La Rioja tiene un Estatuto de Autonomía renovado. Aunque en realidad, no lo tiene todavía operativo. El Parlamento lo ha aprobado y las Cortes que salgan hoy de las urnas tendrán que darle el visto bueno último. O no. El proceso ha tardado tanto en concretarse, el camino se ha retorcido tanto hasta llegar a la meta, que el pacto alcanzado aquí no tiene por qué replicarse en Madrid ya que el equilibrio de fuerzas con toda probabilidad variará. Más aún, cuando quienes ahora abjuran del modelo autonómico tendrán en su mano el botón del ‘no’. Quizá no se haya enterado de nada de lo que le estoy contando. Es más que probable que su vida siga inmutable después de que los diputados que apoyó hace cuatro años y por los que tendrá que volver a decantarse en menos de un mes dijeran ‘sí’ y se sacaran una foto a la entrada del monasterio de Yuso. No deja de ser frustrante para una sociedad vanagloriada en su autogobierno que la norma sobre la que se sustenta su arquitectura institucional pase tan desapercibida. Que las gavillas de páginas que se han escrito sobre la reforma hayan tenido un impacto tan liviano sobre quienes presuntamente deben ser los beneficiarios directos de cada artículo. No se autoinculpe. Busque a los responsables de esa desafección entre los que posan en la solemne instantánea de San Millán. Desde hace la friolera de quince años que se activó el proceso y especialmente en esta legislatura que se ha cristalizado, se ha impuesto el tacticismo sobre el encargo de parir el mejor Estatuto posible. De ahí esas idas y venidas, pactos y desacuerdos, exigencias y recelos que han olvidado el requisito de empeñarse en una labor pedagógica que los enemigos de ésta y todas las autonomías jamás harán.

Fotografía: Juan Marín

Cuando el tiempo pase y se recurra a la hemeroteca, habrá que frotarse los ojos para digerir algunos de los delirantes titulares escritos esta semana. Y todo, por las referencias al euskera que el PSOE pretendía introducir vía enmiendas en la reforma del Estatuto de La Rioja. Lo que la relectura distante de tantas declaraciones altisonantes dejará sin descubrir son las razones ocultas que han suscitado una tormenta política como hacía tiempo que no descargaba. Las declaraciones de unos y otros siguen sugiriendo que ninguna de las partes lo cuenta todo. O lo que cuenta es sólo una parte (interesada, claro) de uno de esos aquelarres políticos por los que, lamentablemente, La Rioja se pone de vez en cuando en la órbita nacional. Es difícil creer que la furibunda reacción copada por el PP no haya sido premeditada escuchando a cada dirigente cargar al unísono contra las intenciones del PSOE incluyendo en sus declaraciones de forma espontánea (sic) la misma e impronunciable palabra: euskaldunización. Tan extremo como que de las enmiendas socialistas deba inferirse una equiparación del euskera y el castellano a este lado del Ebro es que los socialistas hayan querido incluir la alusión al vascuence en algo tan solemne como el Estatuto por más que lo revistan como señal de convivencia. Más aún cuando en los tres años de la ponencia que ha discutido la reforma nunca han mentado la cuestión y a sabiendas de que PP y Cs jamás lo apoyarían. Si la agitación estaba garantizada de antemano y el voto en contra era seguro, ¿a qué ondear esa bandera que Concepción Andreu fue la primera en levantar en el Comité Federal de su partido pero ha callado durante toda la polémica? Esa maldita hemeroteca.

Fotografía: Juan Marín

La reforma del Estatuto de Autonomía es como esa vajilla de porcelana delicada y cara que la familia hereda de la abuela y se guarda en un armario acristalado para exhibirlo sin que se deteriore. El conjunto es tan pomposo y frágil que se decreta utilizarlo sólo para las grandes ocasiones. Cuando llega un evento de postín que invita a desempolvarlo, uno se pregunta que para qué sacarlo de su sitio si se puede resquebrajar y en realidad es incomodísimo. Finalmente se decide seguir usando el menaje diario de batalla, así que la vajilla permanece incólume en su rincón con la promesa de que el próximo aniversario se celebrará con un caldo de marisco servido en esa barroca sopera con su cacito a juego. José Ignacio Ceniceros acaba de proponer con la grandilocuencia que precede a una mayoría obligada que por fin se reforme el Estatuto. El anuncio tendría el sabor dulzón de la nueva política si no fuera porque Pedro Sanz hizo la misma declaración de intenciones en el 2004, la repitió en cada legislatura y siempre encalló en un barrizal de grupos de estudio, comisiones, ponencias, propuestas y acusaciones mutuas entre PP y PSOE con la excusa final de que ni había prisa ni era un asunto que la gente pidiera a gritos por la calle. Tantos años han pasado que asuntos capitales al inicio como si el texto debería definir La Rioja como nacionalidad histórica suenan anacrónicos ante la intención ahora de cambiar la Ley electoral o menguar el Parlamento. Será que esta vez sí. O quizás no. A ver si va a romperse algo.

El PP ha hecho de la reforma del Estatuto de Autonomía un ariete para obligar a la oposición a “retratarse”, como Carlos Cuevas reconoció al comienzo de curso. Casi década después de que Sanz diera el pistoletazo para abordar la reforma del texto clave que regula el autogobierno con sonadas llamadas al consenso (deseable, pero sobre todo obligado para agrupar 2/3 del hemiciclo), la cuestión se ha reducido a la proposición de Ley popular que el Parlamento acordó tomar en consideración en el último pleno con el sorpresivo apoyo inicial del PR+ anunciando que se opondrá durante el trámite si no cambia su espíritu.

El viaje para la reforma ha hecho parada en decenas de estaciones. Primero, la constitución de una comisión de estudio abierta donde participada desde por la FER hasta expresidentes de La Rioja; luego, la elaboración de un voluminoso informe de expertos ahora arrumbado; más tarde el condicionamiento al fallo del Tribunal Constitucional sobre los recursos contra el Estatut; y a última hora, la creación de una ponencia que agoniza casi antes de nacer donde las disquisiciones sobre la definición de La Rioja suena ahora residuales.

El PP se ha esforzado en reducir mediáticamente todo el contenido a un solo titular: la rebaja de 33 a 25 del número de diputados. O todo, o nada. Si la oposición lo apoya, está por el ahorro en tiempos de crisis; si la rechaza, sólo busca salvaguardar sus intereses partidistas. Estará pensando en ‘culos’ para ocupar asientos en vez de mejorar el bienestar de la ciudadanía, como también Cuevas dijo en su momento.

El barullo procedimental al que el PSOE se ha asido por posponer su postura ha conseguido, además, arrinconar otro de los aspectos centrales de la reforma: el límite de mandatos del presidente a ocho años o dos legislaturas. La formulación inicial abrió la posibilidad de un escenario sin Sanz como cabeza de cartel electoral del PP tras cinco mayorías absolutas. Sin embargo, la posibilidad de que esa autolimitación encalló en dudas sobre cómo se aplicaría. En otras palabras: si se pondría el contador a cero tras la reforma y Sanz tendría la opción de ocho más o se contabilizaría el tiempo ya transcurrido para que el de Igea no pudiera repetir.

El propio presidente ‘jugó’ con esa falta de concreción. En unos momentos, se mostró entusiamado pensando en “La Rioja del 2020”; en otros, tendió la mano a “hablar” de retirada si ello limaba obstáculos para aprobar la reforma con la mayoría exigida. Entre ese ruido de fondo, la proposición de Ley de reforma llevada al Parlamento riojano por el PP aclara finalmente este extremo: “Para la aplicación de la limitación (…) no computarán los mandados ejercicios por los presidentes de la comunidad autóntoma de La Rioja habido hasta la VIII Legislatura”.

¿Servirá la reforma para dejar el camino libre a otros dos posibles mandatos de Sanz? Quizás la clave esté en la ironía que él mismo planteó al señalar el “dolor” que provocaría a algunos enfrentarle en las dos próximas elecciones.

Fotografía: Sonia Tercero

Aunque el presidente haya querido capitalizar la iniciativa, la limitación de los mandatos y la mengua del hemiciclo exigen reformar el Estatuto de Autonomía por una mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara. Sanz se ha apresurado a cargar la responsabilidad en el PSOE. “Sean valientes y generosos”, le espetó a Pablo Rubio durante el Debate del estado de la región, sin dejar pasar la oportunidad de recordar que quien tiene la capacidad para fijar la posición socialista no es el portavoz parlamentario, sino un César Luena que esa jornada estaba en el Parlamento, pero no en el escaño que está por ver si ocupará sino como parte del público. Al PR+ también le hizo un requiebro ninguneando la intervención de Legarra y dejándole sin margen de respuesta a su propuesta de reforma estatutaria.

Olvida también Sanz que el esbozo dibujado por él es, en realidad, el residuo del acercamiento mantenido en los meses previos entre Rubio y Cuevas y que, presuntamente, se quebró por la revelación de existían esas conversaciones. Seguramente, porque la posición de fuerza extrema que mantiene el PP en la Cámara le permite jugar a todas las bandas. Con 20 diputados populares, por un lado le bastaría pactar con los regionalistas (dos) para llegar a los 22 requeridos dejando de lado a las bancas socialistas. Por otro, podría llegar a un acuerdo sólo con las 11 señorías del PSOE dejando así una pátina de pacto de región y arrinconando a las siglas de Legarra que, en todos los virtuales escenarios resulta el más perjudicado en su representatividad. Si la oposición acata la propuesta, gana Sanz por liderar el paso dado; si la rechaza, también porque cargará sobre ellos a la opinión pública que ansía jibarizar altos cargos y sus prebendas.

El desenlace se antoja sugestivo. Y Sanz, el único que conoce el final, retuerce cada día trama con declaraciones que igual dicen una cosa que la contraria. Y para muestra, el último botón: “Si hoy me piden continuar, no diría que no; pero mañana no sé qué diré”. Una ambigüedad sólo comparable a la revelación de Rajoy de que quizás suba unos impuestos y baje otros.

Fotografía: Miguel Herreros

El primer apartado se da por hecho. Como le recordó Pablo Rubio durante su réplica, la reducción del hemiciclo es una constante en todos los ejecutivos del PP y una consigna establecida-aplicada por María Dolores de Cospedal y replicada por todos los barones. El PSOE expresó su disconformidad con esta opción, pero la defensa de mantener el actual estatus se antoja complicada en un escenario donde la supresión de políticos tiene una magnífica venta en la calle y basta presenciar cualquier pleno para comprobar que buena parte de sus señorías tiene cero protagonismo en el debate. Sanz se lo recordó al portavoz socialista con un reto: “¿quiere que salgamos fuera y preguntemos a los ciudadanos cuántos diputados quiere aquí?“.

Más allá de la agilidad que esa estructura dotaría a la Cámara y que fue el argumento medular de Carlos Cuevas, el nuevo reparto tendría efectos económicos. Pero no tanto en el ahorro general en el presupuesto del Parlamento, sino sobre todo en las finanzas de los grupos parlamentarios cuyas asignaciones están mayoritariamente vinculadas al número de escaños. Un varapalo para el PSOE que vería como sus actuales 11 representantes quedan en 9, y un cataclismo para el PR, cuyo sustento casi básico es el dinero que recibe por su presencia en el hemiciclo y que vería como uno de sus diputados no podría repetir en ese virtual escenario.

La reducción de la barrera electoral en las elecciones autonómicas se presume más que improbable. Sabedor de que rebajar el porcentaje para obtener representación arrojaría un Parlamento sumamente fragmentado (recuerde: no hay puntada sin hilo), Sanz vinculó su propuesta a una disminución en el mismo sentido para las elecciones municipales que marcan la composición de los ayuntamientos. La clave es que éste punto está recogido en Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una normativa por lo tanto que exigiría un pacto nacional para su modificación. Algo que no exige la ley autonómica que estipula el techo electoral en La Rioja y cuya reestructuración exigiría “sólo” un acuerdo dentro de la comunidad del 2/3 de la Cámara. Un límite del 3% a nivel autonómico que no resulta tan inusual, ya que como recuerda Pablo Simón está vigente en territorios como el País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, Andalucía o Navarra.

La resolución en negativo del silogismo salvaría la cara al PP, cuya predisposición formal a reformar la ley autonómica se toparía con las dificultades de hacerlo en la LOREG; erosionaría lo justo al PSOE que ha mostrado su conformidad a rebajar el techo electoral aunque internamente saber que perjudicaría su representantividad; y, otra vez, laminaría los cimientos del PR+, que vería entrar en el hemiciclo a IU y UPyD con un escaño cada uno.

Fotografía: Fernando Díaz

La respuesta, de nuevo, en la seguridad de que Sanz jamás da puntada sin hilo en sus decisiones. Y es que, en el caso de que los populares lleguen a perder su hegemonía, todo hace indicar que los socialistas como principal partido de la oposición no podrían disponer de una mayoría absoluta tan holgada. Sólo con la participación de los regionalistas (y/o IU y UPyD, que de materializarse la rebaja del techo electoral tendrían opciones de arañar un escaño cada uno) les sería factible acceder al Gobierno. O en otras palabras: estarían obligados a un reparto de poder entre el virtual bipartito (o tripartito) que convertiría la configuración del gabinete en un delicado juegos de equilibrios para ceder las cuotas exigidas por cada cual y no herir sensibilidades, erosionando de entrada cualquier pacto o dejando las puertas abiertas a ello desde fuera, como sucedió recientemente en el Ayuntamiento de Logroño.

De esta manera, Sanz se garantiza por lo tanto llenar del minas el camino que alguna vez pueda recorrer el PSOE en su carrera por dirigir los destinos de La Rioja. El análisis sólo una incógnita incompatible, a priori, con la tendencia electoral que mantiene la comunidad y la sensación generalizada de que el trono de Sanz es inamovible: ¿De verdad el de Igea incluye en sus planes que el PP pierda alguna vez su mayoría?

Fotografía: Juan Marín

Retrato de Pedro Sanz en el despacho de Emilio del Río

La noticia no deja de tener una profunda carga de ironía proviniendo de uno de los presidentes más veteranos de la política nacional. Después de cinco mayorías absolutas y camino de los 20 años como inquilino del Palacete de Vara de Rey, el cambio ha disparado las especulaciones sobre el sentido último de la medida. Porque, conociendo al líder del PP riojano, todo responde a alguna razón no explicitada aún. O como diría el otro: Sanz nunca da puntada sin hilo.

Asumiendo que el de Igea piensa en sí mismo y confía ciegamente en sus opciones de repetir los abrumadores resultados cosechados desde 1995, supondría concluir su trayectoria a los 68 años. Siempre suponiendo que la limitación implica poner el contador a cero excluyendo los mandatos ya cumplidos, se antoja una eternidad. Con un añadido: esa prolongación en el cargo ‘quemaría’ la generación intermedia que ha estado aguardando el relevo. ¿Y si Sanz estuviera pensando desde ya en la sucesión dejando entre sus filas el mensaje de que nadie será ya inamovible?

Esa hipótesis se conjuga con otras de las propuestas que, según él deberían incluirse en la reforma del Estatuto y que, aparentemente, tiene un carácter menor como eliminar la obligatoriedad de que el senador autónomico deba tener la condición de diputado regional. De esa forma, Sanz sería un candidato perfecto al cargo que ahora ocupa Ana Lourdes González y antes Carlos Cuevas (dos de las figuras con más ascendente en la dirección del PP) y se garantizaría un cómodo destino en la Cámara Alta.

Nada está escrito. O quizás hace tiempo que lo está. La hemeroteca sólo confirma una cosa: Sanz se presentó a sus primeras elecciones con la promesa pública de no ocupar el cargo más de dos legislaturas. Ocho años más tarde, el partido y las circunstancias le “liberaron” de aquel compromiso.

Fotografía: Díaz Uriel

Sin embargo, el caso resulta que no resulta tan aislado. Al menos tanto Santander como Jaén han conseguido en las últimas fechas exactamente lo mismo: recibir las históricas sedes del Banco de España en sus respectivas ciudades para utilizarlas en beneficio propio. Las tres operaciones comparten notas comunes *.

1. Usos. Todos los edificios acogerán servicios que se prestaban en otras lugares: En el caso de Logroño, desde marzo se ubica allí la dirección general de Salud. En la capital cántabra albergará la delegación del Centro Internacional de Arte Rupestre concedido por la UNESCO, y la ciudad andaluza tiene previsto reconvertir el lugar en sede del Conservatorio Superior de Música.
2. Coste. Ninguna administración confirma el valor de los inmuebles cedidos. Se trata siempre de edificios absolutamente singulares, situados en las zonas más nobles y con un valor histórico añadido que, formalmente, cambian de manos de forma gratuita. Todos se muestran renuentes a hablar de dinero. El único dato al respecto proviene del ahorro que supondrá sus nuevos destinos. En Logroño supone amortizar los 24.000 euros mensuales del alquiler de las oficinas de Gran Vía donde venía prestando sus servicios la dirección general. En Jaén estiman que así evitan la aportación de 3,7 millones a la Junta de Andalucía, y en Cantabria se confirmó que hace año y medio Patrimonio del Estado adquirió el inmueble por 6 milllones.
3. Historia. La reclamación secular de La Rioja sobre los lugares donde en tiempos operó el Banco de España parece ser también la de Jaén y Santander. En todos los casos y desde la reestructuración de la entidad, los edificios han estado durante años en desuso o infradotados y marcados por el “bloqueo” de la negociación y la reclamación de una “deuda histórica” con el Gobierno central.
4. Intermediación. A falta de más información pública sobre los términos de los acuerdos con el Gobierno central en los que de una forma u otra intervienen los respectivos ayuntamientos, los dirigentes regionales han subrayado la gestión personal de determinados dirigentes nacionales. La prensa de Santander destaca la labor de su vecino José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura. En Jaén alardean de los contactos de un paisano ilustre como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Sanz ha alabado desde el principio de la operación el empeño del mismísimo Mariano Rajo.

El Banco de España cierra sus sedes pero sigue dando crédito y multiplicando los efectos frontera donde las haya. O se busquen.

* Elaboración a partir de la información de Diario LA RIOJA, El Ideal y El Diario Montañés.

Fotografías: Roberto Ruiz (Santander) , José Manuel Pedrosa (Jaén) y Justo Rodríguez (Logroño)

Abogada del Estado-jefe del Ministerio de Sanidad tras su renuncia en febrero como Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón (Albelda, 1968) analiza desde el tiempo y la distancia la situación de interinidad y cambios que vive la institución que dirigió durante cinco años. La también integrante de la promoción ‘La Gloriosa’ de 1996 a la que pertenecen, entre otros altos cargos, el nuevo presidente de RTVE, es rotunda: «El Parlamento no sabe qué hacer».
-¿Qué opinión le merece que La Rioja lleve ya cuatro meses sin Defensor del Pueblo?
-Me da pena. Ha sido un ente muy valorado por la gente, que ha solucionado muchos problemas que no tenían por qué acabar en la vía judicial. Se habla mucho ahora de las crisis de las instituciones, y éste es un ejemplo provocado por la desidia del Parlamento riojano, que no sabe qué hacer con la Defensoría.
-El PP, con el apoyo del PSOE, propone ahora relajar el nivel de incompatibilidades del Defensor y reducir su remuneración.
-Crear esta institución es una decisión política, pero si se crea hay que respetar las normas del juego. Eso significa que el Defensor del Pueblo no puede estar compaginando el cargo con otro trabajo porque entonces perdería independencia y, por lo tanto, autoridad. Y le pongo un ejemplo. Un docente universitario que, como se plantea ahora, podría dar el perfil depende de la administración que nutre a la UR presupuestariamente. ¿Qué hará cuando le llegue una queja en relación a la Consejería de Educación o al funcionamiento del campus?
-¿Sería más oportuno, en esas condiciones, eliminar la Defensoría?
-Eso debe valorarlo la misma Cámara que un día decidió crearla, pero si hay que racionalizar el gasto público, para tener un jarrón chino que no sirva para nada, mejor eliminarlo, ¿no? Puestos a reformar la Ley, lo que deberían es cambiar el nombre a la institución porque será otra cosa. No imagino al representante riojano en las reuniones con otros defensores, que siguen un estricto régimen de incompatibilidades, explicándoles que por la mañana da clases, investiga, escribe artículos y cobra por ello.
-En su última etapa, se acusó a la institución de un gasto excesivo.
-Desde el primer año actuamos con absoluta austeridad. Si coteja el presupuesto de otros Defensores de comunidades uniprovinciales, comprobará que el mío era mínimo.
-¿Se sintió menospreciada o acosada por declaraciones de ese tipo?
-No. Igual alguien pretendió que me sintiera así, pero no lo consiguió. Cuando juré el cargo prometí trabajar mucho y con total independencia. Y lo hice así, no para agradar a nadie. Creo que no se ha sabido interpretar la institución en La Rioja, quizá porque es una región demasiado pequeña. Cuando comparecía ante el hemiciclo, sentía que los políticos que habían creado el Defensor no creían en él.
-¿Se pecó de soberbia? ¿Hubiera sido más conveniente no activar la figura recogida en el Estatuto?
-Posiblemente. Hubo un momento en que todas las comunidades querían su propio Defensor para mostrar músculo autonómico. Ahora se ha caído en la desidia y el principal partido, al que le corresponde presentar candidato, sigue sin hacerlo. De Cospedal eliminó el de Castilla-La Mancha. Eso es una decisión política valiente, pero tener un Defensor a tiempo parcial son pañitos de agua caliente.
-¿Será posible seguir los mismos pasos aquí en La Rioja?
-A diferencia de Castilla-La Mancha, Murcia y Asturias donde se creó y pueden eliminarse por Ley, en La Rioja y otras partes el Defensor tiene un refrendo en el Estatuto que obligaría reformarlo. Por eso el cambio legal previsto aquí presenta serias lagunas de constitucionalidad.

En la fotografía, María Bueyo Díez Jalón (en el centro) junto al Rey y sus compañeros de promoción ‘La gloriosa’ entre los que se encuentran numerosos altos cargos del actual Gobierno central.