Francia también acaba de estrenar un nuevo curso escolar que, como sucede aquí en un ritual que se repite cada año, viene marcado por un puñado de cambios. En el caso del país vecino, la principal novedad nada tiene que ver con asuntos estrictamente académicos como la extensión bilingüismo, la apuesta por la FP o la asignatura de religión, que allí hace tiempo se ha entendido que no cabe en las aulas. Lo que marca la diferencia desde ahora en los centros franceses no es de lo que disponen sus alumnos, sino lo que han dejado de tener:dispositivos móviles. Cumpliendo una de sus promesas electorales, Macron ha sacado adelante la Ley que prohibe el uso de teléfonos, tabletas y relojes inteligentes en las escuelas de Primaria y Secundaria hasta los 15 años. La medida no es cualquier cosa. Doce millones de estudiantes franceses no podrán durante el curso pajarear a hurtadillas (o descaradamente) por Internet mientras discurren las clases ante la frustración del profesor y las limitaciones de autoridad para atajar esa proliferación. Está por ver el efecto de la prohibición, porque el nivel de adicción tecnológica entre los chavales que aquí ha reconocido hasta Isabel Celaá es tal que puede suponer un paso decisivo hacia la excelencia educativa o derivar en una masiva revolución de adolescentes con síndrome de abstinencia digital. Francia ha llegado a este punto al constatar que el abuso del móvil disminuye la capacidad de atención del menor, le expone a contenidos violentos y/o pornográficos y aumenta el sedentarismo. Se trata, como ha declarado el ministro galo de Educación, de un mensaje que su país lanza a la sociedad francesa pero también al resto de Europa. Un mensaje rotundo que no puede leerse por WhatsApp.