La polémica más enconada que ha sacudido la previsible actualidad regional en las últimas semanas no la ha provocado un partido de la oposición, algún líder sindical, ni la prensa. Ha sido un cocinero quien, con sus quejas a la interpretación por parte del Gobierno regional del retroceso de turistas extranjeros durante el año pasado, ha desencadenado una catarata de reacciones inusitada en un hábitat dominado por el conformismo, cuando no directamente por el silencio. Y no sólo en el entorno más directo de Francis Paniego y la Consejería del ramo, sino entre buena parte de la opinión pública ajena hasta ahora al turismo pero que se ha visto interpelada a posicionarse respecto a su gestión. Sólo por esa capacidad de agitar el árbol, de estimular el intercambio de pareceres sobre un sector vital para La Rioja en su conjunto merecería la pena cribar la acritud de la polémica y destilar sólo lo positivo. Para eso resulta imprescindible desterrar que la crítica es siempre de antemano una agresión intencionada y digerirla como acicate. Eludir arrinconar el debate a una cuestión de veracidad de las diferentes encuestas, exhibir otros logros que nadie niega o deslizar dudas veladas sobre la representatividad o presuntos intereses espurios de quienes reclaman avances. Mejor que una estadística o algunos euros extra de inversión, la unidad de acción en la que todos coinciden podría empezar con una fotografía: la de ambas partes reunidas y, si es posible, hablando en inglés para atraer más visitantes foráneos.

Fotografía: Justo Rodríguez

Como explicó José Ignacio Nieto, el inmigrante irregular que acuda desde el 1 de septiembre al médico recibirá después de la consulta una factura que deberá abonar al sistema. Una situación de la que quedan excluidos los menores, la mujeres embarazadas, los casos urgentes y los usuarios incluidos en algún programa de salud público ¿De verdad cree el Ejecutivo regional que va a cobrar esas consultas? Por mucho que el consejero subraye que se intentará facturar el 100% de esas virtuales minutas, evidentemente las posibilidades de hacerlo son mínimas. Por dos razones: uno de los rasgos de la mayoría de irregulares es precisamente su falta de recursos y, además, facilitar sus datos personales abrirá la puerta a la Administración para, sin dilación, localizarle y formalizar una orden de expulsión. La coyuntura remite así, a efectos prácticos, a una expulsión de este colectivo del sistema público.

Detrás de la controvertida medida palpitan razones más económicas que sanitarias. Y Nieto, tampoco lo oculta: “Se trata de ordenar el acceso al sistema sanitario y que la atención de estas personas no las paguen las tarjetas que sí cotizan a la seguridad social”. El razonamiento tiene su público. Sobre todo entre quienes mantienen que los ‘sin papeles’ son responsables en buena medida del colapso económico en que se encuentra el sistema y han colapsado durante años las playas en sus pateras sólo para recibir tratamiento médico gratis.

Sin embargo, la situación admite otras lecturas. Y no hace falta salir del PP para comprobarlo. Galicia ha dictaminado que seguirá atendiendo a los ‘sin papeles’, que no perderán así los derechos que disfrutaban hasta ahora. Para ello, expedirá un documento acreditando que el portador no tiene recursos afianzando esa cosa llamada “solidaridad” con los más desfavorecidos que cotiza tan a la baja en momentos de crisis.

La decisión de Alberto Núñez Feijoó –un profundo conocedor del sistema sanitario como director del Insalud antes de alcanzar la presidencia de la Xunta- deja abierto otra cicatriz, pero esta vez política: ¿considerarán las otras autonomías populares su insumisión tan demencial como la que protagonizó el País Vasco del socialista Patxi López con el copago farmacéutico? Atentos al diagnóstico.

Fotografía: Carlos Rodríguez (Las Provincias)