La Rioja volverá a tener Defensor (o Defensora) del Pueblo. La recuperación de la figura estaba recogida en la reforma del Estatuto que sigue pendiente de ratificación en las Cortes, se asumió en el pacto de Gobierno a tres que facilitó la investidura de Concha Andreu y un hecho más rotundo que cualquier declaración de intenciones: los próximos Presupuestos de La Rioja contemplan una partida de 300.000 euros para reactivar una institución alumbrada por ley en abril del 2006 y suspendida en septiembre del 2013 tras año y medio vacante. A diferencia de otras novedades que trae consigo el estrenado Ejecutivo de coalición, en el caso de la Defensoría del Pueblo se acumula una experiencia previa que ayuda a calibrar su oportunidad y las mejoras que podrían aplicarse para no incurrir en antiguos déficits. La etapa que protagonizó María del Bueyo Díez Jalón tuvo precisamente a su titular como principal baluarte. Una abogada del estado de contrastado prestigio que desde el inicio de su mandato apeló a la independencia y con su actividad estimuló la capacidad de autogobierno de La Rioja que tantas veces parece adormilada. Díez Jalón topó con algo más cruel que las críticas o las presiones: una crisis económica que mutó en prescindible lo que un suspiro antes se había gestado como crucial para salvaguardar los derechos de la ciudadanía. La segunda vida de la Defensoría no debería quedar supeditada a la mera voluntad de seguir marcando distancias sobre la anterior etapa y exige disponer de un margen de acción superior a su presupuesto. El primer síntoma de que ese propósito es sincero será el perfil de quién se nombre para el cargo. Su bagaje y capacidad. Conocer si habita en este mundo o también vendrá de La Mancha.

Fotografía: Sonia Tercero

La interinidad en que se sumió a la institución tras concluir su primera (y última) etapa, sumada a algún desplante y los cada vez más frecuentes puntillas sobre su coste, llevaron a Díez Jalón a aceptar el cargo como abogada del Estado-jefe del Ministerio de Sanidad. Aquel golpe fue el primero de una demolición lenta que continuó con el incumplimiento de todos los plazos para nombrar un sucesor.

El PP encontró alivio y excusa para prolongar la demora con el acuerdo alcanzado con el PSOE para mantener una Defensoría minimizada: mucho menos sueldo y trabajo a tiempo parcial. El pacto se concretó en una modificación de la Ley aprobada casi de soslayo en pleno julio y sirvió de pretexto para estirar más el tiempo hasta encontrar un candidato al que le cupiera un traje tan estrecho. Un año después de la marcha de Díez Jalón, populares y socialistas vendieron barato el mismo titular: La Rioja tendría Defensor del Pueblo antes del siguiente verano.

Las conversaciones entre los grandes partidos se rompieron luego, otras comunidades renunciaron a sus respectivos defensores y el PP remitió después a septiembre. Entre medias, el presidente de la comisión encargada de guiar la reforma de las administraciones pasó por la comunidad instando a eliminar duplicidades y sugiriendo que La Rioja sólo tendría Defensor si podía asumir el coste. Jaime Pérez Renovales acolchaba así la alfombra para lo que ahora ha llegado aunque, como casi siempre, las claves de la defunción de la oficina las guardaba Pedro Sanz.

En la reunión de la Junta Directiva Regional celebrada en agosto en el Círculo Logroñés que dio pistoletazo de salida al nuevo curso político, el presidente regional dejó entrever “conversaciones” con el Gobierno central para seguir el camino de las eliminación de duplicidades iniciado en casa con el Servicio Riojano de Empleo, el IRJ, la Agencia del Conocimiento, Eccysa, Prorioja o Ader-Infraestructura, entre otros entes y sociedades. Sus palabras llevaban insertadas el anuncio de la muerte ahora certificada, pero bastaba con mirar a la calle y ver que el A-6 que utiliza desde el año pasado en susticuión de otro de gama superior es que el tenía asignado Díez Jalón hasta su marcha. El mismo en el que no viajará ningún defensor más.

Imagen: José Ángel Martínez

-¿Es esta la reforma definitiva de las administraciones o llegará al despido de funcionarios, como ha ocurrido en otros países en crisis?
-La reforma es un proceso vivo. Lo que se ha hecho ahora es un análisis muy exhaustivo de la realidad de la administración pública española, creando además mecanismos de seguimiento y continuación para poder seguir detectando en el futuro duplicidades e ineficiencias. En el aspecto que comenta, los datos que manejamos es que la caída del número de funcionarios en España en el último año y medio ha sido enorme con medidas duras en la tasa reposición, la oferta de empleo público, el salario? La reforma generará la necesidad de mover mucha gente de un sitio a otro, pero la senda de rebaja de la cantidad de empleados públicos es ya muy intensa en España desde hace tiempo.
-¿Ha tenido que llegar una crisis de este calado para caer en la cuenta de que hay una estructura hipertrofiada, cara y a veces inútil?
-No tenemos un aparato administrativo tan elefantiásico. Una de las tareas al elaborar el informe ha consistido en compararlo con procesos de reforma de otras administraciones públicas. Los datos objetivos confirman que la administración pública española no es tan grande ni ineficiente ni está tan mal en relación con otros países como se suele decir. Lo que sí tiene es mucho margen de mejora, que es donde pretendemos ahondar.
-Muchos de los mismos que venden ahora como un triunfo eliminar duplicidades son quienes las han consentido durante años.
-En todos los procesos de reforma que hemos analizado el detonante ha sido el mismo: la urgencia fiscal. Hay modelos muy exitosos como el de Canadá, un país muy descentralizado como el español que en los 90, a causa de un problema de sostenibilidad en sus finanzas, abordó un cambio que ha dado frutos muy buenos y perdurables. No se trata tanto de determinar cómo es que no nos hemos dado cuenta de lo mal que estábamos, sino por qué no ha sido hasta ahora cuando nos hemos planteado cambiar el modelo y la organización para ahorrar dinero.
-¿Por qué no se pudo anticipar?
-Al menos, de las crisis salen cosas buenas, y una de ellas es la oportunidad de cambiar muchas cosas. También en este campo. La administración pública puede mejorarse mucho, pero para que haya una transformación radical en el modo de gestión de medios y servicios públicos hace falta un detonantes que, como le digo, ha sido la obligación de sanear las finanzas.
-Hay quien ve detrás de la reforma un interés recentralizador y de ataque al modelo autonómico.
-En absoluto. Que digan en qué linea de las más de 250 páginas del informe hay una medida justificada por un afán de recentralización y no por una exclusiva intención de mejorar el gasto público. La prueba es que hay instituciones cuya supresión se planteaba desde algunas posiciones y, sin embargo, hemos visto que es menos eficiente suprimirlas o sustituirlas por una organización estatal y, por lo tanto, se sugiere mantenerlas.
-La reforma pone uno de los focos en los defensores del pueblo. En el caso de La Rioja se activó en el 2006 como hito del autogobierno, y año y medio después de su renuncia sigue sin sustituto.
-Este tipo de instituciones pueden ser hasta cierto punto emblemáticas, aunque no creo que sean significativas de un autogobierno. La reforma articula una comparación entre la estructura de gastos y administrativa que tienen estas instituciones en cada comunidad respecto a la que supone la estatal. En ese cotejo de coste por reclamación tramitada se verá si resulta más indicado prescindir de esa estructura y que sus funciones sean asumidas por la correspondiente del Estado.
-El último ejercicio se presupuestaron 662.000 euros y se ha modificado la ley para flexibilizar el coste y la disponibilidad. ¿Se puede permitir La Rioja un Defensor?
-Dependerá del coste que suponga para la comunidad y el servicio que preste a los riojanos. Una valoración que habría que conjugar otros factores como cercanía o eficacia.

Fotografía: Juan Marín

-¿Qué balance hace de la legislatura llegada a su ecuador?
-En la faceta legislativa se han aprobado 17 proyectos de Ley, 8 de ellos por unanimidad, y la función de control al gobierno también ha sido fructífera con 52 preguntas orales al presidente y más de 165 a los consejeros. Las funciones encomendadas al Parlamento se han cumplido por lo tanto ampliamente y el balance tiene que ser satisfactorio.
-Lo que no se ha cumplido es la reforma del Estatuto que arrancó en abril del 2005 y se compromete para cada nueva legislatura.
-Es cierto que se lleva mucho tiempo trabajando en ello y por diferentes circunstancias no se ha concretado. Mi deseo es que los grupos sigan acercando posturas como así me consta porque, además, es preciso un amplio consenso. ¿Será este curso político? Entiendo que es un momento ideal para cerrar la reforma ya que atravesamos un periodo sin crispación, algo básico para alcanzar el acuerdo de al menos 2/3 de la Cámara para llevarlo luego al Congreso y prolongar allí el consenso.
-En esa tarea interna irrumpió la propuesta de Pedro Sanz en el último Debate sobre el estado de la región planteando reducir el número de diputados de 33 a 25.
-Habló tanto de ello como de limitar los mandatos del presidente, el número de consejeros y rebajar el umbral electoral. El hecho de que esas cuarto propuestas vayan en un proyecto de Ley que previsiblemente estará para septiembre no invalida el trabajo de reforma hecho hasta ahora por la ponencia y que incluye muchos aspectos más. Son complementarios para alcanzar un nuevo estatuto que cumpla su objetivo: ser el instrumento para que la comunidad siga avanzado como lo demuestra el crecimiento experimentado en estos últimos 30 años.
-¿No va en contra del autogobierno la reducción en un Parlamento que ya es el más pequeño del país?
-No lo entiendo así. Ni el Parlamento está sobredimensionado ni la reducción perjudica a la entidad. Se puede trabajar con 25 igual que con 33 y la Cámara no vería mermada la calidad democrática ni representatividad. La antigua diputación contaba con 24 y en otros hemiciclos, como en el Castilla-La Mancha, se ha planteado una medida similar y no ha generado apenas debate.
-Uno de los argumentos para justificarlo es el económico. ¿Qué se ahorraría en un Parlamento prácticamente sin profesionalizar?
-Efectivamente se puede ahorrar una parte teniendo en cuenta que además del presidente y los portavoces hay una serie de diputados liberados por cada uno de los grupos.
-Una parte de la oposición plantea que ese ahorro se obtenga reduciendo su gabinete o prescindiendo de uno de los dos chóferes.
-Es lo que se ven obligados a decir. Mi gabinete es más reducido del que han tenido anteriores presidentes. Se incrementó con dos personas con síndrome de down que antes dependían de otra área sólo para tuvieran más estabilidad laboral, y el resto son los de siempre: una secretaria, una directora de gabinete y otra de protocolo. Es más, siempre había alguna vacante de auxiliar y esta legislatura la hemos eliminado. En cuando a los chóferes, son dos ujieres-conductor para cubrir la disponibilidad del presidente, que ocupa 24 horas al día todas las semanas. No quisiera entrar en el debate, pero sólo le digo una cosa: el personal del gabinete viene a diario al Parlamento; quizás algún diputado que les critica no está aquí todos los días.
-Otra tema pendiente es la Defensoría del Pueblo. El plazo para buscar un titular se ha incumplido a pesar de cambiar la Ley para flexibilizar una figura que, además, ahora el Gobierno central sugiere eliminar en las comunidades.
-Desde que Díez Jalón renunció para trasladarse a Madrid, la Defensoría ha seguido trabajando aunque sin una cabeza visible y los grupos, efectivamente, no han presentado ningún candidato. No sé si desaparecerá la figura como ha sucedido en otras regiones y ahora plantea el Gobierno central, aunque hay veces que deben tomarse medidas excepcionales en momentos excepcionales en que hay que adelgazar la administración y evitar duplicidades. Antes no había Defensoría en La Rioja y esa labor se desarrollaba dentro del Parlamento en la Comisión de Peticiones. Si se da ese paso no hay que rasgarse las vestiduras y los ciudadanos hoy iban a entenderlo.
-¿Tendrá el próximo Parlamento cuatro grupos como prevé la última encuesta de Diario LA RIOJA?
-He conocido la Cámara con los tres actuales y con cuatro, cuando entró IU, y siempre se trabajó igual. Que el Parlamento pueda abrirse a más grupos es sinónimo de calidad democrática, pero quien decide eso son los ciudadanos con su voto el día de las elecciones, no los sondeos.

Fotografía: Díaz Uriel

La supresión del Defensor en Castilla-La Mancha o Murcia brindó la excusa para guardar en el cajón del olvido un mecanismo de protección del que disponen entes como la universidad, pero no toda una comunidad autónoma. Tampoco la reforma legal acordada en plena canícula estival para que el nuevo candidato cobre menos y trabaje a media jornada emocionó a los encargados de buscar el relevo, aunque dejó un regalo envenenado a quien venga y vea su exigida independencia condicionada por sus obligaciones laborales. El tiempo pasa y el puesto continúa libre mientras repiten que mañana sí y su homóloga nacional ha hecho hasta recular al Ministerio sobre las tasas judiciales. La duda es saber qué informe elaboraría el Defensor de La Rioja sobre el afán por que no haya Defensor de La Rioja.

Abogada del Estado-jefe del Ministerio de Sanidad tras su renuncia en febrero como Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón (Albelda, 1968) analiza desde el tiempo y la distancia la situación de interinidad y cambios que vive la institución que dirigió durante cinco años. La también integrante de la promoción ‘La Gloriosa’ de 1996 a la que pertenecen, entre otros altos cargos, el nuevo presidente de RTVE, es rotunda: «El Parlamento no sabe qué hacer».
-¿Qué opinión le merece que La Rioja lleve ya cuatro meses sin Defensor del Pueblo?
-Me da pena. Ha sido un ente muy valorado por la gente, que ha solucionado muchos problemas que no tenían por qué acabar en la vía judicial. Se habla mucho ahora de las crisis de las instituciones, y éste es un ejemplo provocado por la desidia del Parlamento riojano, que no sabe qué hacer con la Defensoría.
-El PP, con el apoyo del PSOE, propone ahora relajar el nivel de incompatibilidades del Defensor y reducir su remuneración.
-Crear esta institución es una decisión política, pero si se crea hay que respetar las normas del juego. Eso significa que el Defensor del Pueblo no puede estar compaginando el cargo con otro trabajo porque entonces perdería independencia y, por lo tanto, autoridad. Y le pongo un ejemplo. Un docente universitario que, como se plantea ahora, podría dar el perfil depende de la administración que nutre a la UR presupuestariamente. ¿Qué hará cuando le llegue una queja en relación a la Consejería de Educación o al funcionamiento del campus?
-¿Sería más oportuno, en esas condiciones, eliminar la Defensoría?
-Eso debe valorarlo la misma Cámara que un día decidió crearla, pero si hay que racionalizar el gasto público, para tener un jarrón chino que no sirva para nada, mejor eliminarlo, ¿no? Puestos a reformar la Ley, lo que deberían es cambiar el nombre a la institución porque será otra cosa. No imagino al representante riojano en las reuniones con otros defensores, que siguen un estricto régimen de incompatibilidades, explicándoles que por la mañana da clases, investiga, escribe artículos y cobra por ello.
-En su última etapa, se acusó a la institución de un gasto excesivo.
-Desde el primer año actuamos con absoluta austeridad. Si coteja el presupuesto de otros Defensores de comunidades uniprovinciales, comprobará que el mío era mínimo.
-¿Se sintió menospreciada o acosada por declaraciones de ese tipo?
-No. Igual alguien pretendió que me sintiera así, pero no lo consiguió. Cuando juré el cargo prometí trabajar mucho y con total independencia. Y lo hice así, no para agradar a nadie. Creo que no se ha sabido interpretar la institución en La Rioja, quizá porque es una región demasiado pequeña. Cuando comparecía ante el hemiciclo, sentía que los políticos que habían creado el Defensor no creían en él.
-¿Se pecó de soberbia? ¿Hubiera sido más conveniente no activar la figura recogida en el Estatuto?
-Posiblemente. Hubo un momento en que todas las comunidades querían su propio Defensor para mostrar músculo autonómico. Ahora se ha caído en la desidia y el principal partido, al que le corresponde presentar candidato, sigue sin hacerlo. De Cospedal eliminó el de Castilla-La Mancha. Eso es una decisión política valiente, pero tener un Defensor a tiempo parcial son pañitos de agua caliente.
-¿Será posible seguir los mismos pasos aquí en La Rioja?
-A diferencia de Castilla-La Mancha, Murcia y Asturias donde se creó y pueden eliminarse por Ley, en La Rioja y otras partes el Defensor tiene un refrendo en el Estatuto que obligaría reformarlo. Por eso el cambio legal previsto aquí presenta serias lagunas de constitucionalidad.

En la fotografía, María Bueyo Díez Jalón (en el centro) junto al Rey y sus compañeros de promoción ‘La gloriosa’ entre los que se encuentran numerosos altos cargos del actual Gobierno central.

Más tarde que pronto habrá defensor (o defensora). Pero, desde luego, poco tendrá que ver con la figura conocida hasta ahora. Como en los chistes de aquellas cintas de gasolinera, el análisis incluye una noticia buena y otra mala. La buena es que el PP, que es por el juego de mayorías sobre quien recae la decisión de dar continuidad a la Defensoría, no tiene (de momento) intención de prescindir de ella. La mala es que la institución está en el punto de mira económico y social de muchos críticos que la consideran prescindible en tiempos de recorte y austeridad. Un cuestionamiento al que se suma el ataque feroz al estado autonómico, donde las Defensorías juegan un notable papel en la exhibición del músculo de autogobierno y que ya se ha tomado alguna víctima en regiones como Castilla-La Mancha.

Díez Jalón intuyó esa marejada. Con la discreción que marcó su mandato, la abogada del Estado tomó la puerta de salida en vista de la que se avecinaba y que lo que nació con toda el afán se marchitaba por razones externas. Por un lado se alababa su gestión, aunque por el otro se le animaba a reducir los gastos dejando correr el tiempo de su interinidad. Mientras tanto, las ofertas para su brillante currículo no escaseaban.

Quien le sustituya no tendrá una papeleta sencilla. El rechazo de su predecesora a continuar en una institución en precario hace que quien llegue deba tragar con un segundo plato de sabor amargo. Eso, si no le recortan la ración.

Fotografía: Justo Rodríguez