La Rioja
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Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional

Se ve que lo dijo el magistrado del Tribunal Supremo antes de recabar testimonio a Forcadell y compañía. Y es que el Estado, en su sentido más extenso, parece que ha jugado a poli bueno y poli malo… parece, porque lo realmente grave sería que detrás de la inarmonía jurídica hubiera una mente maquiavélica que repartiese papeles estratégicamente. No lo creo, claro, pero sí creo que el poder judicial no ha podido sacudirse la saturación política del asunto catalán. Por varios motivos.

La organización judicial en nuestro país, así como el extraño contorno competencial de la Audiencia Nacional, están marcados por el juego de fuerzas políticas. Sin duda que hay margen de reforma virtuosa en ese terreno; sin embargo, suele quedar en los márgenes de las críticas la persistencia en nuestro código penal de algunos preceptos bizarros. Delitos de eficacia simbólica que nunca o casi nunca se aplican, de tal modo que su función como norma punitiva se reduce a una suerte de amenaza latente, como un ejército quieto pero armado, como una estatua conmemorativa que no dice nada y recuerda mucho. El problema que se deriva de esta persistencia en el código es que cuando estos delitos, excepcionalmente, pueden aplicarse, el margen de interpretación es tal que los problemas de “politización de la justicia”, como solemos titularlos, se subliman. Porque sucede que esos artículos -colmados de semántica extraña a las rutinas sociales y huérfanos de debate doctrinal y jurisprudencial- solo pueden desencriptarse desde una posición política concreta; solo pueden cristalizar desde un esfuerzo epistemológico posicionado ideológicamente. Y así sucede que los jueces, involuntariamente, hacen política. Porque no es fácil perfilar bien a “rebeldes” y “sediciosos” a través de la polvareda mediática, o sea, una polvareda que lo mismo pide cárcel que, si se pasa de frenada, libertad. Veamos: no se puede ser sedicioso si el interfecto no se alza tumultuariamente. Lo del adverbio de modo ya tiene lo suyo, porque el tumulto tiene que incorporar cierto desorden intimidante (si no, estaríamos en un delito del art. 514.5CP, o sea, un delito que castiga a los promotores de una manifestación que pretenda subvertir el orden constitucional); pero ese cierto desorden que implica la sedición no puede equipararse con un ejercicio de violencia, ya que en tal caso estaríamos ante un delito de rebelión. Que haya habido violencia o intimidación en los hechos valorados solo podría determinarse bajo una interpretación extensiva que estirase la función de las masas hacia cierta amenaza soterrada. Y eso solo puede validarse de un modo muy especulativo (bendita violencia, podríamos decir en tal caso). Pero al margen de estas especificidades, los preceptos en cuestión exigen, como verbo nuclear, alzarse. Y es que alzarse es un verbo que, complejizando su mera concepción naif, solo puede tomar significado en el terreno político y, casi por definición, debe ejecutarse mediante una infraestructura armada (España, un país de alzamientos, puede ser una buena base de datos históricos para significar el término); alzarse incorporaría la necesidad del uso de la fuerza para obtener el poder de manera inmediata, para tomar el control de centros políticos neurálgicos materialmente (el Congreso, el Consejo de Ministros…). Pretender que la actuación de los Mossos el 1-O sea un indicio de esta infraestructura militar preparada para respaldar el alzamiento es una ensoñación distópica. Y alguno la ha tenido. Incluso podría invadirse violentamente el Congreso sin que mediase el alzamiento (así lo prevén los arts. 493 y 495CP), por lo que parece evidente que alzarse implica algo más. Todo muy novelesco, sí.

La lejanía conceptual de estos preceptos los hace tan maleables como para hacer argumentable su aplicación. Y es que estamos ante tipos penales que, al quedar redactados en clave decimonónica, en su traslación a la actualidad -que es una actualidad de manifestaciones y Twitter, no de coroneles y sables- dejan un margen de interpretación intolerable a tenor del mandato de taxatividad que el legislador penal no atendió en su momento (a pesar de las enmiendas que modificaron restrictivamente el proyecto original).

Lo más perturbador de esta historia no es que se encarcele a políticos. Al contrario, ese es un síntoma de poder del demos sobre los excesos representativos (los atenienses tenían la figura del ostracismo, aunque en Cataluña, paradójicamente, los políticos damnificados van a pasar a un primer plano). Lo más perturbador es que las valoraciones jurídicas de estos preceptos no pueden aislarse, por su propia redacción, del ruido mediático y político.

Los parámetros de análisis de la crisis catalana han cambiado. Porque los poderes políticos han decidido afrontar la cuestión catalana exclusivamente desde el derecho. Es una decisión legítima la de no hacer uso de la persuasión política para reconducir las conductas exorbitadas, pero esa decisión implica un altísimo nivel de responsabilidad. El problema pasa a ser ahora que un magistrado tenga que tranquilizar a los investigados advirtiéndoles de que no están en la Audiencia Nacional. El problema es el de los patinazos jurídicos de quienes están en posición de poder, que serían los patinazos del Estado mismo. El problema ya no son solo los rebeldes, sino los modos en que se les perfila -a estos o a los que vengan-. Porque de eso va a depender que ser rebelde sea motivo para el escarnio o el entusiasmo, para la gloria o el ostracismo.

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Turismo por las entendederas

El presidente Rajoy dijo el otro día que no entiende las entendederas de los que pretenden acabar con el turismo (sic). Que si disparate por aquí y sinsentido por allá… Y es que estos días en los que unos individuos se dedican a pintar yates, poner pegatinas en coches no gratos o pinchar ruedas de bicicletas para guiris, el Estado, en boca de Rajoy, se ha puesto firme y ha reprobado las afrentas al interés de la nación. El Soberano (es una licencia politológica) ha denunciado con rotundidad la violencia y las conductas delictivas. Porque el Soberano, cuando la cosa se complica, lo piensa todo en clave penal, que es la forma más elemental y rotunda de pensamiento jurídico. Hay dos tipos de personas: los delincuentes y los demás, y estos interfectos han delinquido, supongo. Punto, supongo. El asunto penal, me temo, no tiene más alcance.

Hay vida, sin embargo, más allá del derecho penal; lo que sucede es que esa vida es compleja, tan compleja como para que el Soberano se tenga que quitar el disfraz de Leviatán (ya saben, el monstruo bíblico sobre el que Hobbes hizo un remake) y, en lugar de pedir orden a bastonazos, se ponga a administrar con más entendederas, que diría el jefe del Ejecutivo.

Porque esto del turismo lo mueven una serie de inercias e intereses que, por enmarañados, son invisibles a ojos del legislador penal. Y es que tal vez el tipo de turismo que tenemos en España tenga que ver con las sucesivas leyes sobre el suelo que, del viejo régimen a los años noventa, cementó las costas patrias. Es posible también que el mercado laboral español –desde aquellos años sesenta, huérfanos de sindicatos horizontales, hasta la última reforma laboral– sea propicio para generar trabajo flexible estacional, tan preciado en el sector del servicio. Y, claro, las políticas municipales, aupadas a la estrategia de la ciudad como producto, sacan lustre al casco histórico consumible, levantan museos icónicos que nunca visitan los vecinos y dejan los barrios un poco peor, para que el centro luzca más. Y así es que cuando el holandés de turno introduce sus parámetros de optimización vacacional en su app preferida, elige España. Y así es que el vecino de toda la vida nota que el café, la compra, la caña y el alquiler alcanzan precios que solo están al alcance de un holandés en su semana de vacaciones. Pero como nuestro paisano no tiene un salario holandés ni está en su semana de vacaciones, tiene que irse, errante, al extrarradio, en busca del café, la caña, la compra y el alquiler a precio de paisano. Eso sí, lo hace en beneficio de la nación, supongo.

Estas inercias e intereses no tienen nada que ver con el derecho penal (o sí, pero con implicados rutilantes y esquivos). Sin embargo, el Leviatán se amarra a su bastón punitivo para que toda esta historia revirada de causalidades se reduzca a una banda de delincuentes en los que reverbera la kale borroka. En realidad, los activistas turismófobos tienen la batalla perdida, porque el turismo todo lo empaqueta para venderlo: apenas unos meses después de que eclosionaran las primaveras árabes, una agencia de viajes promocionaba los viajes a Egipto relatando la emoción de poder pisar la plaza Tahrir, “donde se inició una Revolución”… El otro día, cuando pararon un tren turístico en San Sebastián, los turistas fotografiaban a sus antagonistas… la duda es si lo hacían para denunciar o como recuerdo de su experiencia…

Rajoy decía que resulta inaudito tener que defender el turismo a estas alturas y las columnas de opinión se llenan de turismófilos, porque nuestro bienestar como ciudadanos pasa, necesariamente, por alquilar nuestro sol. Tal vez es que no quieren saber que podría no ser así, que hay palancas jurídicas para tratar el turismo de otro modo, para modular su intensidad, su sentido, y atender intereses que no les interesan. Y es que, quizá, el Leviatán deba dejar a un lado el derecho penal para, de un modo más refinado y aburrido, interferir en este devenir “natural” del mercado turístico. Natural como nuestro sol y las leyes que lo gestionan, claro.

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El baile de la censura

Dicen los antropólogos que una de las actividades más características del ser humano es la de ritualizar comportamientos que, a primera vista, parecen no servir para nada. Lavarse las manos antes de comer, ir a misa o bailar. Al fin y al cabo, los caminos de la razón –o sea, de cómo racionamos el deseo para que el futuro sea mejor– son inescrutables.

Nuestras normas sociales y jurídicas están plagadas de rituales y protocolos que, a ojos de muchos, resultan totalmente disfuncionales: desde procedimientos administrativos que nos permiten conocer a varios funcionarios en una mañana, a una moción de censura planteada como derrota. ¿Para qué?, se pregunta el personal. Para lo mismo que bailar, podríamos responder. Porque más allá de la razón jurídica (la de remover al Presidente), hay funciones veladas en una moción de censura, como las hay en un baile.

La danza social es un fenómeno sin origen, una práctica instintiva que solo el racionalismo sobrevenido supo desentrañar como un modo de comunicación, como una fórmula de cortejo, como un ejercicio liberador de endorfinas… y hasta ahora. En la política se reproducen estas lógicas de lo humano, y, así, liturgias que parecen no servir de nada puntean el futuro. Esto lo saben muy bien los filósofos y politólogos que le marcan el paso a Podemos: Mouffe, Laclau o, más acá, en versión castiza, Verstrynge o Fernández Liria, hablan en sus obras de una etapa política en la que el único modo de conformar tendencias electorales pasa por generar emocionalmente un sentido de pertenencia. Y es que nuestras rutinas vitales se han convertido en búsquedas tragicómicas de eficacia, tanto en el trabajo como en casa, así que eso de la cosa pública solo nos interesa en la medida en que nos erizan la piel, porque ya no tenemos cuerpo para más cálculo racional. O sea, la evocación, la poesía, el baile como estrategia de cortejo electoral…

Y esta semana han bailado en el Congreso. No ha habido una sola frase que no se hubiera dicho o insinuado en decenas de ocasiones. Pero bailadas al son de una previsión constitucional, enmarcadas en el aura de las maderas nobles, son otra cosa. La moción de censura ha sido un baile que ha servido para más de lo que parece, porque se quedan rondando estribillos que tintinearán, como ese ritmo insufrible que siempre regresa a la cabeza: hemos oído cientos de veces hablar a Irene Montero como quien oye llover, pero vista y oída ahí arriba, donde hablaba Clara Campoamor, citando a Clara Campoamor, veíamos a Clara Campoamor; la Presidenta del Congreso reclamaba la presencia de Iglesias en tanto que “candidato a Presidente”… ahí queda, Presidente-ente-ente; y Rajoy, cuyas dotes para ganar duelos sin moverse son ya legendarias, suma una muesca más al sortear una moción de censura asegurando que cuanto mejor, peor, o al revés, para mí, el suyo, beneficio político (aplausos). Un baile retransmitido en directo, recuperado en telediarios, comentado en prensa, caracterizado en redes sociales… El baile de la censura.

VAN HELSING, Richard Roxburgh, Kate Beckinsale, 2004 (c) Universal

VAN HELSING, Richard Roxburgh, Kate Beckinsale, 2004 (c) Universal

Podemos se gestó en esta clave, haciendo bailables las pretensiones de la izquierda que, antes de ser licuadas por la postmodernidad, eran un modo racional de lucha obrera. El PP ocupa con cierta desenvoltura su polo y esgrime lemas sentimentales con naturalidad, lemas aparentemente macizos que van de la nación al orden de corbata y tentetieso. Rajoy e Iglesias se han marcado el baile de la censura con los pasos marcados y, si hubieran colocado un espejo gigante frente al hemiciclo, les habría pasado lo que a los protagonistas de la película de Polanski: solo ellos se reflejaban entre tanta señoría, porque a Pedro Sánchez, esta semana, le ha tocado ser un vampiro secundario. Ya veremos si durante el fin de semana va cogiendo  ritmo. Y, sobre todo, qué ritmo.

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