Si el próximo mes de noviembre (u octubre, o diciembre, cuando sea) las elecciones no las gana el PP, empezará el proceso para cambiar la ley de educación. Sí, esa ley de educación que ahora mismo está a medio implantar: en algunas comunidades un cacho, en otros nada. En unos cursos sí, en otros no, y en algunos lugares (como Aragón) nada de nada para el año que viene.

Ya está advertido: la ley que nos dejó ese tertuliano con tendencias histriónicas que teníamos de ministro del ramo ha tenido un nacimiento fatal y los días, quizá, contados. Pero no se preocupen; sea quien sea el ministro de Educación a quien le toque la carterita, seguro que en seis meses tendremos otra ley. Otra ley que, por supuesto, desde el PP rechazarán frontalmente, con la promesa de derribarla y cambiarla cuando, de nuevo, les toque a ellos la cartera. Y así, rueda la rueda, volveremos raudos al inicio.

La verdad: no hay ningún asunto que retrate tanto a quienes nos gobierna como éste de la educación. Ni siquiera ese asunto, el futuro de los pequeños, es más importante para ellos que su lucha partidista y sectaria. Y no parece que en los nuevos políticos que nos han surgido la cosa vaya a ser mejor: de hecho, la separación entre «ellos/malos» y «nosotros/buenos» es en los políticos de la nueva hornada aún más acusada que en los de la ‘casta’ que ellos tanto denuestan.

La auténtica revolución educativa que está pendiente en este país es algo tan sencillo como el diálogo. Revolucionario sería algo tan tonto como sentarse en torno a una mesa y acordar entre los más posibles una norma que todos se comprometan a no cambiar, a dotar de fondos, a evolucionar durante las décadas siguientes. Pero no me hago ilusiones: será que voy para viejo.