Ha transcurrido un año desde que María Bueyo Díez Jalón renunció a su cargo y la Defensoría del Pueblo Riojano sigue vacante. El desinterés por impulsar la institución resulta inversamente proporcional a los halagos que el Parlamento regional le profería cada vez que rendía allí cuentas de su gestión y certificaba cómo cada vez más ciudadanos acudían a la oficina reclamando amparo contra los abusos de las administraciones de cualquier color. Pero llegó la crisis. Desde entonces, lo que hasta cinco minutos antes había sido la quintaesencia del autogobierno previsto en el estatuto y la llave para limar asimetrías resultó que era un juguete caro y accesorio.

La supresión del Defensor en Castilla-La Mancha o Murcia brindó la excusa para guardar en el cajón del olvido un mecanismo de protección del que disponen entes como la universidad, pero no toda una comunidad autónoma. Tampoco la reforma legal acordada en plena canícula estival para que el nuevo candidato cobre menos y trabaje a media jornada emocionó a los encargados de buscar el relevo, aunque dejó un regalo envenenado a quien venga y vea su exigida independencia condicionada por sus obligaciones laborales. El tiempo pasa y el puesto continúa libre mientras repiten que mañana sí y su homóloga nacional ha hecho hasta recular al Ministerio sobre las tasas judiciales. La duda es saber qué informe elaboraría el Defensor de La Rioja sobre el afán por que no haya Defensor de La Rioja.