Cuando condenaron a Al Capone por evadir impuestos, Eliot Ness dejó media mueca de satisfacción para el recuerdo (cinematográfico, en la piel de Kevin Costner dirigido por Brian de Palma). Los muertos que dejó por el camino se dieron por vengados en aquella estratagema legal del agente del Tesoro estadounidense. Vale que Rato, Blesa y compañía no han matado a nadie, pero el juicio popular –el de bar y ascensores– les viene sentenciando desde hace unos años por esas miserias que se nos han venido encima últimamente. Lo suyo, piensa el personal, sería que se les condenase por arruinarnos la vida; pero claro, el Derecho penal tiene sus límites, y esa sentencia tendría mal encaje en nuestro Código.

Ahora hacen fila en la Audiencia nacional, que para eso es un Tribunal de asuntos excepcionales (qué peliagudo es eso para un sistema judicial), y en esa procesión ya van encajando cierto castigo. Y es que estos estrategas del valor de cambio, estos que pilotaron capitales por el mundo como quien conduce un auto de choque en la feria, perpetraron otras fechorías menores pero más carnales, esas en las que el lector oblicuo de periódicos se detiene: que si compró champán por miles de euros, que si gastó en peluqueros otros tantos… y así todos les visualizamos como villanos en su regodeo festivo, bailando sobre la tumba de la sanidad y la educación y tal y cual…

Lo cierto es que el uso de las tarjetas black, desde una perspectiva penal, se reduce a los delitos de apropiación indebida y administración desleal (que, por cierto, se han convertido casi en lo mismo tras la reforma de 2015); o sea, que lo malo de su comportamiento se sustancia en que no está bien gastar dinero si sabías que no debías gastarlo. Y si lo haces en tiempos de crisis, se activa un protocolo oficioso de sensibilidad fiscal y acusaciones populares a discreción que apunta a la cabeza de todo títere mediático. El perjuicio económico total de las tarjetas de marras asciende a unos 15 millones de euros (entre los 86 directivos y consejeros implicados en 13 años, hagan la cuenta). El rescate de Bankia costó 23500 millones de un plumazo (o el doble, depende de la ideología), pero los gastos en champán y peluquería pueden llevar a la cárcel a nuestros enemigos populares.

Muchos esbozarán la media mueca de satisfacción que esbozó Eliot Ness, pero tal vez deberíamos empezar a pensar que el Derecho penal solo le pone broches peliculeros a los desmanes del sistema económico, y que si no cambian otras cosas, las crisis y el champán seguirán pagándose con dinero ajeno.