-¿Es la reforma de la Ley de Régimen Local que prevé la fusión de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes la antesala de un nuevo mapa municipal?
-Es una chapuza hecha por quien desconoce el funcionamiento de los ayuntamientos. Y no lo dice sólo el PSOE y el resto de partidos, sino muchos sectores en el PP de puertas adentro. Nosotros compartimos que esta Ley de 1985 necesita una revisión. Pero una reforma que aborde de verdad los problemas de los consistorios, y no una modificación en sólo 15 artículos que sólo prevé una intervención de los ayuntamientos con el objetivo final de privatizar servicios “golosos” como la gestión del agua, los residuos o los servicios sociales que se prestan desde las corporaciones locales violando la autonomía municipal y, sobre todo, perjudicando seriamente a los ciudadanos. Si algún ayuntamiento se quiere fusionar, que lo haga, pero no manu militari como en las últimas épocas del franquismo por oscuros intereses.
-El Gobierno sostiene que su aplicación y la virtual fusión de municipios aliviaría parte de la deuda.
-Una vez más, a Montoro no le salen las cuentas. Habla de 3.500 millones ahorro, cuando no se corresponde en absoluto con la realidad. Al igual que sucede, por cierto, con la amnistía fiscal a los defraudadores. La deuda en España está en torno a los 900.000 millones, de los que sólo 28.000 son de las entidades locales. Y esa cantidad tiene nombre y apellidos: los ayuntamientos de Madrid, Valencia y Barcelona. Intentar “criminalizar” a la totalidad de los municipios y hacerles responsables de la deuda y el déficit es muy grave porque la mayoría son pueblos pequeños y tienen cuadradas sus cuentas. Prueba de ello es que sólo el 30% se acogió al plan de pago a proveedores.
-El debate es propicio a dar una imagen idílica y altruista de las corporaciones, pero muchas ayudaron a hinchar la burbuja inmobiliaria con infraestructuras desmesuradas y hasta inútiles.
-Es cierto que los ayuntamientos vieron en la construcción una fuente importante de ingresos. Los que cifraron toda su estrategia en el ladrillo y pensaron que esa coyuntural iba a ser estructural cometieron un grave error que se concentró, sobre todo, en grandes ciudades y municipios de la costa. Los que por el contrario lo asumieron como algo puntual y ajustaron sus presupuestos de forma rigurosa se encuentran hoy razonablemente saneados. Cada cual, por tanto, debe asumir sus propias responsabilidades.
-La eliminación de ayuntamientos podría extenderse a las mancomunidades, que incluso el PP defiende como clave en la prestación de servicios en La Rioja.
-Es una ocurrencia más que demuestra que estamos en manos de gente que ha salido poco de Madrid y no conoce ni la geografía española ni la forma de entender la vida de los pueblos. En la mayoría de los casos, las mancomunidades abaratan costes y prestan servicios de calidad a pequeños ayuntamientos que de otra forma no podrían. Y muy importante: se siguen manteniendo en la esfera de lo público. A partir de ahí, cada territorio debe definir cuál es la entidad supramunicipal que debe dar esos servicios sobre unos estándares y un mínimo común de derechos para todos los españoles, vivan donde vivan.
-La supresión de concejales se hila con la reducción de diputados, que en La Rioja rebajaría la Cámara regional de 33 a 25 diputados.
-Los que se suben a ese carro no lo hacen porque piensan en el ahorro ni en el interés general ciudadano, sino por su propia estrategia electoral. La gran mayoría de los representantes públicos en esos niveles no cobran, con lo cual la rebaja del gasto no es tal, y sin embargo se resta capacidad de decisión a los votantes, se acaba con las minorías y se pone coto a la democracia. Cuando se ataca a la política al final llegan los salvadores. Y de esos, la historia de España está llena.

Fotografía: Díaz Uriel

La inyección de liquidez a través de los préstamos acordados hará al menos mantener un hilo de vida a pymes y autónomos. Esos que una vez se frotaron las manos por contratar con la presunta fiabilidad de la administración local y finalmente se han visto ahogados por las deudas de esos ayuntamientos con telarañas en sus arcas. Una forma, en definitiva, de lograr dejar de destruir empleo e incluso tener la vaga esperanza de crear algún puesto más.

El plan, eso sí, presenta un anverso tenebroso. Los consistorios tienen ahora la obligación de devolver el crédito a diez años (con dos de carencia y un interés del 5,9%) y  mejorar en este tiempo sus cuentas para no volver a caer en la misma espiral de impagos se intenta apaciguar. Confiando en que así sea, se peca de la misma falta de transparencia que ha gobernado otras iniciativas similares. Más allá de los grandes números (41 ayuntamientos riojanos acogidos al plan, 258 suministradores beneficiados, 6,7 millones que se abonarán, 1.608 factura resueltas) nadie es capaz de confirmar quién se acoge a los préstamos y en qué cantidad. Un misterio al parecer irresoluble por las fuentes oficiales del que sólo puede esbozarse un cuadro de pinceladas deshilachadas a través de noticias desperdigadas.

a) Casi una cuarta parte de los 174 consistorios de La Rioja tienen cuentas pendientes con los proveedores.

b) Logroño y Arnedo, según Conrado Escobar y Juan Antonio Abad, no se han acogido al plan (Nájera lo planteó inicialmente y al final lo desestimó)

c) Cervera sí ha recurrido a esta fórmula y dispondrá de 1,9 millones de euros (o lo que es igual, prácticamente una tercera parte del montante total en La Rioja).

Sin embargo, es básica una información amplia y precisa. Por muchos motivos. En primer lugar, para conocer la gestión de los consistorios de la comunidad. Y no tanto por señalar con el dedo a los morosos, sino por reconocer la gestión de quienes han cumplido con los suyos. En segundo, por dar a conocer a quienes contraten cuáles son las garantías de los ayuntamientos y no les pase cómo sucede con algunos futbolistas: que se embarcan en un proyecto de relumbrón renunciando a otros menos vistosos y acaban jugando sin cobrar y arrepintiéndose de no haberse decantado por un equipo más modesto pero cumplidor.

Pero, sobre todo, saber los detalles llevaría a desterrar de una vez esa fórmula tan extendida últimamente de lanzar una cantidad tan inaprensible como difusa (ocurrió con el copago farmacéutico, con la posible fusión de ayuntamientos, con el dinero necesario para rescatar a la banca) que por lo visto no es la suma de nada sino la agregación de un todo al que nada ni nadie puede rechistar.

El anuncio huele a globo sonda. Ni siquiera (al menos de momento) hay constancia de cuál será el límite de población que el Ministerio maneja para la agrupación de consistorios. Algunas fuentes lo cifran en 1.000. Más tarde se habló de 5.000. Cualquiera que sea el umbral, la comunidad autónoma sería la más afectada por su marcada dispersión poblacional, ya que de los 174 municipios apenas 31 superan el millar de vecinos. ¿Alguien se imagina levantarse un día y le digan que pertenece al pueblo de al lado? ¿Pueden las fronteras locales borrarse de un plumazo? Además de inconcreta, la medida choca frontalmente contra los sentimientos y la historia de la mayoría de los municipios que ninguna cuenta de resultados, ni siquiera los números rojos, pueden recortar.

En La Rioja, la posibilidad ha provocado algo inédito: aun con la habitual dosis de reproche, PP y PSOE están de acuerdo en que la medida no tiene ni pies ni cabeza. Al menos, con el carácter de obligatoriedad con que se ha planteado inicialmente. Ambos partidos abogan por lo que ya se ha venido dando en la región para optimizar los recursos de los ayuntamientos con menos recursos o más dificultades para una gestión profesionalizada. Esto es, colaboración en servicios comunes de recogida de residuos, extinción de incendios, secretarios municipales.

El frente común y los alegatos a la autonomía local topan, sin embargo, con la tozudez de todas las medidas de un tenor similar que se han implementado en las últimas fechas. Si es posible intervenir un gigante bancario, ¿cómo se va a resistir un pequeño pueblo a fusionarse? Ahora que Bruselas tiene en el punto de mira a países enteros y éstos a sus comunidades autónomas, ¿va a escaparse del cepo un ayuntamiento menor?

Quizás la mejor reflexión sobre todas las elucubraciones a que ha dado lugar el anuncio del Gobierno central la daba hace pocas fechas un veterano alcalde de una de esas pequeñas localidades sin aeropuerto ni autovía: “En esos despachos de Madrid no tienen ni zorra idea de qué es un pueblo y cómo funciona”.

Otro compañero de la misma candidatura llegó entonces al mismo parque ajado, y compartió con ella el entusiasmo por convertirse en edil. En cuanto se ejecutara el traspaso sería también un hombre nuevo, le confesó, haría lo que tanto había ansiado durante su travesía en la oposición: vengarse desde el poder de lo que una vez le hicieron sus rivales.