La modificación del nombre de 17 calles de Logroño con reminiscencias franquistas está levantando, como era previsible en una ciudad tradicionalmente alérgica al cambio, ampollas ideológicas y opiniones enfrentadas. Esa aspereza es seguramente una de las razones por las que el PSOE aparcó la decisión de acometer la medida cuando ostentaba el gobierno municipal y se ha sumado a reactivar el asunto ahora en la oposición, desde donde las tensiones se amortiguan mejor y la voz suena más contundente. Suya y de todos los ayuntamientos precedentes es la responsabilidad de que a estas alturas de la película se estén malgastando esfuerzos en un asunto que debería estar zanjado hace años con la misma naturalidad que General Franco pasó a ser Avenida de la Paz y no focalizar los limitados recursos en lo vital para el ciudadano: mejorar las calles donde algunos viven y otros tienen sus negocios para poder vivir y trabajar más dignamente. Cada minuto que transcurre sin modificar las placas es un minuto que pasa alimentado un debate estéril y, sobre todo, desperdiciando la ocasión de diseñar cómo impulsar esas zonas de la ciudad. La cuestión no admite siquiera una consulta popular, que amenaza con volver a enquistar lo que no deja de ser el cumplimiento de una Ley de Memoria Histórica. Porque las calles y decidir su denominación no es patrimonio de quienes las pueden habitar hoy y abandonar mañana y porque, una vez más, supondría demorar lo que nunca debió esperar.

Fotografía: Justo Rodríguez