Es de suponer que los asesores de Cristina Cifuentes, que habrán pasado semanas en vela y taquicardias brutales hasta concretar una salida al escándalo del máster que no cursó, ya habían anticipado el choteo que suscitaría su respuesta al entuerto. Renunciar a algo que nunca se ha tenido es un sofisma tan burdo que provoca la risa floja si no fuera por la gravedad de la situación que salpica a una universidad pública (¿cuál hubiera sido el calibre de la crítica de ser un centro privado?) y, en general, al nivel ético de más un responsable político. La todavía presidenta de la Comunidad de Madrid cuenta con una legión de asistentes de la que no disponen todos los dirigentes sobre cuyo currículo se ha puesto estos días la lupa a rebufo del ‘caso Cifuentes’. Una somera recapitulación de la formación y títulos que reconocen oficialmente los más cercanos arroja varias conclusiones. Desde la urgencia de algunos por matizar/eliminar la información aportada en su momento, hasta el interés ahora de la gente de a pie por comprobar de un solo golpe de vista la preparación académica y/o profesional de quienes tienen en sus manos algo tan vital como la gestión pública o su control. En paralelo se descubre la laxitud que cunde en todas las instituciones no sólo por recabar este tipo de datos ahora que se llenan las bocas con la palabra transparencia, sino por contrastar mínimamente los CV aportados. Y mientras unos modulan sus máster al amparo de una ambigüedad esta vez semántica, otros se abalanzan sin pedirlo a mostrar sus certificados sin entender aún que lo que la ciudadanía está reclamando no es una pila cuanto más grande mejor de legajos con sello oficial, sino que digan la verdad. Simplemente.