En la capital sabe quien le escucha. Es consciente de que sus palabras se entienden poco en clave doméstica y mucho en un contexto nacional. Y como en el caso de la conferencia ofrecida en el Ritz, también habla hacia dentro del partido al que pertenece, que el martes apretó la maquinaria para copar el abigarrado salón del mítico hotel con ministros, consejeros ejecutivos y otras figuras de postín entre las que sólo faltó su presentador la anterior ocasión que pisó el mismo recinto: Mariano Rajoy.

En ese viaje que atraviesa Burgos acostumbra a meter en la maleta un discurso territorial. Un poco harto de que todos los titulares se los lleven Patxi López (ahora Urkullu) y Artur Mas, el presidente riojano reclamó ante el público que tomaba zumo de naranja recién exprimido y bocatitas de salmón con rodajas de pepino un protagonismo compartido. Que La Rioja se escuche en igualdad de condiciones, oiga, y que no siempre tenga que ganarse las portadas de los principales periódicos por conflictos sanitarios o conferencias de presidentes.

Por esa inflamación que provoca hablar ante una concurrencia de relumbrón en vez de a los mismos oídos de todos los días, Pedro Sanz se atreve a adentrarse a terrenos infrecuentados como la Ley Electoral que animó a modificar. Pero no en el sentido de rebajar el límite para tener representación del 5% al 3% como muchos exigen para garantizar una representatividad real, sino para establecer una segunda vuelta que dé el gobierno a la lista más votada. Sin pactos, sin hipotecas con los nacionalistas, a pelo. Incluso se atrevió a desear algo que chirría para sus lectores habituales: el bien para la oposición. “Necesitamos un PSOE fuerte”, clamó sin inmutarse. Seguramente para seguir repartiendo el pastel electoral entre los dos grandes partidos y cortar el camino de los minoritarios que pujan cada vez con más fuerza ante las fuerzas tradicionales.

Justo el día después en que abogó en Logroño por “normalizar” las relaciones institucionales con el País Vasco tras el 21O con el nuevo lehendakari, Sanz volvió a acordarse de los vecinos en el Ritz: “Parece que en España sólo hay vascos y catalanes y los demás no pintamos nada”. Los actores de la vida política y otros de la pantalla, como Pepe Viyuela, ni siquiera pestañearon.

Fotografía: Newsphotopress

Mientras el lehendakari abandona el lugar por un la parte izquierda del estrado, por la derecha aparece Pedro Sanz. “Queda demostrado que las autonomías no somos el problema…”. Ambos mandatarios, a quienes les distancia desde la posición en el blindaje del Concierto hasta la atención sanitaria de los alaveses en el San Pedro, no llegan a mirarse. Ni siquiera se paran públicamente para fijar la fecha de esa visita siempre anunciada y nunca materializadaque prometieron cuando el PNV salió del poder. Sin embargo, las palabras de uno son el reflejo de las del otro.

La Conferencia de Presidentes logró la fotografía y la declaración institucional querida. Aunque fuera impostada. A pesar de haber aparcado los efluvios soberanistas y las exigencias presupuestarias que un cuarto de hora antes habían proclamado muchos de los participantes. Como si los presidentes tuvieran pinchada en la gramola un disco en sus propios territorios y hubieran puesto la cara B de su discurso en el Senado, la imagen de fraternidad deja una duda: ¿hasta cuándo aguantará esa aparente unidad?

Pero la cumbre deja otras peculiaridades. Sin ir más lejos, el tono de la reunión. La tensión latente en todas las celebradas durante el Gobierno de Zapatero (con filtraciones por los pasillos, Esperanza Aguirre como general de campo y denuncias de  presuntas grabaciones impropias incluidas) se tornó el martes rutina. Las comunidades del PP ya no son el ariete para chocar contra La Moncloa ocupada por otros que al final se sacaba de la manga unas partidas para esta u otra política para forzar el acuerdo. Y el PSOE, con un poder territorial mínimo, tampoco está para muchas razzias contra el poder central cuando los suyos también hacen cabriolas para pagar las nóminas a final de mes.

Tras Patxi López y Pedro Sanz, el presidente de Canarias tomó la palabra en la sala Enrique Casas: “Queda demostrado que las autonomías …”, se oía desde los pasillos decir a Paulino Rivero.

Fotografía: Emilio Naranjo (EFE)

– Seguir a la espera de definir el líder en La Rioja no parece la mejor forma de encarar esta etapa.
– Es algo coyuntural. Desde que nacimos hace cinco años, el partido está en un sprint permanente. Sin procesos electorales a la vista, Alfredo consideró que era un buen momento para dejar aquí la primera línea y centrarse en el área de Sanidad a nivel nacional. La idea era convocar elecciones internas este mes, pero el anuncio de los comicios del País Vasco ha trastocado el calendario y, aunque no hay un plazo definido, probablemente se dilatará el proceso hasta octubre. Mientras tanto, los miembros de la gestora llevamos las riendas.
– ¿Cuál será la tarea del nuevo consejo territorial?
– Intentar desplegarnos por todas las cabeceras de comarca y el máximo número posible de localidades tras haber conseguido en las últimas elecciones municipales un concejal en Villamediana, otro en Calahorra y habernos quedado por 150 votos a las puertas de entrar en el Ayuntamiento de Logroño. El objetivo es extendernos, pero no a cualquier coste, porque UPyD es muy exigente en el modo de articular consejos locales.
– ¿Y en clave política?
– Ejercer una labor de oposición en todas las instituciones desde nuestra visión federal que plantea el cierre de las competencias autonómicas. No se trata de que todo se centralice en Madrid y volver a los gobernadores civiles, sino de que ciertas transferencias sean devueltas al Estado para mejorar la gestión.
– ¿Cómo se traduce según UPyD ese escenario en La Rioja?
– Tal y como esta concebido y en las actuales circunstancias, hay que elegir entre el estado autonómico y el estado del bienestar. Eso no significa tanto renunciar a las comunidades como repensar el sistema. El Gobierno de La Rioja, como sucede en el resto de comunidades, ha creado a lo largo del tiempo unas redes clientelares que ahogan al país, exprimiendo los recursos del Estado sin aportar apenas nada al conjunto. Se quiere hacer ver que la estructura está cambiando en La Rioja, pero no es cierto. Todos los altos cargos que se han suprimido se han recolocado, y no se ha abordado en profundidad la eliminación de fundaciones y entes públicos que limitan la obligada transparencia en la administración. Creando estructuras paralelas en las que no se siguen los criterios de objetividad, capacidad y mérito que exige la función pública, se han ido mermando los mecanismos de control y sobre todo la efectividad.
– ¿Qué competencias sería partidario UPyD de devolver al Estado en el caso de la comunidad?
– Fundamentalmente Educación y Sanidad. En el primer caso son inviables 17 planes diferentes en toda España. Respecto a Sanidad, tampoco parece apropiado que, con unos recursos limitados, cada cual tenga todas las especialidades cuando desde el Estado podrían diseñarse dotaciones y servicios comunes distribuyéndolas de forma más racional y eficiente. Así se evitarían además conflictos como el que La Rioja con el País Vasco por la atención de pacientes alaveses y que evidencian nuestra tesis.
– ¿Cómo se plantea trasladar esos mensajes con una representación institucional limitada?
– Con mucho esfuerzo. Donde tenemos concejales, presentamos iniciativas, y donde no es así, nuestros afiliados acuden a los plenos y recaban toda la información posible como ciudadanos para elaborar alternativas dejar oír nuestra voz.
– Una de las veces que más se escuchó fue con la polémica petición de crear una “Ebro región” con La Rioja, Aragón y Navarra que la dirección nacional desacreditó.
– Todo fue un malentendido. Nuestra idea no es crear una comunidad autónoma como tal, sino establecer lazos de colaboración entre regiones con intereses y fronteras comunes. Era sólo una idea en la que está trabajando, y el propio responsable de prensa del partido dijo que había entendido una cosa que no era como se difundió.
– Episodios así alimentan el cliché de que UPyD es un partido escorado a la derecha, centralista y sometido al liderazgo de Rosa Díez.
– Viendo el perfil y la trayectoria de los responsables de UPyD es evidente que esos estereotipos carecen de sentido. Lo que ocurre es que los nacionalismos han logrado que todo lo que no sea ir en una determinada dirección se considere reaccionario. El Estado tiene por objetivo hacer que la gente viva mejor. Es evidente que no está siendo así y hay un reparto de competencias disfuncional. ¿Por qué ha de ser reaccionario repensarlo?
– ¿Comparte la idea sugerida por Sanz de empequeñecer el Parlamento riojano y reducir la representación de 33 a 25 diputados?
– Como se plantea y el cuerpo electoral de la comunidad, la proporción de partidos representados se mantendría. La clave está en el límite para entrar en el hemiciclo. El 5% debería bajar, pero no por el interés particular de UPyD que logró 6.000 votos aquí, sino para reflejar la voluntad real toda la sociedad.

Fotografía: Díaz Uriel

A Pedro Sanz se le achaca a menudo la brusquedad en las formas, pero casi nadie niega su capacidad para sintetizar los mensajes. Y en este caso fue nítido desde el inicio de la polémica que estalló, como no hay que perder de vista, en plenas elecciones generales. El silogismo descrito por el presidente era simple: La Rioja viene asumiendo por razones de proximidad la asistencia de una serie de pacientes cuya atención corresponde a su comunidad. Así ha sido durante años, pero el exponencial aumento de esa clientela y las circunstancias económicas obligan ahora a reclamar una contraprestación económica. O en otras palabras: el País Vasco debería pagar a La Rioja de su presupuesto sanitario el servicio que presta el San Pedro a sus vecinos.

El argumento se alimentó primero con un portazo a los usuarios vascos, luego de soflamas a los instintos riojanistas y finalmente aludiendo a los siempre recurrentes ataques al Gobierno vasco que se lleva empresas y nada en la abundancia gracias a su privilegiado régimen fiscal. La radicalidad del planteamiento se rebajó luego un peldaño cuando los comicios pasaron y en vez de sentimientos se empezó a hablar de cifras. Tanto del número de asistencias realizadas como del flujo de pacientes. El País Vasco contraatacó con acusaciones de insolidaridad y un anuncio: de sus arcas no saldría un euro; como mucho, un intercambio de prestaciones.

El acuerdo transitorio de febrero no curó la herida. Sólo aplazó la hemorragia. En este ínterin y con el cambio en La Moncloa de por medio, la posición riojana empezó a modularse. La bilateralidad abrió la puerta a la virtual compensación de un fondo de garantía estatal como, casualmente, así ha ocurrido finalmente aunque esa fórmula contravenga la posición de Sanz – “no sería justo pagar dos veces”, repitió hasta la saciedad-  y no vaya más allá del aún por articular anuncio de la ministra y una gavilla de especialidades que se derivarán a Osakidetza.

En resumen: no habrá dinero desde el País Vasco y, siguiendo la tesis original, La Rioja no tenía razón por mucho de que el Gobierno regional diga machaconamente lo contrario.

En lo que sí tenía razón, y mucha, es en denunciar la asimetría. Las (malas) formas de unos y otros han desviado el punto de mira de la disputa, que no es otro que la puesta en cuestión de unas competencias  que superan las fronteras y han conducido a situaciones asumidas en tiempos de bonanza y cuestionadas cuando el cinturón aprieta. Las razones no han llegado del PP sino, paradójicamente, del propio Ejecutivo vasco. Primero a través de la proposición no de Ley rubricada por Ramón Jáuregui instando a fijar un sistema de compensación económica entre las comunidades por los gastos originados por las asistencias cruzadas. Luego, por la decisión del gabinete de Patxi López de reforzando especialidades y servicios en el consultorio de Oyón y el Hospital de Leza. Es decir: reconociendo que ha venido existiendo sino un abuso, sí una dejación de responsabilidades.

Pero quien más ha reforzado la tesis riojana es un invitado incierto al que pocos han prestado atención: Cataluña. Y es que, el anuncio de que la Generalitat solicitará cobrar al resto de comunidades autónomas por los alumnos que estudian en las universidades catalanas -un total de12.500 que cuestan a sus arcas 100 millones de euros, según sus cálculos- es una copia en Educación del mismo esquema planteado por La Rioja en materia sanitaria. ¿También el ministerio creará un fondo de garantía asistencial para responder a la petición de Artur Mas? ¿Quién tiene razón en ese caso? Alguno cae ahora en la cuenta de que el estado de las autonomías no estaba construido con pilares de solidaridad, sino con ladrillos de dinero.

Fotografía: Juan Marín

Bengoa y Nieto, en Logroño para la firma del acuerdo definitivo el pasado 30 de marzo