras se mantiene un elevado número de concejales a cargo del erario público en localidades en los que nunca existieron, resulta de una hipocresía incomparable que protege a una nueva casta política que vive ajena a los pesares de la calle.
Subir el IVA que va a hundir a muchas pequeñas empresas y no tocar, por ejemplo la fiscalidad de las grandes fortunas, aunque sólo sea para repartir la pesada carga, resulta igualmente reprochable. Es decir, señores del gobierno: no moralizar la vida pública, no decirnos nunca la verdad, demonizar al más débil, exagerar lo mal que estamos para que aceptemos lo inaceptable, ayudar así a hundir nuestro mercado de deuda y las esperanzas de futuro, eso es lo que nos tiene a todos jodidos, Sr. Presidente.