Francia también acaba de estrenar un nuevo curso escolar que, como sucede aquí en un ritual que se repite cada año, viene marcado por un puñado de cambios. En el caso del país vecino, la principal novedad nada tiene que ver con asuntos estrictamente académicos como la extensión bilingüismo, la apuesta por la FP o la asignatura de religión, que allí hace tiempo se ha entendido que no cabe en las aulas. Lo que marca la diferencia desde ahora en los centros franceses no es de lo que disponen sus alumnos, sino lo que han dejado de tener:dispositivos móviles. Cumpliendo una de sus promesas electorales, Macron ha sacado adelante la Ley que prohibe el uso de teléfonos, tabletas y relojes inteligentes en las escuelas de Primaria y Secundaria hasta los 15 años. La medida no es cualquier cosa. Doce millones de estudiantes franceses no podrán durante el curso pajarear a hurtadillas (o descaradamente) por Internet mientras discurren las clases ante la frustración del profesor y las limitaciones de autoridad para atajar esa proliferación. Está por ver el efecto de la prohibición, porque el nivel de adicción tecnológica entre los chavales que aquí ha reconocido hasta Isabel Celaá es tal que puede suponer un paso decisivo hacia la excelencia educativa o derivar en una masiva revolución de adolescentes con síndrome de abstinencia digital. Francia ha llegado a este punto al constatar que el abuso del móvil disminuye la capacidad de atención del menor, le expone a contenidos violentos y/o pornográficos y aumenta el sedentarismo. Se trata, como ha declarado el ministro galo de Educación, de un mensaje que su país lanza a la sociedad francesa pero también al resto de Europa. Un mensaje rotundo que no puede leerse por WhatsApp.

Las dos sentencias que recientemente han reconocido el derecho de sendas a familias a que sus hijos reciban enseñanza religiosa islámica en los centros de La Rioja donde estudian abre un debate apasionante. En el sentido más plen o del adjetivo. El fallo ha hecho saltar muchas costuras parcheadas hasta ahora con fragilidad. Para empezar, la morosidad que históricamente había mostrado el Gobierno a aplicar una opción que, al margen de cualquier otro matiz, está reconocida por la ley si se cumplen unos requisitos operativos bien definidos e implantada ya en otras comunidades. Pero lo que ahora queda en tela de juicio es sobre todo el papel de la religión en las aulas como asignatura evaluable dentro del currículum. Una disfución a la que se ha venido mirando con los ojos cerrados en favor de una sola confesión (la católica) y sólo cuando otra lo ha reclamado en las mismas condiciones que le ampara la norma empieza a cuestionarse. Ahí emergen también rutinas hasta el momento pasadas por alto, como la negativa de algunos colegios concertados a ofrecer la posibilidad de estudiar valores como alternativa reconocida oficialmente invocando los valores del centro que los padres asumen al formalizar la matrícula. Un argumento que, sin embargo, la Diócesis parece aparcar abriéndose a habilitar la asignatura de religión islámica pese a que la comunidad musulmana en La Rioja no lo contempla entre sus máximos al operar, en una y otra dirección, en el terreno de las creencias. Apasionante.

Fotografía: Justo Rodríguez

Fotografía: Justo Rodríguez

-¿Cuál es la llave para abrir esa puerta del empleo y el crecimiento que sigue atrancada?
-Básicamente, la confianza. La del consumidor y la de los empresarios está bajo mínimos, pero es que la confianza general en el país anda por los suelos. Ello obliga a todos a un ejercicio de responsabilidad.
-¿Serán la Ley de Emprendedores que pergeña el Gobierno central y la que prevé La Rioja parte del antídoto para revertir la situación?
-Desde luego son necesarias ya que los autónomos y emprendedores suponen una parte vital de la economía, representan el 80% del tejido empresarial y son una pieza medular en el autoempleo. A pesar de ello, se topan con problemas que la Ley debe resolver como la reducción de costes, la eliminación de trabas burocráticas, el acceso al crédito con canales alternativos y otros cambios legales. Por ejemplo, no es de recibo que los autónomos deban adelantar este trimestre 250 millones por el IVA de facturas no pagadas.
-¿Dónde queda la “alfombra roja” para los emprendedores y autónomos que acuñó el Gobierno del PP al llegar a La Moncloa?
-El autónomo no quiere “alfombras rojas”: le basta con que no le pongan piedras en el camino. La administración debe ser un aliado y, sin embargo, aún estorba en muchos aspectos. Montar un negocio, por pequeño que sea, exige múltiples certificados y acudir a instituciones diferentes. Y, por otro lado, está la morosidad pública. Sigue habiendo ayuntamientos que pagan a 90 días cuando la Ley marca 30 y no pasa nada, pero cualquier ciudadano cuando comete una infracción se le sanciona inmediatamente. Si no hay empleo como el que fomentan los emprendedores no hay consumo ni, por tanto, recaudación. Es una espiral que demuestra que si se sigue asfixiando a quienes generan empleo se estrangula a toda la economía.

-¿Son suficientes la reformas adoptadas hasta el momento? ¿De qué forma medidas como, por ejemplo, el plan de pago a proveedores han permitido algún avance?
-Las medidas que se han adoptado hasta ahora, nos guste o no, han salvado de la quiebra al país. Y medidas como el plan de pago a proveedores han sido una de las más importantes para la economía nacional desde el inicio de la crisis. El problema es que justo después se implementó la subida del IVA que ha sido un hachazo para el consumo y, por otra parte, sólo se contemplaba cubrir las facturas anteriores al 1 de enero del 2012 cuando tras esa fecha se ha ido generando otra vez una situación de morosidad importante. Y, como remate, la asignatura pendiente de la financiación con un dato elocuente del Banco de España: mientras el crédito a las administraciones crece el 19%, el de las empresas y autónomos cae el 8,5%.
-¿También la controvertida Reforma Laboral ha ayudado?
-A los autónomos no nos ha ido mal con ella, y en el 2012 nuestro colectivo generó 74.000 empleos netos. Una reforma de este tipo no crea ni destruye puestos de trabajo en sí misma, sino que fija un marco de relaciones que puede utilizarse de forma perversa o ayudar. Así ha sido en el caso de lo autónomos, donde de la alternativa de indemnizar con 45 días o cerrar se ha pasado a una flexibilidad que, además, ha facilitado una complicidad entre el pequeño empresario y sus trabajadores con un fin común: mantener la actividad por el beneficio de ambos.
-¿Se conseguirá con todo ello recuperar algo el rumbo el próximo año como vaticina el Gobierno?
-Igual que en el 2007 la estadística reflejaba la crisis pero la economía real no lo percibió hasta un año después. Es posible que en el 2014 los indicadores mejoren aunque tardaremos en ver sus efectos en el día a día. La crisis está siendo dura y hay una cosa clara: los problemas del futuro no se solucionan con recetas del pasado. Se necesitan a veces medidas innovadores e incluso habrá que romper algunos tabúes.
-¿Por ejemplo?
-Reformar el sistema de pensiones para buscar su sostenibilidad y contener la base de ese gran sistema piramidal. Además, teniendo en cuenta que el problema de España es de gasto y no de ingresos, tocar el capítulo I de las administraciones. No digo que sobren funcionarios ni que haya que recortar en Sanidad y Educación, sino que la Administración exige una honda reestructuración.

Fotografía: Miguel Herreros

No haga caso de las insidias que quizá publiquen los periódicos de su país. Los servicios públicos son envidiables y en vez de recortes sólo hay algún ajustecillo de nada. Tampoco crea que aquí a los inmigrantes se les trata con desdén. No se trague eso de que les achacamos que vengan en pateras sólo para parir y aprovecharse de nuestra soberbia Educación, disfrutar gratis del médico, aumentar la inseguridad ciudadana. Qué va. Esos son los que vienen a pelarse de frío recogiendo fruta. O peor, cuidando a nuestros viejos. Pero su caso es distinto, amigo inmigrante. A usted le daremos la nacionalidad. Si, como lo oye.  Sólo le pedimos un nimio favor a cambio: que compre una casa. Una cualquiera de más de 160.000 euros de esas que hicimos a tutiplén cuando los bancos eran unas ONG del beneficio propio y el crédito fácil. Un piso con garaje, dos trastero trasteros para no tener nada que guardar, piscina comunitaria y vistas a alguna autopista por la que ya no circula casi nadie. Para facilitar su decisión, también le regalaremos el felpudo para su nuevo hogar. Una preciosa tira de rafia que mandaremos tejer a cualquier compatriota suyo sin papeles ni casa ni tanto dinero como usted.

De vuelta a casa, sobre todo en la última etapa, la exdefensora riojana se topaba de frente con todo lo contrario: cuestionamientos sobre su papel, críticas de despilfarro, llamadas soterradas a recortar sus recursos, disminución del presupuesto de la oficina. Y todo ello, envuelto paradójicamente con halagos a su figura y una alta valoración pública. La situación se volvió insostenible. María Bueyo no soportó la interinidad a la que se le sometió tras cumplir los cinco años de mandato, y con su currículum no le resultó nada difícil encontrar un puesto de relumbrón en el Ministerio de Economía renunciando así a una virtual renovación por otro quinquenio.

Con su marcha, dejó la decisión de mantener la Defensoría en el alero del Parlamento y los mismos grupos que en el 2006 la nombraron con todo el boato. Esos partidos, encabezados por la mayoría del PP, que han dejado pasar ampliamente el plazo para encontrar un sustituto y que acaban de moverse pactando entre populares y socialistas la reforma de la Ley con un objetivo: menguar al máximo la figura. Por un lado, abriendo la opción de que alguien pueda ocupar el puesto a tiempo parcial al rebajar el nivel de incompatibilidades y, por otro, jibarizando su asignación.

El PSOE se ha sumado a la propuesta argumentado que la alternativa a esa reducción al mínimo era la desaparición. UPR se opone -“para dejarlo en casi nada, mejor eliminarla”- y el PP busca se empeña en estirar los tiempos. Quizás para encontrar un candidato que se acomode a un segundo plato amargo y casi invisible; tal vez para pulsar la opinión pública, cuadrar las cuentas y dentro de unos meses cerrar la institución sin ruido ni protestas.

Todo está dispuesto para que la Defensoría mengüe. El escenario queda diseñado para metamorfosearse en otro caso de invisibilidad como el del Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja. Los siete colaboradores de que disponía María Bueyo se han quedado en dos auxiliares administrativos y un letrado -el otro ha pasado a ocupar plaza en el propio Parlamento- que esperan también conocer su futuro y el de la institución sobre una reforma legal que no oculta sus pretensiones: “La situación actual de incompatibilidad absoluta con el ejercicio de cualquier actividad implica que la Comunidad Autónoma debe renunciar de inicio al talento, la capacidad y la experiencia precisos para la protección de los derechos de los ciudadanos riojanos”.

¿Significa eso que Díez Jalón no contaba con el talento suficiente? Más bien parece que su capacidad era excesiva para lo que La Rioja quiere, puede o merece.

Fotografía: Justo Rodríguez