Que la Ley está hecha para cumplirse es una sentencia tan rotunda como líquida. Los ejemplos de cómo la norma se obvia, circunvala e incluso se contraviene en función del interés o interpretaciones espurias (léase con acento catalán) son tan abundantes que cuando es efectivamente acatada toma el rango de noticia. La Ley 52/2007 de Memoria Histórica es uno de esos textos acordados solemnemente que desde su aprobación ha sufrido un oprobio que habla mal de la democracia que lo gestó. En La Rioja, la laxitud en su cumplimiento había estado además afeada por otro hito: la declaración institucional bendecida por el Parlamento en mayo del 2006 de solidaridad con las víctimas y los familiares de la Guerra Civil en la comunidad autónoma y que hasta el año pasado había quedado en el limbo de las intenciones incumplidas. En ese contexto, la progresiva materialización de la proposición sancionada en abril del año pasado por el mismo hemiciclo (con la abstención del PP) instando a cumplir las Ley de Memoria Histórica y resarcir a las víctimas de aquella época tan ténebre merece un aplauso más sonoro que cualquier ideología. A la petición formal del Gobierno regional a los ayuntamientos para homenajear a los damnificados y sus familiares se suma ahora la creación del Consejo Asesor que tendrá la compleja tarea de que la norma siga la guía del consenso e impulsar, por fin, un catálogo de vestigios franquistas como prólogo para desterrar de tantos pueblos riojanos tantos símbolos anacrónicos.

Fotografía: Justo Rodríguez