Si el Ayuntamiento de Logroño quisiera contribuir a superar la crisis, o al menos hacerla menos onerosa para quienes la sufren, debería valorar seriamente eliminar las chiquibecas. Aunque pueda aparentarlo, la afirmación no entraña ninguna paradoja. Y es que, lo que nació con un espíritu de ayuda a las familias con recursos más limitados para sufragar la guardería de sus hijos ha devenido en un gracioso reparto de ese dinero público que ahora escasea justificado con un envoltorio social indecente. Una especie de réplica a pequeña escala de aquellos 2.500 euros por nacimiento que Zapatero regaló en tiempos de bonanza por igual a un banquero que a su asistenta y que ahora se censura al ver las telarañas en la caja.
En Logroño, a la concesión por segundo año de 2.200 euros al teniente alcalde de la ciudad, defendida a ultranza por Concepción Gamarra amarrándose a la legitimidad del gesto pero olvidando su vertiente ética, se suma la confirmación de que una familia con 291.000 euros de renta haya sido también merecedora de la subvención. Y todo, mientras el PP demanda sacrificios extraordinarios a la ciudadanía -a todos, sin diferencia de ingresos- para superar la coyuntura. Una petición que muchos suscribirían con un sola condición: que ese sobresfuerzo no sea el pretexto de políticas perversas. Aunque algunos gobernantes no lo crean, hay quien no reclama dinero para vadear la crisis y sólo pide honestidad.