¿De verdad los españoles somos iguales ante la ley? Treinta y cinco años después de aprobada la Constitución releo su artículo 14 y sinceramente me da la risa. En este bosque de felonías en que se ha convertido España, resulta difícil encontrar un puntal del Estado que no esté corrompido o en avanzada fase de putrefacción. No sé si es necesario reformar la Constitución pero yo me conformaría con recuperar los principios que la inspiraron. Lo cierto es que en el cielo del poder están tan ocupados en dinamitar los logros sociales obtenidos desde su aprobación que se han olvidado de ella por mucho que la invoquen en sus discursos. En la arquitectura institucional española todos los estamentos tienen goteras, cimientos poco sólidos o amenazan de ruina inminente. Ya lo he dicho otras veces, del Rey abajo ninguno se salva y cotidianamente no pasa día sin una noticia que nos ilustre de que burlar la Constitución es hoy un deporte al alza practicado con pasión por las élites sociales de nuestra querida España.
Los últimos ejemplos son clamorosos. Con gran diligencia, el ministerio que dirige el inefable Montoro ha dado por buenas facturas que ayer se reconocieron falsas con la única finalidad de salvar a la infanta Cristina y a su gallardo esposo de la posible acusación de delito fiscal y todo ello, con la entregada colaboración de la fiscalía. El mismo Ministerio ha fulminado a una inspectora de la Agencia Tributaria por pretender sancionar a la multinacional cementera Cemex con una cifra, cuando ya había sido considerablemente rebajada por sus superiores para no molestar a los otros jefes, lo que ha propiciado una cascada de dimisiones y de mala leche entre el personal que paga sus impuestos y de no hacerlo, es embargado, sancionado o pisoteado sin más contemplaciones. Está claro que creer que en nuestra querida España todos somos iguales ante la ley es tan iluso como creer en Santa Claus, los pitufos o el país de Alicia.
Mientras multinacionales, bancos, infantes, reyes y grandes fortunas se van de rositas, los hombros de los trabajadores y clases medias (en extinción) son los que están soportando las inclemencias del temporal de la crisis y sosteniendo un estado que no es de derecho, sino como dicen algunos, de desecho. Pero ahora, una vez que se han dado cuenta de que la ciudadanía ha constatado que no somos iguales ni ante la ley ni ante la desgracia, por si se nos ocurre levantar la voz y protestar, han decidido dar otra vuelta de tuerca a nuestra decrépita democracia y han sacado de la chistera una Ley de Seguridad Ciudadana que ha puesto los pelos de punta incluso al Consejo de Europa, que la considera “preocupante y desproporcionada”. Pretenden limitar el derecho de reunión y manifestación con multas tan millonarias que una piensa si con la recaudación no aspirarán a resarcir al estado del saqueo de comisiones y mordidas ilegales que se han metido en los bolsillos, unos y otros, con adjudicaciones a amigos y a financiadores de sobresueldos. Como les parece poco amordazarnos, han inventado una nueva sanción para lo que denominan “ofensas a España”, un cajón de sastre en el que cabe todo, aunque si nos dejaran aplicarla a nosotros ya sabemos a quienes les iba a caer el escarmiento. Saquear este país y encubrir a los culpables para que no sean castigados, esa sí que puede considerarse la más grave ofensa a España. Lo peor de todo es que ellos creen que si comienza la recuperación económica olvidaremos la ciénaga institucional, política y moral de España y tiraremos a la basura la aspiración de justicia, libertad e igualdad. Confío, por nuestro bien, en que se equivoquen y evoco al poeta Gabriel Celaya cuando en otro momento difícil escribía:
¡A la calle! que ya es hora
de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo.