El hundimiento del Prestige hace ahora once años trajo consigo dos mareas. Una fue inmediata y convirtió las hermosas costas gallegas en un cenagal de negrura viscosa después de que aquellos ‘hilillos de plastilina’, como los definió sin ningún empacho el ahora presidente del Gobierno, se apoderaran de la arena, las rocas y tantas vidas. La segunda oleada ha tenido efectos retardados y se ha manifestado en la sentencia que más de una década después de la mayor catástrofe natural vivida en España dice que nadie fue culpable y ni dios podría haber gestionado de otra forma lo, por lo visto, inevitable. El impacto de ambas ha tenido un efecto parejo entre la población que más directamente sufrió el caos. Una sensación de fatalidad guionizada que supera la indignación. El eructo amargo de saber que todo está (estaba) escrito y la Justicia sufre tantas vías de agua, tiene el alma tan oxidada, como el casco de aquel maldito petrolero que tiñó de pesadumbre a todo un país. El fallo judicial, sin embargo, nunca podrá anegar el único valor que descubrió el hundimiento del Prestige: la capacidad de movilización sobre miles de personas que no sabían dónde se ubicaba Muxía o quizá jamás había levantado el culo del sofá, pero se apresuraron a recorrer cientos de kilómetros sin que nadie se lo pidiera para quitar gota a gota el chapapote. Una solidaridad brutal vestida con mascarilla y buzos blancos que reivindica el triunfo de la sociedad civil sobre la memoria del desastre.

Fotografía: Xose Marra

Como explicó José Ignacio Nieto, el inmigrante irregular que acuda desde el 1 de septiembre al médico recibirá después de la consulta una factura que deberá abonar al sistema. Una situación de la que quedan excluidos los menores, la mujeres embarazadas, los casos urgentes y los usuarios incluidos en algún programa de salud público ¿De verdad cree el Ejecutivo regional que va a cobrar esas consultas? Por mucho que el consejero subraye que se intentará facturar el 100% de esas virtuales minutas, evidentemente las posibilidades de hacerlo son mínimas. Por dos razones: uno de los rasgos de la mayoría de irregulares es precisamente su falta de recursos y, además, facilitar sus datos personales abrirá la puerta a la Administración para, sin dilación, localizarle y formalizar una orden de expulsión. La coyuntura remite así, a efectos prácticos, a una expulsión de este colectivo del sistema público.

Detrás de la controvertida medida palpitan razones más económicas que sanitarias. Y Nieto, tampoco lo oculta: “Se trata de ordenar el acceso al sistema sanitario y que la atención de estas personas no las paguen las tarjetas que sí cotizan a la seguridad social”. El razonamiento tiene su público. Sobre todo entre quienes mantienen que los ‘sin papeles’ son responsables en buena medida del colapso económico en que se encuentra el sistema y han colapsado durante años las playas en sus pateras sólo para recibir tratamiento médico gratis.

Sin embargo, la situación admite otras lecturas. Y no hace falta salir del PP para comprobarlo. Galicia ha dictaminado que seguirá atendiendo a los ‘sin papeles’, que no perderán así los derechos que disfrutaban hasta ahora. Para ello, expedirá un documento acreditando que el portador no tiene recursos afianzando esa cosa llamada “solidaridad” con los más desfavorecidos que cotiza tan a la baja en momentos de crisis.

La decisión de Alberto Núñez Feijoó –un profundo conocedor del sistema sanitario como director del Insalud antes de alcanzar la presidencia de la Xunta- deja abierto otra cicatriz, pero esta vez política: ¿considerarán las otras autonomías populares su insumisión tan demencial como la que protagonizó el País Vasco del socialista Patxi López con el copago farmacéutico? Atentos al diagnóstico.

Fotografía: Carlos Rodríguez (Las Provincias)