No creo que nunca haya habido una lista secreta que los ciudadanos tuviéramos tanto derecho a conocer. No tengo ni idea de cuál es la barrera legal que nos impide saber quiénes son esos setecientos y pico señores «relacionados con la política» que se acogieron a la regularización del 2011. Pero sea la que sea, hay que buscar el modo de eliminarla: esa lista debe ser pública.

Esos setecientos y pico tenían una cantidad más que moderada de dinero negro y la blanquearon, legalmente, siguiendo la vergonzosa iniciativa del gobierno Montoro.

Pero en aquella norma Hacienda se reservó la facultad de investigar a los blanqueadores que tuvieran, lo dicho, «relación con la política». Y de ahí salió esa lista de setecientos de la que el único nombre conocido, por ahora, es el del señor Rato.

Reflexionemos un poco. Se trata de unos cuantos cientos de personas que están directa o indirectamente relacionadas con la gestión del dinero público. Personas que están en la órbita de esa clase que ha llevado a nuestro país a donde estamos. (Sí, esa palabra: la casta). Puede que sean personas que dentro de un mes estén cerca de las listas a las que votemos. O dentro.

Son gente que tenía dinero negro. Mucho. Sea cual fuere el origen de esa pastizara, no puede ser bueno. Es posible que todos hubieran pillado herencias millonarias en Andorra, estilo Pujol. Pero la verdad, mi bienpensantez no me llega para creerlo: más bien me inclino por sospechar que se trate de dinero ganado honradamente en comisiones, sobornillos y corrupciones. De ésas de las que algo sabemos en España en los últimos años.

¿Quieren los partidos que nos creamos la monserga de la transparencia? Pues menos discurso… y publiquen la lista.