La concesión al teniente alcalde de Logroño por segundo año consecutivo de dos chiquibecas por parte del Consistorio del que él mismo forma parte ayuda poco a engrandecer la figura del político. Muy al contrario, la ensombrece un poco más. Cuando el papel del alto cargo se pone en cuestión a cada minuto y la coyuntura económica ahoga a buena parte de la sociedad, los 2.200 euros públicos que recibirá el edil para sufragrar la guardería de sus hijos se antoja la medicina menos indicada para abrillantar la imagen del colectivo. En primer lugar, por eso, porque la petición cursada por el edil (absolutamente legítima como logroñés de a pie) salpica colateralmente al resto de los representantes públicos, cada vez más estigmatizados por una ciudadanía que juzga sus sueldos desproporcionados y su efectividad, limitada. Una circunstancia que se agrava por el controvertido cambio de criterio en la concesión que fijó Concepción Gamarra nada más acceder a la Alcaldía, y que suprimió el límite de renta para optar a una chiquibeca.

El tiro erraría la diana o se empozoñaría de demagogia si se apunta al PP (el gesto sería igual de antiestético en cualquier otro partido), el patrimonio del interesado o sus circunstancias personales. Todo se ciñe a una cuestión de ejemplaridad por quien ha recibido miles de apoyos en las urnas, y podría enmendarse con algo tan rentable, didáctico y conmovedor como renunciar al dinero otorgado a sí mismo.