Han pasado ya tres años desde la huelga general del 14N. Y, aunque suene raro, aún hay una causa judicial abierta sin fecha de juicio prevista, y pendiente de unas calificaciones de pena que suben y bajan como el Dragon Khan. El asunto es extraño desde que nació y sigue siendo raro aún hoy, tres años después.

Aquél fue un día de huelga general como casi todos. A saber, incidencia variable en industria (algunas fábricas muy paradas, otras bastante menos), casi nula en comercio y en sector servicios. Lo que fue como nunca ocurrió al final, en El Espolón. Básicamente, la policía acabó a palos con un grupo de manifestantes.

En lo que pasó, como siempre, las dos versiones extremas son bastante falsas: ni los manifestantes eran unos etarras con cócteles molotov, ni (algunos) eran angélicos representantes de la voluntad popular herida. No: hubo quien hizo el mongo (antes y durante), y quien mereció una sanción. Y debe ser una sanción proporcional, porque quien defiende su causa tirando piedras debe aprender pronto que el conjunto de la sociedad le repudia.

Pero a partir de ahí todo es tan confuso que merece, por fin, una explicación. Primero la Fiscalía pegó fuerte, para mi sorpresa: hasta 5 años de cárcel. Pero luego, para aún mayor sorpresa, pegó aún más, elevando esas peticiones hasta 9 años para alguno de los tres acusados. Y ahora, recolectando mi tercera cara de pasmo, leo que las peticiones se han quedado en mucho menos, alrededor de 2 años.

La justicia no es justicia cuando es lenta, y tampoco cuando es dubitativa y confusa. Este caso ha esperado ya demasiado tiempo, ha sufrido demasiados cambios y sigue demasiado envuelto en oscuridad. El juicio, si debe haberlo, ha de llegar pronto. Y ahí, veremos.