En el portero automático de su sede en la calle Portales todavía hay una etiqueta desgastada con el símbolo ‘PR’ para indicar en qué planta se ubica el partido regionalista. Los caramelos (un poco revenidos ya) que llenan los cuencos de la sala de prensa también conservan el viejo logotipo. Y hasta buena parte de los folios que pululan por las mesas mantienen el anagrama en verde que ha identificado históricamente al grupo que preside Miguel González de Legarra.

Como señales del destino, la formación se ha visto obligada a recular y volver a su denominación original. La decisión de Interior de denegar el uso del nombre UPR ante las reticencias expresadas por el exdiputado Neftalí Isasi, cuya mujer registró a principios de los 90 la marca Unión del Pueblo Riojano (UPR), ha hecho volver al punto de partida de una carrera que desde su inicio, en el congreso del pasado 24 de marzo, ha traído más disgustos que alegrías.

Las siglas son (o eran), objetivamente, malas. Y si no, basta con escuchar a los dirigentes que no pocas veces se definen inconscientemente como PR por la falta de costumbre. En un universo de marketing directo, ideas certeras e impactos visuales, autodenominarse con un enrevesado Unión Por La Rioja. Partido Riojano aka UPR-Riojanos no se antoja la manera más efectiva de conectar con el electorado. Pero es que, además, el rebautizo de la formación constituyó uno de los principales escollos en el congreso que también dio cabida a Ciudadanos de Logroño y alzó a Julio Revuelta hasta la secretaría general. Parte de la militancia clamó contra la decisión planteada como el pistoletazo de una nueva etapa, y a punto estuvo de resquebrajar viejos pilares.

La marcha atrás de PR debe obligar, además, a buscar responsabilidades entre quienes se decantaron por unas siglas ya existentes. El argumento de que no habían desarrollado ningún partido o que Sanz está detrás de la jugada para perjudicar a los regionalistas no es óbice para no haber escogido cualquier otra denominación incontaminada. Entre otras cosas, porque era más que previsible el ataque y porque tacharle de “marca blanca” del PSOE ha sido su estribillo en las últimas legislaturas. La decisión tuvo un coste (identitario, pero también económico) que ahora debería amortizarse.

Fotografía: Justo Rodríguez