Aunque el presidente haya querido capitalizar la iniciativa, la limitación de los mandatos y la mengua del hemiciclo exigen reformar el Estatuto de Autonomía por una mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara. Sanz se ha apresurado a cargar la responsabilidad en el PSOE. “Sean valientes y generosos”, le espetó a Pablo Rubio durante el Debate del estado de la región, sin dejar pasar la oportunidad de recordar que quien tiene la capacidad para fijar la posición socialista no es el portavoz parlamentario, sino un César Luena que esa jornada estaba en el Parlamento, pero no en el escaño que está por ver si ocupará sino como parte del público. Al PR+ también le hizo un requiebro ninguneando la intervención de Legarra y dejándole sin margen de respuesta a su propuesta de reforma estatutaria.

Olvida también Sanz que el esbozo dibujado por él es, en realidad, el residuo del acercamiento mantenido en los meses previos entre Rubio y Cuevas y que, presuntamente, se quebró por la revelación de existían esas conversaciones. Seguramente, porque la posición de fuerza extrema que mantiene el PP en la Cámara le permite jugar a todas las bandas. Con 20 diputados populares, por un lado le bastaría pactar con los regionalistas (dos) para llegar a los 22 requeridos dejando de lado a las bancas socialistas. Por otro, podría llegar a un acuerdo sólo con las 11 señorías del PSOE dejando así una pátina de pacto de región y arrinconando a las siglas de Legarra que, en todos los virtuales escenarios resulta el más perjudicado en su representatividad. Si la oposición acata la propuesta, gana Sanz por liderar el paso dado; si la rechaza, también porque cargará sobre ellos a la opinión pública que ansía jibarizar altos cargos y sus prebendas.

El desenlace se antoja sugestivo. Y Sanz, el único que conoce el final, retuerce cada día trama con declaraciones que igual dicen una cosa que la contraria. Y para muestra, el último botón: “Si hoy me piden continuar, no diría que no; pero mañana no sé qué diré”. Una ambigüedad sólo comparable a la revelación de Rajoy de que quizás suba unos impuestos y baje otros.

Fotografía: Miguel Herreros

A Pedro Sanz se le achaca a menudo la brusquedad en las formas, pero casi nadie niega su capacidad para sintetizar los mensajes. Y en este caso fue nítido desde el inicio de la polémica que estalló, como no hay que perder de vista, en plenas elecciones generales. El silogismo descrito por el presidente era simple: La Rioja viene asumiendo por razones de proximidad la asistencia de una serie de pacientes cuya atención corresponde a su comunidad. Así ha sido durante años, pero el exponencial aumento de esa clientela y las circunstancias económicas obligan ahora a reclamar una contraprestación económica. O en otras palabras: el País Vasco debería pagar a La Rioja de su presupuesto sanitario el servicio que presta el San Pedro a sus vecinos.

El argumento se alimentó primero con un portazo a los usuarios vascos, luego de soflamas a los instintos riojanistas y finalmente aludiendo a los siempre recurrentes ataques al Gobierno vasco que se lleva empresas y nada en la abundancia gracias a su privilegiado régimen fiscal. La radicalidad del planteamiento se rebajó luego un peldaño cuando los comicios pasaron y en vez de sentimientos se empezó a hablar de cifras. Tanto del número de asistencias realizadas como del flujo de pacientes. El País Vasco contraatacó con acusaciones de insolidaridad y un anuncio: de sus arcas no saldría un euro; como mucho, un intercambio de prestaciones.

El acuerdo transitorio de febrero no curó la herida. Sólo aplazó la hemorragia. En este ínterin y con el cambio en La Moncloa de por medio, la posición riojana empezó a modularse. La bilateralidad abrió la puerta a la virtual compensación de un fondo de garantía estatal como, casualmente, así ha ocurrido finalmente aunque esa fórmula contravenga la posición de Sanz – “no sería justo pagar dos veces”, repitió hasta la saciedad-  y no vaya más allá del aún por articular anuncio de la ministra y una gavilla de especialidades que se derivarán a Osakidetza.

En resumen: no habrá dinero desde el País Vasco y, siguiendo la tesis original, La Rioja no tenía razón por mucho de que el Gobierno regional diga machaconamente lo contrario.

En lo que sí tenía razón, y mucha, es en denunciar la asimetría. Las (malas) formas de unos y otros han desviado el punto de mira de la disputa, que no es otro que la puesta en cuestión de unas competencias  que superan las fronteras y han conducido a situaciones asumidas en tiempos de bonanza y cuestionadas cuando el cinturón aprieta. Las razones no han llegado del PP sino, paradójicamente, del propio Ejecutivo vasco. Primero a través de la proposición no de Ley rubricada por Ramón Jáuregui instando a fijar un sistema de compensación económica entre las comunidades por los gastos originados por las asistencias cruzadas. Luego, por la decisión del gabinete de Patxi López de reforzando especialidades y servicios en el consultorio de Oyón y el Hospital de Leza. Es decir: reconociendo que ha venido existiendo sino un abuso, sí una dejación de responsabilidades.

Pero quien más ha reforzado la tesis riojana es un invitado incierto al que pocos han prestado atención: Cataluña. Y es que, el anuncio de que la Generalitat solicitará cobrar al resto de comunidades autónomas por los alumnos que estudian en las universidades catalanas -un total de12.500 que cuestan a sus arcas 100 millones de euros, según sus cálculos- es una copia en Educación del mismo esquema planteado por La Rioja en materia sanitaria. ¿También el ministerio creará un fondo de garantía asistencial para responder a la petición de Artur Mas? ¿Quién tiene razón en ese caso? Alguno cae ahora en la cuenta de que el estado de las autonomías no estaba construido con pilares de solidaridad, sino con ladrillos de dinero.

Fotografía: Juan Marín

Bengoa y Nieto, en Logroño para la firma del acuerdo definitivo el pasado 30 de marzo

El acuerdo sirve para que ambas partes vendan como un triunfo a los suyos la postura que han mantenido hasta ahora pero, sin embargo, la transitoriedad advierte de que el problema generado requiere algo más que una tirita si se aspira a que la herida no vuelva a sangrar. Y es que, lo difuso del pacto hablando sobre la prestación de nuevas pruebas diagnósticas y otras complementarias cuando lo que ponía encima de la mesa eran números y dinero -una evanescencia, por cierto, análoga a la opaca estrategia de comunicación mantenida por unos y otros durante conflicto- no aplaca la cuestión de fondo que se ha aventado con el puñetazo en la mesa de Pedro Sanz: ¿debe replantearse el modelo de trasferencias competenciales en un tema tan sensible como la Salud? ¿por qué surge ahora, en una pésima coyuntura, las diferencias sobre algo que durante años estaba asumido?

Ninguno se ha pronunciado al respecto más allá de las llamadas a la puerta de la caja del Fondo de Cohesión Sanitaria para sacar un extra. Y lo que resulta más frustrante: el acuerdo no incluye el perdón ni las disculpas por esa espiral de reproches que ha tensado la relación vecinal. Ni siquiera de forma transitoria se mencionan rehenes, el antivasquismo, la incapacidad, las descalificaciones o las alusiones a bastardos intereses políticos que se han blandido y han acabado sepultando de los argumentos asistenciales.

Si no se borra el adjetivo transitorio de la palabra acuerdo, la  acritud volverá a supurar cuando otro cortocircuito competencial vuelva a florecer regada por la crisis. Entonces estará el terreno más que abonado, y los apósitos no podrán con tantas hemorragias.

Fotografía: Juan Marín

Rafael Bengoa y José Ignacio Nieto, ayer durante la firma del acuerdo entre las consejerías de Salud del País Vasco y La Rioja