Cuentan los que dicen que saben que las cosas están cambiando en España. Insisten los que viven en Babia, simulando que trabajan en el gobierno, que tras el viento huracanado, que ha dejado a una cuarta parte de la población activa en el paro y empobrecido al resto, que este año va a ser recordado por ser el de la recuperación. Ya sé que ustedes son tan incrédulos como yo respecto de lo atinado de esta afirmación pero, por primera vez, se lo aseguro estoy de acuerdo. Creo firmemente que todo indica que este año va a ser el de la recuperación, con mayúsculas, de la moral ciudadana. Todo indica que, tras años de inocular en los españoles la semilla de la indignación, han florecido los primeros brotes verdes, fruto del trabajo de esa parte de la sociedad que decidió un día, contra el pronóstico de las autoridades, defender con tesón lo que es de todos, lo público.

            La retirada del proyecto urbanístico de Gamonal fue el primer síntoma de este nuevo tiempo que se abre ante nosotros, pero la paralización de la privatización sanitaria en Madrid, como consecuencia de un recurso interpuesto por la asociación de médicos Afem y el apoyo de los colectivos agrupados en la “marea blanca”, ha constituido un éxito notable de la movilización ciudadana. Lo conseguido en este segundo caso es algo más que un varapalo político en toda regla al heredero de la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no conoce día de gloria. El mantenimiento de nuestra sanidad pública ha suscitado siempre un amplio consenso. En esta dichosa crisis hemos sacrificado muchas cosas y pagado cara la factura de los desmanes del sistema financiero, pero la mayoría de los ciudadanos no están dispuestos a aceptar que se desmonte pieza a pieza un sistema sanitario que era, hasta ahora, ejemplar.

          No es verdad que la gestión privada de la sanidad sea ni más eficiente ni más barata ni de mejor calidad que la pública. Según la sentencia, el dimitido Javier Fernández-Lasquetty y su equipo no han conseguido demostrar esos supuestos beneficios en el cambio del modelo sanitario. Sus datos económicos han sido rebatidos y han aclarado que la gestión pública es más barata y ofrece mejor servicio al paciente. Nuestros ojos inocentes, pero no imbéciles, han visto con nitidez que la privatización de los hospitales y de los centros de salud era una excusa para proteger, en vez de la salud, un negociete para hacer ricos a algunos, como hace unos años enriquecieron a otros (o a los mismos), a cambio de mordidas, con recalificaciones de suelo o adjudicaciones de obras, tan supermillonarias como innecesarias. Ya ni sorprende recordar que los dos Consejeros que precedieron al dimitido Lasquetty están imputados por prevaricación y cohecho. En este país, en el que todo huele a podrido este éxito de la movilización ciudadana abre caminos para la esperanza de que no todo está perdido si hay unidad a nivel de calle.

            Pero recuerden que, tras la sentencia, el gafe de Ignacio González y su partido han dado marcha atrás no para satisfacer a los madrileños, que han mostrado un rechazo mayoritario, sino por una cuestión táctica. El poder que administran tiene fecha de caducidad, hay elecciones dentro de año y medio y deben vestir trajes de cordero de cara al próximo carnaval para poder renovar sus mandatos. Afortunadamente, esta vez tendrán que aclarar qué piensan hacer con la sanidad porque los ciudadanos durante la crisis hemos abandonado la inocencia y hemos recuperado la conciencia social. Hoy saben ellos, igual que nosotros, que unidos podemos, sí, claro que podemos. Podemos cambiarlos a ellos y evitar que destruyan lo mejor que tenemos. No soy original, lo dice todo el mundo, pero no olviden que si queremos, podemos; ¡claro que podemos!