¡Qué Dios reparta suerte!, exclamaba una vecina en uno de los 21 municipios de Castilla-La Mancha que se han quedado sin urgencias sanitarias nocturnas desde el pasado martes para ahorrar 5 millones de euros. El argumento facilitado a los 100.000 habitantes de zonas rurales afectados apela a criterios técnicos por la escasa utilización del servicio. Ya saben que para justificar cosas que resultan incomprensibles al ciudadano siempre se alegan criterios técnicos fundamentados en lograr la eficiencia y la eficacia. Es decir, pomposas mentiras para ocultar el intento de acabar con la sanidad pública. Sufrimos un grave problema en este país y es que hace tiempo que ya nadie se cree nada, ni que lo diga el jefe del gobierno, ni su majestad el Rey, ni el fiscal general del Estado o la ilustre Defensora del Pueblo. Si los bancos ya no dan créditos los ciudadanos de a pie han aprendido a ahorrar y han dicho que ellos tampoco, que no prestan más crédito y que prefieren hacer oídos sordos a tanto engaño. La sanidad pública, universal y gratuita era uno de nuestros incuestionables éxitos colectivos y uno de los pocos asuntos que suscitaba amplio consenso. Por eso escuchar la palabra rentabilidad asociada a la sanidad asusta irremediablemente.
Es comprensible que se procure no derrochar pero no se puede vincular la salud únicamente a la rentabilidad económica. Yo, como muchos, me pregunto ¿son rentables los fuegos artificiales que quemamos anualmente en nuestras fiestas patronales en toda España?, ¿son rentables las televisiones autonómicas dedicadas a adular a los gobiernos respectivos? También podemos plantearnos suprimir los cuerpos de bomberos porque a veces no hay un incendio en un mes y si siguen bajando los accidentes de tráfico podemos suprimir a la guardia civil… Por ello, argumentar que los servicios urgentes nocturnos en los pueblos rurales se usan poco, aunque en un único servicio se salve una o varias vidas es de muy mala baba. El problema de la mayoría de los recortes que se están perpetrando es que todos atacan siempre a la parte más débil de la sociedad. En este caso afecta a una población rural y por tanto más envejecida que tiene menos recursos no sólo económicos sino de movilidad. Claro que como todos tenemos que morir nos dirán, pues cuanto antes mejor que en el cielo no te piden la cartilla sanitaria. En definitiva, se produce una discriminación social hacia los ancianos y los enfermos crónicos y una discriminación territorial hacia los pequeños municipios también con escasos recursos.
Pero esto no es lo más grave, lo que más asusta es que todo el mundo comienza a intuir que se puede desmontar, a la velocidad del rayo, nuestro sistema sanitario con una privatización progresiva de un sistema público, hasta ahora eficaz aunque sea mejorable. Se están privatizando servicios, perdón ahora se dice externalizando para mayor eficacia, y lo que puede ocurrir es que cuando nos demos cuenta ya no tengamos sistema público al que acudir. Con razón algunos comienzan a denunciar que ahora que la especulación urbanística ya no es lucrativa puede que la sanidad sea el nuevo yacimiento de rentabilidad a corto plazo para los ansiosos inversores que además pueden contar, como antes, con la ayuda de políticos que entran y salen de la cosa pública a la privada para asesorar eficazmente a sus nuevos jefes. Sin ir más lejos, aquí en La Rioja el nuevo gerente del Hospital de Calahorra participó en la creación del centro y luego pasó a Viamed, empresa que optó a la privatización de la gerencia y se retiró a última hora en un nuevo fiasco que no se ha explicado y ahora vuelve para quizás mañana asesorar a su antigua empresa a presentar su nueva oferta. Todo destila un cierto olor a podrido. Puede que Dios reparta suerte pero sería mejor que fuéramos organizando las barricadas de defensa de nuestro sistema sanitario público.