La Rioja volverá a tener Defensor (o Defensora) del Pueblo. La recuperación de la figura estaba recogida en la reforma del Estatuto que sigue pendiente de ratificación en las Cortes, se asumió en el pacto de Gobierno a tres que facilitó la investidura de Concha Andreu y un hecho más rotundo que cualquier declaración de intenciones: los próximos Presupuestos de La Rioja contemplan una partida de 300.000 euros para reactivar una institución alumbrada por ley en abril del 2006 y suspendida en septiembre del 2013 tras año y medio vacante. A diferencia de otras novedades que trae consigo el estrenado Ejecutivo de coalición, en el caso de la Defensoría del Pueblo se acumula una experiencia previa que ayuda a calibrar su oportunidad y las mejoras que podrían aplicarse para no incurrir en antiguos déficits. La etapa que protagonizó María del Bueyo Díez Jalón tuvo precisamente a su titular como principal baluarte. Una abogada del estado de contrastado prestigio que desde el inicio de su mandato apeló a la independencia y con su actividad estimuló la capacidad de autogobierno de La Rioja que tantas veces parece adormilada. Díez Jalón topó con algo más cruel que las críticas o las presiones: una crisis económica que mutó en prescindible lo que un suspiro antes se había gestado como crucial para salvaguardar los derechos de la ciudadanía. La segunda vida de la Defensoría no debería quedar supeditada a la mera voluntad de seguir marcando distancias sobre la anterior etapa y exige disponer de un margen de acción superior a su presupuesto. El primer síntoma de que ese propósito es sincero será el perfil de quién se nombre para el cargo. Su bagaje y capacidad. Conocer si habita en este mundo o también vendrá de La Mancha.

Fotografía: Sonia Tercero