Ana Mato no sabía nada.  Llegaba el cumpleaños de sus hijos y, como cualquier madre, se afanaba por organizar la mejor fiesta posible junto a sus compañeritos de clases con globos, payasos, chucherías y tal vez emparedados de Nocilla. Cuando sacaba un hueco entre sus intervenciones en el Congreso, la exministra se encargaba seguramente de contactar con el resto de padres. Hacía una lista de posibles invitados –esta sí, porque vais juntos a clase de pádel; este no, que es un pegón y dice palabrotas–, dibujaba por la noche las invitaciones con rotuladores de brillantina y ponía una nota al pie de las cartulinas de colores: se ruega confirmación. Del resto del evento, ni mu. Los gastos corrían a cargo de otra persona. Concretamente, del señor Sepúlveda. Sentada en el banquillo, a preguntas sobre los regalos de Correa y compañía, Mato habla de su exmarido como un intruso. Un alien tan ajeno y respetable que no merece ser llamado por su nombre sino con el título de señor. Ella se encargaba de la logística, pero las facturas las pagaba no sabe cómo aquel extraño. Que fuese entonces su marido es irrelevante. El suyo no era una hogar, sino una empresa mercantil. En vez de cohabitar en un dormitorio, coincidían en su particular consejo de administración doméstico. Lo más escalofriante del testimonio de Mato no es su dejadez por el dinero, que por un hijo se hace todo, sino la gélida distancia con la que habla del que con un día casó. Si a usted en casa dejan de tutearle, vaya haciéndose a la idea de que ya es un don (o una doña) nadie.

Fotografía: EFE

-¿Es justa y necesaria la implantación del copago farmacéutico?
-Había que hacer ajustes, pero dudo mucho que el ahorro que se propone pueda arreglar el problema de sostenibilidad. Es mejor buscar otro tipo de soluciones que la de gravar a un colectivo como el de los pensionistas al que le va costar un gran esfuerzo y puede tener repercusiones en el ámbito de su salud. El copago era la última de las soluciones; antes había otras alternativas de carácter organizativo, empezando por poner en marcha un sistema público de subasta de medicamentos.
-El PP sostiene que era imprescindible para garantizar el mantenimiento del sistema.
-España está en el 6,5% del gasto del PIB en salud según el último informe de la OCDE, tres puntos aún por debajo de la media de la UE. Es, además, un sistema de gran accesibilidad y con una amplia cartera de servicios. Por lo tanto, el modelo es sostenible y España puede permitirse mantener ese coste. Lo que ocurre es que con la crisis hay que restringir el gasto público, por un lado dotando de más ingresos al sistema público de salud y por otro, con ajustes. Eso puede hacerse sin necesidad de aplicar el copago. ¿Qué puede ahorrar? ¿400 millones a lo sumo en un gasto global que ronda los 70.000? Hay otras alternativas.
-Pero el copago farmacéutico siempre ha estado sobre la mesa, y sólo ahora se ha dado el paso.
-Siempre se ha suscitado ese debato, sobre todo por ciertos grupos. En unos países se introdujo el copago desde el inicio del sistema, y en otros donde se ha aplicado posteriormente como en Portugal se ha visto que no ha caído el gasto en salud sino que se ha incrementado incumpliendo así el objetivo de sostenibilidad. Pero es que además en España no va a suponer una inyección para el sistema, porque lo que se ahorre en medicinas no va a repercutir en el sistema nacional de salud. El PP tiene que hablar claro: se ha hecho para intentar reducir el déficit público de la administración.

-¿Es justo que el País Vasco opte por no aplicar el real decreto?
-Creo que es una decisión acertada. El Gobierno de Patxi López ha dicho que puede asumir la parte que tendrían que pagar los pensionistas vascos. Ha hecho sus cálculos, ve que pueden asumir la diferencia y, dentro del ejercicio de su autonomía, se ha opuesto el copago en línea con la creencia del PSOE de que es injusto e ineficaz.
-¿No se crea así una asimetría en el sistema pareja a la que se suscitó con la asistencia especializada de alaveses en el San Pedro de Logroño?
-En La Rioja, con todos mis respetos, veo una tendencia a buscar una posición victimista en relación a Euskadi. Esas cuestiones de frontera las he vivido como ministra en otras muchas comunidades, y siempre se han buscado mecanismos de compensación. La cuestión no es exacerbar un sentimiento de víctima en un lado u otro sino que seamos capaces, dentro del sistema público de salud, de buscar un equilibrio para preservar derechos y servicios. En el caso que usted alude se firmó un acuerdo, y todo el mundo supo que era justo, equitativo y solventaba los problemas. Ahora lo que pasa es que el Gobierno vasco va a pagar las medicinas a sus pensionistas , pero no es Euskadi quien crea una situación de desigualdad que sí creó, por ejemplo, el Gobierno catalán al aplicar un euro por receta con el apoyo del PP.
-Cuando en su día Madrid barajó desoír la Ley Antitabaco, el PSOE le acusó de quebrar el sistema.
-Se suscitó el debate, pero Madrid al final la acató. La diferencia es que aquella fue una ley adoptada por razones de salud pública, mientras que el País Vasco recurre ahora el real decreto arguyendo invasión de competencias autonómica y la convicción de que es inconstitucional porque iría contra tres leyes que consagran la universalidad y el acceso a las prestaciones sanitarias.
-¿Cree, en cualquier caso, que el copago farmacéutico puede ser la antesala de otro de más alcance?
-El Real Decreto Ley no sólo fija un sistema de aseguramiento y el cobro a los pensionistas sino que también prevé desarrollar el copago para prótesis externas y transporte no urgente. Además, en vez de hablar de una cartera básica más reducida se prevé otra accesoria y una tercera complementaria en función de la capacidad de gasto de cada comunidad introduciendo así una derivada de desigualdad en el territorio. Mi impresión es que éste es un primer paso para abrir la puerta al copago en servicios y prestaciones sanitarios, cuando la enfermedad no es una elección y se habla de ello con frivolidad. Mi temor es que se deje abierta la puerta a la entrada del sector privado con medidas que incentivan a la gente a suscribir seguros particulares.

Fotografía: Justo Rodríguez

Las razones de esa sobredimensión hay que buscarlas en su madre. Si no se llamara Carme Charcón, fuera mujer, joven (más o menos), catalana, pacifista confesa, ministra y estuviera al frente de un departamento como Defensa, la cosa hubiera pasado desapercibida.
Su nombramiento ya fue una patada en el tobillo de todos los prejuicios por encarnar imagen antagónica al cliché tradicional de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, de todos los atributivos que llevó consigo Chacón al cargo, el de embarazada es (era) el más llamativo. A más de uno se le atascaba la saliva al tragar cuando la veía pasando revista. Mientras los gerifaltes sacaban pecho frente a la bandera, Chacón mostraba barriga. Sus predecesores iban escoltados de militares cuajados de galones; a ella le rodeaba un equipo de pediatras y ginecólogos.

Ahora, o más bien cuando se reincorpore de la baja maternal, todo cambiará. Para ella, digo. En cada nuevo viaje oficial que haga, Carme tendrá la oportunidad de traer al chiquillo un kalasnikov de madera. Si el crío se niega a comer la papilla, su madre le formará un consejo de guerra. Para los demás todo seguirá igual. Quienes sienten vómitos al verla ante las tropas no atajarán las arcadas. Sus colegas masculinos del Consejo de Ministros también tendrán la seguridad de que, cuando tengan un hijo, nadie se enterará porque ni se llaman Carme, ni son mujeres y, sobre todo, no cambian la corbata por la guerrera caqui cuando salen de visita.