Como a esos malos estudiantes que no acaban de aprender la lección, el Supremo ha vuelto a dar un capón a la Administración recordándole que los colegios que segregan a sus alumnos en función de su sexo no merecen financiación pública. El Alto Tribunal ha centrado sus fallos en sendos centros de Cantabria y Andalucía, provocando la ya cíclica reacción colateral en La Rioja respecto a la situación de Alcaste y la advertencia de los sindicatos de que llevarán el caso ante los tribunales. Casi de inmediato, la Consejería de Educación ha sentenciado unilateralmente que el caso riojano no es análogo dado que el colegio logroñés admite a niños y niñas, aunque después, en función de su autonomía organizativa y la libertad de los padres, opte por estructurar aulas diferenciadas. Aunque el Gobierno regional se amarre a conceptos tan puros y sensibles como «libertad» y «autonomía», olvida que ninguno de ellos queda malherido por la determinación de que los colegios (todos los colegios) deban someterse a la legalidad sin interpretaciones interesadas de la norma. El Supremo no insta a los padres a trasladar a sus niños de centro ni a que éste decida mezclar a sus alumnos (por sexo o por el criterio físico, moral, religioso y/o intelectual que considere), sino simplemente recalca que no es propio hacerlo con el dinero de todos cuando la oferta educativa es suficiente y, en plena crisis, es obligado aprobar la asignatura de matemáticas además de la de equidad.

Fotografía: Justo Rodríguez