Sin embargo, el caso resulta que no resulta tan aislado. Al menos tanto Santander como Jaén han conseguido en las últimas fechas exactamente lo mismo: recibir las históricas sedes del Banco de España en sus respectivas ciudades para utilizarlas en beneficio propio. Las tres operaciones comparten notas comunes *.

1. Usos. Todos los edificios acogerán servicios que se prestaban en otras lugares: En el caso de Logroño, desde marzo se ubica allí la dirección general de Salud. En la capital cántabra albergará la delegación del Centro Internacional de Arte Rupestre concedido por la UNESCO, y la ciudad andaluza tiene previsto reconvertir el lugar en sede del Conservatorio Superior de Música.
2. Coste. Ninguna administración confirma el valor de los inmuebles cedidos. Se trata siempre de edificios absolutamente singulares, situados en las zonas más nobles y con un valor histórico añadido que, formalmente, cambian de manos de forma gratuita. Todos se muestran renuentes a hablar de dinero. El único dato al respecto proviene del ahorro que supondrá sus nuevos destinos. En Logroño supone amortizar los 24.000 euros mensuales del alquiler de las oficinas de Gran Vía donde venía prestando sus servicios la dirección general. En Jaén estiman que así evitan la aportación de 3,7 millones a la Junta de Andalucía, y en Cantabria se confirmó que hace año y medio Patrimonio del Estado adquirió el inmueble por 6 milllones.
3. Historia. La reclamación secular de La Rioja sobre los lugares donde en tiempos operó el Banco de España parece ser también la de Jaén y Santander. En todos los casos y desde la reestructuración de la entidad, los edificios han estado durante años en desuso o infradotados y marcados por el “bloqueo” de la negociación y la reclamación de una “deuda histórica” con el Gobierno central.
4. Intermediación. A falta de más información pública sobre los términos de los acuerdos con el Gobierno central en los que de una forma u otra intervienen los respectivos ayuntamientos, los dirigentes regionales han subrayado la gestión personal de determinados dirigentes nacionales. La prensa de Santander destaca la labor de su vecino José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura. En Jaén alardean de los contactos de un paisano ilustre como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Sanz ha alabado desde el principio de la operación el empeño del mismísimo Mariano Rajo.

El Banco de España cierra sus sedes pero sigue dando crédito y multiplicando los efectos frontera donde las haya. O se busquen.

* Elaboración a partir de la información de Diario LA RIOJA, El Ideal y El Diario Montañés.

Fotografías: Roberto Ruiz (Santander) , José Manuel Pedrosa (Jaén) y Justo Rodríguez (Logroño)

Con la cesión del inmueble, el Ejecutivo da por cumplida la compensación por el efecto frontera recogido en el artículo 46 del Estatuto. Pero, ¿cómo se cuantifica esa contraprestación? Ni en la última entrevista con Mariano Rajoy en Madrid ni esta semana en las entrañas del Banco de España, Sanz se atrevió a dar una cifra. Nadie puede ponerle precio, es un intangible, tiene un valor simbólico mayúsculo… Multitud de requiebros para no entrar en el meollo de un asunto que, sin embargo, sí se valoró explícitamente en el 2003. En aquella ocasión, con Aznar en el Gobierno, ambas administraciones concertaron la compensación en 21,5 millones de euros con los que se sufragó parte de la construcción de Riojafórum y se dio cumplimiento al artículo 46.

Desde entonces, la petición de volver a recibir un dinero por los perjuicios económicos que genera la proximidad con el País Vasco ha sido una constante avivada con la llegada de Zapatero a La Moncloa. En el 2005, la cantidad exigida rondaba los 38,33 millones. Cuatro años después, y ante el entonces vicepresidente y ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, el montante se estipuló en 25 millones. La crisis económica y los cambios en el Gobierno central parecieron diluir esas máximas, que ahora se ven satisfechas con un edificio en el corazón de Logroño inaugurado en 1957 y que conserva un aire vetusto de espacios comprimidos a los que en breve se trasladará la Dirección General de Salud tras una adaptación “mínima”.

Las fuentes del sector inmobiliario consultadas sí que dan una cifra. Teniendo en cuenta todas sus características –ubicación, estructura, valor histórico, reformas obligadas…- estiman que el metro cuadrado podría acercarse a un máximo de 3.000 euros, siempre que no se dedicara a viviendas. Teniendo en cuenta que la casa cuenta con cinco plantas hábiles de 753 metros, la tasación rondaría los 11,2 millones. Una cantidad que, como los mismos expertos matizan, en la actual coyuntura se rebajaría drásticamente y, en cualquier caso, no alcanzaría por lo tanto ni la mitad de lo que históricamente ha reclamado La Rioja.

Claro que las mismas fuentes reconocen una condición básica para que ese juego matemático se pueda poner en práctica: que exista alguien que quisiera (o pudiese) comprar.

Fotografía: Juan Marín

A Pedro Sanz se le achaca a menudo la brusquedad en las formas, pero casi nadie niega su capacidad para sintetizar los mensajes. Y en este caso fue nítido desde el inicio de la polémica que estalló, como no hay que perder de vista, en plenas elecciones generales. El silogismo descrito por el presidente era simple: La Rioja viene asumiendo por razones de proximidad la asistencia de una serie de pacientes cuya atención corresponde a su comunidad. Así ha sido durante años, pero el exponencial aumento de esa clientela y las circunstancias económicas obligan ahora a reclamar una contraprestación económica. O en otras palabras: el País Vasco debería pagar a La Rioja de su presupuesto sanitario el servicio que presta el San Pedro a sus vecinos.

El argumento se alimentó primero con un portazo a los usuarios vascos, luego de soflamas a los instintos riojanistas y finalmente aludiendo a los siempre recurrentes ataques al Gobierno vasco que se lleva empresas y nada en la abundancia gracias a su privilegiado régimen fiscal. La radicalidad del planteamiento se rebajó luego un peldaño cuando los comicios pasaron y en vez de sentimientos se empezó a hablar de cifras. Tanto del número de asistencias realizadas como del flujo de pacientes. El País Vasco contraatacó con acusaciones de insolidaridad y un anuncio: de sus arcas no saldría un euro; como mucho, un intercambio de prestaciones.

El acuerdo transitorio de febrero no curó la herida. Sólo aplazó la hemorragia. En este ínterin y con el cambio en La Moncloa de por medio, la posición riojana empezó a modularse. La bilateralidad abrió la puerta a la virtual compensación de un fondo de garantía estatal como, casualmente, así ha ocurrido finalmente aunque esa fórmula contravenga la posición de Sanz – “no sería justo pagar dos veces”, repitió hasta la saciedad-  y no vaya más allá del aún por articular anuncio de la ministra y una gavilla de especialidades que se derivarán a Osakidetza.

En resumen: no habrá dinero desde el País Vasco y, siguiendo la tesis original, La Rioja no tenía razón por mucho de que el Gobierno regional diga machaconamente lo contrario.

En lo que sí tenía razón, y mucha, es en denunciar la asimetría. Las (malas) formas de unos y otros han desviado el punto de mira de la disputa, que no es otro que la puesta en cuestión de unas competencias  que superan las fronteras y han conducido a situaciones asumidas en tiempos de bonanza y cuestionadas cuando el cinturón aprieta. Las razones no han llegado del PP sino, paradójicamente, del propio Ejecutivo vasco. Primero a través de la proposición no de Ley rubricada por Ramón Jáuregui instando a fijar un sistema de compensación económica entre las comunidades por los gastos originados por las asistencias cruzadas. Luego, por la decisión del gabinete de Patxi López de reforzando especialidades y servicios en el consultorio de Oyón y el Hospital de Leza. Es decir: reconociendo que ha venido existiendo sino un abuso, sí una dejación de responsabilidades.

Pero quien más ha reforzado la tesis riojana es un invitado incierto al que pocos han prestado atención: Cataluña. Y es que, el anuncio de que la Generalitat solicitará cobrar al resto de comunidades autónomas por los alumnos que estudian en las universidades catalanas -un total de12.500 que cuestan a sus arcas 100 millones de euros, según sus cálculos- es una copia en Educación del mismo esquema planteado por La Rioja en materia sanitaria. ¿También el ministerio creará un fondo de garantía asistencial para responder a la petición de Artur Mas? ¿Quién tiene razón en ese caso? Alguno cae ahora en la cuenta de que el estado de las autonomías no estaba construido con pilares de solidaridad, sino con ladrillos de dinero.

Fotografía: Juan Marín

Bengoa y Nieto, en Logroño para la firma del acuerdo definitivo el pasado 30 de marzo