Por si alguien albergaba alguna sospecha postrera, el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos se cumplirá en su integridad. Más aún: será la hoja de ruta que guiará el nuevo gobierno de José Ignacio Ceniceros según solemnizó en sede parlamentaria. La rotundidad del compromiso resulta directamente proporcional a la incógnita de descubrir el grado de flexibilidad que ofrece del acuerdo. Cuánto se puede llegar a doblar hasta romperse y C’s decida virtualmente ejecutar la claúsula del contrato que advierte de una moción de censura. La primera prueba de fuerza ha llegado en el minuto uno con el estudio del traslado del instituto Sagasta al solar de Maristas. La iniciativa estrella de Ciudadanos acaba de borrarse unilateralmente del documento ante el empuje de la calle, mientras otros capítulos de relumbrón como la reforma del Estatuto Autonomía quedan en manos de una mayoría cualificada que compromete a terceros o juegan con la ventaja del tiempo para materializarse. Los que sin embargo no presentan (a priori) duda alguna de su rigidez son puntos como la limitación de los cargos de libre de designación. La exigencia fijada por Ciudadanos de que el Gobierno y sus aledaños dejen de utilizarse para sufragrar fidelidades y por debajo de las subdirecciones generales cada puesto se adjudique por oposición pública y trasparente. Tan sencillo de leer como fácil de comprobar. Sólo falta conocer el temario, la fecha del examen y el tribunal calificador.