La Rioja volverá a tener Defensor (o Defensora) del Pueblo. La recuperación de la figura estaba recogida en la reforma del Estatuto que sigue pendiente de ratificación en las Cortes, se asumió en el pacto de Gobierno a tres que facilitó la investidura de Concha Andreu y un hecho más rotundo que cualquier declaración de intenciones: los próximos Presupuestos de La Rioja contemplan una partida de 300.000 euros para reactivar una institución alumbrada por ley en abril del 2006 y suspendida en septiembre del 2013 tras año y medio vacante. A diferencia de otras novedades que trae consigo el estrenado Ejecutivo de coalición, en el caso de la Defensoría del Pueblo se acumula una experiencia previa que ayuda a calibrar su oportunidad y las mejoras que podrían aplicarse para no incurrir en antiguos déficits. La etapa que protagonizó María del Bueyo Díez Jalón tuvo precisamente a su titular como principal baluarte. Una abogada del estado de contrastado prestigio que desde el inicio de su mandato apeló a la independencia y con su actividad estimuló la capacidad de autogobierno de La Rioja que tantas veces parece adormilada. Díez Jalón topó con algo más cruel que las críticas o las presiones: una crisis económica que mutó en prescindible lo que un suspiro antes se había gestado como crucial para salvaguardar los derechos de la ciudadanía. La segunda vida de la Defensoría no debería quedar supeditada a la mera voluntad de seguir marcando distancias sobre la anterior etapa y exige disponer de un margen de acción superior a su presupuesto. El primer síntoma de que ese propósito es sincero será el perfil de quién se nombre para el cargo. Su bagaje y capacidad. Conocer si habita en este mundo o también vendrá de La Mancha.

Fotografía: Sonia Tercero

La interinidad en que se sumió a la institución tras concluir su primera (y última) etapa, sumada a algún desplante y los cada vez más frecuentes puntillas sobre su coste, llevaron a Díez Jalón a aceptar el cargo como abogada del Estado-jefe del Ministerio de Sanidad. Aquel golpe fue el primero de una demolición lenta que continuó con el incumplimiento de todos los plazos para nombrar un sucesor.

El PP encontró alivio y excusa para prolongar la demora con el acuerdo alcanzado con el PSOE para mantener una Defensoría minimizada: mucho menos sueldo y trabajo a tiempo parcial. El pacto se concretó en una modificación de la Ley aprobada casi de soslayo en pleno julio y sirvió de pretexto para estirar más el tiempo hasta encontrar un candidato al que le cupiera un traje tan estrecho. Un año después de la marcha de Díez Jalón, populares y socialistas vendieron barato el mismo titular: La Rioja tendría Defensor del Pueblo antes del siguiente verano.

Las conversaciones entre los grandes partidos se rompieron luego, otras comunidades renunciaron a sus respectivos defensores y el PP remitió después a septiembre. Entre medias, el presidente de la comisión encargada de guiar la reforma de las administraciones pasó por la comunidad instando a eliminar duplicidades y sugiriendo que La Rioja sólo tendría Defensor si podía asumir el coste. Jaime Pérez Renovales acolchaba así la alfombra para lo que ahora ha llegado aunque, como casi siempre, las claves de la defunción de la oficina las guardaba Pedro Sanz.

En la reunión de la Junta Directiva Regional celebrada en agosto en el Círculo Logroñés que dio pistoletazo de salida al nuevo curso político, el presidente regional dejó entrever “conversaciones” con el Gobierno central para seguir el camino de las eliminación de duplicidades iniciado en casa con el Servicio Riojano de Empleo, el IRJ, la Agencia del Conocimiento, Eccysa, Prorioja o Ader-Infraestructura, entre otros entes y sociedades. Sus palabras llevaban insertadas el anuncio de la muerte ahora certificada, pero bastaba con mirar a la calle y ver que el A-6 que utiliza desde el año pasado en susticuión de otro de gama superior es que el tenía asignado Díez Jalón hasta su marcha. El mismo en el que no viajará ningún defensor más.

Imagen: José Ángel Martínez

La supresión del Defensor en Castilla-La Mancha o Murcia brindó la excusa para guardar en el cajón del olvido un mecanismo de protección del que disponen entes como la universidad, pero no toda una comunidad autónoma. Tampoco la reforma legal acordada en plena canícula estival para que el nuevo candidato cobre menos y trabaje a media jornada emocionó a los encargados de buscar el relevo, aunque dejó un regalo envenenado a quien venga y vea su exigida independencia condicionada por sus obligaciones laborales. El tiempo pasa y el puesto continúa libre mientras repiten que mañana sí y su homóloga nacional ha hecho hasta recular al Ministerio sobre las tasas judiciales. La duda es saber qué informe elaboraría el Defensor de La Rioja sobre el afán por que no haya Defensor de La Rioja.

Más tarde que pronto habrá defensor (o defensora). Pero, desde luego, poco tendrá que ver con la figura conocida hasta ahora. Como en los chistes de aquellas cintas de gasolinera, el análisis incluye una noticia buena y otra mala. La buena es que el PP, que es por el juego de mayorías sobre quien recae la decisión de dar continuidad a la Defensoría, no tiene (de momento) intención de prescindir de ella. La mala es que la institución está en el punto de mira económico y social de muchos críticos que la consideran prescindible en tiempos de recorte y austeridad. Un cuestionamiento al que se suma el ataque feroz al estado autonómico, donde las Defensorías juegan un notable papel en la exhibición del músculo de autogobierno y que ya se ha tomado alguna víctima en regiones como Castilla-La Mancha.

Díez Jalón intuyó esa marejada. Con la discreción que marcó su mandato, la abogada del Estado tomó la puerta de salida en vista de la que se avecinaba y que lo que nació con toda el afán se marchitaba por razones externas. Por un lado se alababa su gestión, aunque por el otro se le animaba a reducir los gastos dejando correr el tiempo de su interinidad. Mientras tanto, las ofertas para su brillante currículo no escaseaban.

Quien le sustituya no tendrá una papeleta sencilla. El rechazo de su predecesora a continuar en una institución en precario hace que quien llegue deba tragar con un segundo plato de sabor amargo. Eso, si no le recortan la ración.

Fotografía: Justo Rodríguez

La reforma del Estatuto de 1999 abría la puerta a la creación de la institución, pero no fue hasta el 2006 cuando se decidió darle forma. La Rioja no iba a ser menos que nadie. Debía tener su propia universidad, su propio aeropuerto, su propio Defensor del Pueblo. La elección de una experta jurídica de currículum incontestable e inclinaciones políticas no declaradas como María Bueyo Díez Jalón confirmó que la adquisición no iba a ser un capricho, sino una apuesta real por recabar el pulso de la ciudadanía y atender sus malestares. Si por algo se ha destacado la gestión de Díez Jalón  ha sido por una tarea concienzuda e independiente (a pesar de las presiones no reconocidas por algunos de sus pronunciamientos) que tampoco ha dejado de la lado la obligación de proyectar socialmente la imagen de un ente de nueva creación.

La reciente supresión de la figura en Castilla-La Mancha con la entrada allí de un nuevo Gobierno puso al resto de sus homólogos en el punto de mira y abrió una veda feroz. ¿Para qué sirve esa cajita? ¿Cuánto cuesta? ¿Es necesario en un momento de crisis? La Defensora riojana ha soportado sobre sus espaldas todos esos cuestionamiento que hace nada eran halagos, manteniendo una situación de interinidad insostenible para un correcto funcionamiento del ente que ahora, además, tenía como tareas añadidas autojustificarse y razonar su austeridad. La diferencia de Díez Jalón respecto a otros altos cargos que se han visto en un tesitura similar a consecuencia de las apreturas económicas es la falta de apego al sillón. Con una carrera profesional más que contrastada y golosas oportunidades laborales más allá de La Rioja, ha optado por dejar el cargo, buscar nuevos aires y dejar que sean quienes dieron la partida de nacimiento a la Defensoría los que decidan si quieren que alcance la madurez. La analogía de la ya exdefensora resume la situación: “Yo he hecho la obra del edificio como estipulaba el ‘contrato’; ahí dejo ahora las llaves”.

Fotografía: Justo Rodríguez