La nueva Ejecutiva ‘vende’ la elección como un gesto de integración con los ‘kikistas’ respaldado, además, por la preparación económica del exalcalde de Murrillo en tiempos donde las finanzas y la crisis copan buena parte del debate en el hemiciclo. Un argumento, el de la integración, con el que también se presentó el pacto con José Ignacio Pérez para que Aldama ocupara su plaza en el Senado y que, a efectos prácticos, garantiza el futuro laboral inmediato de Lacalzada tras su salida del Ayuntamiento de su pueblo gracias, además, a una liberación completa (2.400 euros netos mensuales) que completa la media pactada hasta junio con Rodríguez Peña.

Pero quien protagoniza la reciente reorganización es el cambio de Inmaculada Ortega como portavoz parlamentaria en materia de Educación. Su relevo por Emilia Fernández (tan afín al exsecretario general como cercana al actual) se anuncia en clave de lógica organizativa en tanto que es ella quien dirige la misma área dentro del partido. El hecho, en cualquier caso, es que la rebaja de funciones de Ortega coincide con su triunfo como líder de los socialistas en Logroño frente a la ‘oficialista’ María Victoria de Pablo y el guirigay escenficado por el cambio en la portavocía municipal de Vicente Urquía a favor de Concha Arribas previa posibilidad-interruptus de Pilar Criado.

El razonamiento de Pablo Rubio –“Ortega tiene ahora otras labores en la asamblea logroñesa”- es irrefutable, pero lo cierto es que su figura (y sus tumultuosos enfrentamientos dialécticos desde con José Ignacio Cenicero hasta con Gonzalo Capellán) venía siendo hasta ahora una de la más activas y mediáticas de un grupo que a veces peca de la misma atonía que el principal partido de la oposición a nivel nacional. ¿Terminan con ella las camisetas verdes en el hemiciclo y los ‘tuits’ a tutiplén? ¿Acabará definitivamente el PSOE de encontrar su sitio sin morir en el desgaste? ¿Cuántas hipotecas internas sin pagar quedan todavía en los cajones de Luena? Habrá que esperar al próximo cambio.

Fotografía: Miguel Hereros

Ortega y Lacalzada, durante el último pleno del Parlamento riojano