La antigua sede del Banco de España en Logroño ya está en manos de la Comunidad Autónoma. Se cumple así una de las la máxima solemnidad. La alcaldesa de la ciudad y la totalidad de los consejeros acudieron a la visita de las instalaciones -sólo faltó el delegado del Gobierno, paradójicamente el que más pintaba en el encuentro- abandonando sus responsabilidades por unos momentos para acompañar a Pedro Sanz en la inspección de las dependencias.

Con la cesión del inmueble, el Ejecutivo da por cumplida la compensación por el efecto frontera recogido en el artículo 46 del Estatuto. Pero, ¿cómo se cuantifica esa contraprestación? Ni en la última entrevista con Mariano Rajoy en Madrid ni esta semana en las entrañas del Banco de España, Sanz se atrevió a dar una cifra. Nadie puede ponerle precio, es un intangible, tiene un valor simbólico mayúsculo… Multitud de requiebros para no entrar en el meollo de un asunto que, sin embargo, sí se valoró explícitamente en el 2003. En aquella ocasión, con Aznar en el Gobierno, ambas administraciones concertaron la compensación en 21,5 millones de euros con los que se sufragó parte de la construcción de Riojafórum y se dio cumplimiento al artículo 46.

Desde entonces, la petición de volver a recibir un dinero por los perjuicios económicos que genera la proximidad con el País Vasco ha sido una constante avivada con la llegada de Zapatero a La Moncloa. En el 2005, la cantidad exigida rondaba los 38,33 millones. Cuatro años después, y ante el entonces vicepresidente y ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, el montante se estipuló en 25 millones. La crisis económica y los cambios en el Gobierno central parecieron diluir esas máximas, que ahora se ven satisfechas con un edificio en el corazón de Logroño inaugurado en 1957 y que conserva un aire vetusto de espacios comprimidos a los que en breve se trasladará la Dirección General de Salud tras una adaptación “mínima”.

Las fuentes del sector inmobiliario consultadas sí que dan una cifra. Teniendo en cuenta todas sus características –ubicación, estructura, valor histórico, reformas obligadas…- estiman que el metro cuadrado podría acercarse a un máximo de 3.000 euros, siempre que no se dedicara a viviendas. Teniendo en cuenta que la casa cuenta con cinco plantas hábiles de 753 metros, la tasación rondaría los 11,2 millones. Una cantidad que, como los mismos expertos matizan, en la actual coyuntura se rebajaría drásticamente y, en cualquier caso, no alcanzaría por lo tanto ni la mitad de lo que históricamente ha reclamado La Rioja.

Claro que las mismas fuentes reconocen una condición básica para que ese juego matemático se pueda poner en práctica: que exista alguien que quisiera (o pudiese) comprar.

Fotografía: Juan Marín