Ahora que está a punto de escribirse el futuro conviene leer el pasado. En el cajón de las muchas tareas que han quedado inconclusas en el Parlamento está la reforma de la Ley Electoral de La Rioja. Ciudadanos lo incluyó con mucho bombo como condición inexcusable en el acuerdo con que facilitó la continuidad del PP. Incluso puso fecha para materializar su exigencia: los dos primeros años de la legislatura que arrancó en julio del 2015. Han pasado los cuatro y todo ha quedado en nada, aunque el incumplimiento del plazo tampoco fue óbice para mantener su apoyo a Ceniceros hasta que el olor a urnas hizo votar en contra de los últimos Presupuestos. Actualizar la norma que rige los comicios autonómicos era en realidad un eufemismo, porque el interés residía casi exclusivamente en variar el techo necesario para obtener representación en el hemiciclo. Que el 5% de los votos que ahora se exigen bajase al 3% con el argumento de permitir todas las voces. Todos los partidos se sumaron a la misma idea, no fuera a ser que les tildaran de enemigos de la pluralidad. La incapacidad por concretar la reforma no impidió que por la Cámara fueran pasando una legión de expertos a los que se les parecía exigir decir lo que sus señorías querían oír. Aunque algunos se atrevieron a advertir de que la mengua del umbral no cambiaría sustancialmente el escenario y alentaría, por el contrario, ‘partidos de oportunidad’ sin un sustrato ideológico cuyo único afán sería obtener eco mediático y laminar a otras siglas. El eco de Vox, la nonata candidatura ‘Ganar La Rioja’ o la suma menguante de Unidas Podemos confirman que ante lo mejorable siempre hay algo peor y que un Parlamento con tiempo y recursos limitados debe atender a quien sabe, priorizar necesidades reales.

Fotografía: Díaz Uriel

Que la Ley está hecha para cumplirse es una sentencia tan rotunda como líquida. Los ejemplos de cómo la norma se obvia, circunvala e incluso se contraviene en función del interés o interpretaciones espurias (léase con acento catalán) son tan abundantes que cuando es efectivamente acatada toma el rango de noticia. La Ley 52/2007 de Memoria Histórica es uno de esos textos acordados solemnemente que desde su aprobación ha sufrido un oprobio que habla mal de la democracia que lo gestó. En La Rioja, la laxitud en su cumplimiento había estado además afeada por otro hito: la declaración institucional bendecida por el Parlamento en mayo del 2006 de solidaridad con las víctimas y los familiares de la Guerra Civil en la comunidad autónoma y que hasta el año pasado había quedado en el limbo de las intenciones incumplidas. En ese contexto, la progresiva materialización de la proposición sancionada en abril del año pasado por el mismo hemiciclo (con la abstención del PP) instando a cumplir las Ley de Memoria Histórica y resarcir a las víctimas de aquella época tan ténebre merece un aplauso más sonoro que cualquier ideología. A la petición formal del Gobierno regional a los ayuntamientos para homenajear a los damnificados y sus familiares se suma ahora la creación del Consejo Asesor que tendrá la compleja tarea de que la norma siga la guía del consenso e impulsar, por fin, un catálogo de vestigios franquistas como prólogo para desterrar de tantos pueblos riojanos tantos símbolos anacrónicos.

Fotografía: Justo Rodríguez

El discurso tan en boga de reconocer la voz al pueblo y tal olvida a veces los (escasos) mecanismos ya existentes para que inquietudes ciudadanas puedan tomar forma al más alto nivel y la demanda de empoderamiento se vea, al menos parcialmente, satisfecha. El Parlamento de La Rioja contempla desde 1985 un procedimiento denominado Iniciativa Legislativa Popular. Como su propio nombre indica, abre la vía a que un colectivo traslade a la Cámara la posibilidad de impulsar una normativa concreta. Basta con justificar jurídicamente la oportunidad de la ley y su constitucionalidad, vigilar que se ciña a competencias autonómicas y, eso sí, recabar al menos 6.000 firmas que visualicen que no es el capricho de unos pocos sino el afán de un amplio sector social. Una vez admitida a trámite, la ILP debe ser tomada en consideración por la mayoría del hemiciclo y, si pasa ese filtro, empezar a tramitarse. Sin embargo, desde que existe la opción sólo ha llegado al final del camino un texto de apoyo a la mujer embarazada que recabó todos los parabienes. Y fue en junio del 2012. Por contra, sólo en el último año se han puesto dos en marcha: una de protección animal y otra para la promoción de la tauromaquia. Su debate está envuelto en una polémica mayúscula, con informes jurídicos contrapuestos incluidos, y una fuerte polarización que amenaza con mermar las virtudes de una fórmula idónea para avanzar en la democracia efectiva. Porque esto no se trata sólo de una lucha entre taurinos y animalistas, ¿verdad?

Fotografía: Justo Rodríguez

Decidí dejar de tomar la N-232 una mañana de invierno hace una eternidad. Manejaba un Ford Fiesta de segunda mano heredado de no sé de quién y tenía que viajar a La Rioja Baja tampoco recuerdo para qué. El caso es que llovía. Y con ganas. A la habitual romería de camiones se unía una multitud de turismos urgidos de llegar a su destino. El que más prisa llevaba era el que vi de pronto frente a mí. Unos metros más allá del limpiaparabrisas que no daba abasto para retirar la manta de agua, el coche estaba en plena maniobra de adelantamiento no de uno, sino de dos traílers a la vez. Se me heló la sangre al atisbarlo entre la bruma. Como en esas películas de ciencia ficción donde el tiempo se dilata y el espacio se contrae, clavé los dedos en el volante, apreté los ojos y me metí en el arcén en el momento justo que el kamikaze volvía a su carril. Por un instante y con el corazón aún en vilo, me imaginé en las portadas de los periódicos del día siguiente. Yacía debajo de la manta con que se cubren los cadáveres antes de que lleguen las asistencias sanitarias, al lado de un amasijo de hierros que una vez había sido mi viejo coche. La información se completaba con una sarta de declaraciones donde los partidos se culpaban mutuamente del colapso de la nacional y el retraso para liberar la AP-68 prometiendo (otra vez) fechas límite para atajar la sangría. Como esta semana se ha oído en el Parlamento, tantos años después la vida sigue igual excepto para quienes continúan muriendo en la N-232.

Fotografía: Miguel Herreros

La propuesta de resolución aprobada por el Parlamento regional que instaba a suspender el desarrollo Lomce en La Rioja nació muerta. Desde el minuto uno después ser aprobada por la mayoría de la oposición con el rechazo del PP, la Consejería ya anticipó que su aplicación era inviable al tratarse de una Ley Orgánica y las competencias de la comunidad en este ámbito, limitadas. La opinión vino acompañada del mismo aderezo con que se aliñan tantas disputas políticas en el hemiciclo: la petición de un informe jurí- dico que demarcase los límites legales de la cuestión. Nadie dudaba de que el texto avalaría la posición del Ejecutivo regional. Tampoco al portavoz de Ciudadanos, que en el último pleno donde se interrogó a Abel Bayo sobre el resultado del informe que ayer dio a conocer, lo dejó caer con ironía. «Qué curioso que siempre que el Gobierno reclama un informe jurídico siempre le da la razón», dijo Diego Ubis pensando quizá para sus adentros en la intención de su grupo, también abortada en su momento por otro informe jurídico, de impedir que el Parlamento renovara a Pedro Sanz su acta de senador autonómico. Una coyuntura que, más allá del recurrente recurso a la legalidad cuando las cuerdas se tensan, visualiza el bucle que vive el actual Parlamento donde la ausencia de mayoría absoluta conduce a un consenso casi rutinario pero que pocas veces toma tierra en acciones concretas. Es probable que usted no comparta lo que acabo de escribir, pero da igual: tengo un informe jurídico que confirma que yo tengo razón.

Un pacto en política es como una cena recalentada. A falta de un menú más nutritivo o algún otro manjar guardado en la nevera, el gobernante extiende sobre el atril del hemiciclo un pacto cualquiera con la textura de esas croquetas que ayer estaban crujientes y hoy son una bola blandurria de besamel. No tienen sabor ni consistencia, pero quizás el comensal invitado tenga tanta hambre y obligación de empatizar que acepte un menú revenido. Los pactos son tan livianos y baratos que admiten cualquier sabor. Los hay en infraestructuras, en sanidad, en financiación autonómica, en la reforma del Estatuto, en la gestión demográfica. Acuerdos domésticos en forma de aperitivo y acuerdos región tamaño XXL. En el último Debate sobre el Estado de la Región, José Ignacio Ceniceros planteó cinco. Podrían haber sido diez. O veinte. O dos y medio. Un pacto contra las dobles filas, otro para evitar las despedidas de solteros, alguno en favor de los cardos sin espinas. Nunca hay suficientes para saciar el estómago, pero rellenan de forma muy aparente un plato institucional. En las mayorías absolutas cambian las tornas. El Gobierno impone lo que hay que tragar y es la oposición, escuálida y sin acceso a las cocinas, la que oferta pactos para significarse. En ambos casos, lo de menos es consensuar nada. Sólo valen para retratar al otro. Afearle por rechazar esa gran masa de carne que se hace bola al hincar el diente y finalmente queda tan flácida que acaba en el cubo de la basura orgánica.

Ciudadanos ha perdido la confianza en Pedro Sanz. Aunque aritméticamente nunca la tuvo al 100%. Cuando tras firmar el pacto de investidura en favor de José Ignacio Ceniceros llegó el turno de designar al senador autonómico, el PP propuso a Sanz. Y el partido naranja, que seguía arrogándose haber echado al presidente de La Rioja durante 20 años mientras el aludido les desmentía, lo apoyó a medias. Fue una estrategia de equidistancia que con el paso de los meses se mostró habitual en la posición de C’s: sí, pero no. U otras veces, no pero sí. Dos de sus diputados se abstuvieron en la votación y los otros dos le respaldaron para forjar con los escaños del PP una mayoría mínima pero suficiente para que el de Igea llegara a la Cámara Alta. Un año y dos elecciones generales después, el crédito que C’s había depositado en Sanz se ha agotado, aunque el interesado reeditará igualmente su escaño con la maleta, eso sí, cargada de un enfado mayúsculo con la actitud del partido que sustenta al Gobierno que ya no preside. ¿Son suficientes las justificaciones de Ciudadanos para generar una crisis de consecuencias inciertas? En la gatera se antojan otras razones que el tiempo revelará. Quizás, el afán de hurgar en las diferencias que laten dentro del PP. Tal vez un gesto para focalizar por fin la atención lejos de sus propias polémicas. O simplemente, hacer ruido para forjar una identidad propia y espantar el peor mal que puede amenazar a un partido: la intrascendencia.

Fotografía: Justo Rodríguez

–¿Cómo se entiende que usted sea la nueva portavoz cuando ya había dos adjuntos?
–Una vez que Carlos Cuevas dejaba de ser portavoz se eligió uno nuevo, sin más. El reglamento no establece que deban serlo necesariamente alguno de los adjuntos.
–¿Y qué ha pesado para elegirle?
–Supongo que mi trayectoria profesional, el bagaje político, la gestión desde el 2003 en el Gobierno en áreas como empleo, comercio, relaciones laborales, industria, hacienda o administraciones públicas y haber sido ya diputada.
–El hecho es que después de que Ceniceros no contara con usted para el nuevo gobierno regional había quedado ‘descolgada’.
–Yo entré a formar parte de un equipo con el presidente Pedro Sanz en el que trabajé intensamente y muy a gusto. Ese proyecto acabó y arrancó otro con personas de confianza de quien lo lidera. Eso es todo. Siempre he dicho que la política es un trabajo temporal en la que tú eres un empleado eventual.
–¿Significa eso que Ceniceros no confía en usted? Algunos consejeros continuaron en el Ejecutivo y muchos creían que usted también encajaba en ese nuevo tiempo.
–Eso lo dice usted, no yo. Puede dar las vueltas que quiera al argumento, pero lo cierto en que he tenido muy buena relación con José Ignacio mientras fue presidente del Parlamento y la sigo teniendo.
–De las tres liberaciones que corresponden al PP (además del portavoz) el partido le atribuyó una al inicio de legislatura ¿Ha sido una manera de ‘pagarle’ hasta otorgarle ahora la portavocía?
–Me parece una interpretación cuando menos excesiva. Antes de entrar en el Gobierno trabajé en la UR, tenía mi despacho profesional, colaboraba en la Fundación de la Universidad… Le aseguro que mis ingresos eran muy superiores a los que he tenido en la política.
–¿Qué estrategia se ha fijado ahora que el PP pende del voto de C’s?
–El proyecto del PP es el mismo porque es el mejor para La Rioja. Y basta ver cómo estaba la comunidad en 1995 y cómo está ahora. Sin embargo, la situación política ha cambiado no sólo no sólo en La Rioja sino en España y eso obliga a una actividad parlamentaria en permanente diálogo. El objetivo es buscar el máximo grado de consenso para adoptar las políticas públicas que más beneficien a los riojanos.
–¿Cómo es posible una mutación tan brusca del ‘rodillo’ de la mayoría absoluta durante 20 años a la apelación constante al diálogo?
–No es que haya habido ningún cambio brusco, sino que la actitud de la oposición no tienen nada que ver con la de otras legislaturas. En los años que llevo en el hemiciclo he llegado a ver situaciones hasta de provocación y negativa sistemática al acuerdo.
–¿Ni una pizca de autocrítica?
–Por supuesto que habremos hecho cosas mal. El único que no hace nada mal es que el no hace nada. Y cuanto más haces, más riesgo tienes de equivocarte. Si hay que pedir perdón, se pide. No pasa nada.
–¿Forma usted parte del proceso de renovación de rostros que el partido parece estar operando?
–Quizás los periodistas tengan una visión más singular al respecto, pero desde luego no ha habido un casting de caras ni nada parecido. El PP es un partido grande con mucha disponibilidad de personas que siempre busca a las que más pueden aportar en un momento determinado.
–Sobre algunos disponibles pesa la sombra de los 200.000 euros de los “papeles” de Bárcenas.
–Yo no tengo nada reprochable. Y si fuera así sería la primera en dar un paso atrás antes de perjudicar un proyecto en el que creo de verdad.

Fotografía: Justo Rodríguez

La Rioja reabrirá Atención Primaria a los inmigrantes irregulares, zanjando así una cuestión insostenible en un escenario global después de que el  Real Decreto 16/2012 atrancara la puerta de acceso al sistema sanitario básico a los ‘sin papeles’ invocando razones económicas. La decisión, gestionada aquí de la mano de Cruz Roja y Cáritas, alinea a la comunidad entre las que han dado el paso para revertir la coyuntura no sólo por razones de solidaridad sino de salud pública para el conjunto de la población. Y de paso, demostrar cómo la voluntad política es capaz de superar presuntas trabas administrativas y/o partidistas dejando en el camino una estela de contradicciones. Por ejemplo, el discurso defendido hasta hace cinco minutos de que se ha atendido con normalidad a cualquier irregular más allá de las restricciones impuestas, o que La Rioja se sumaría al criterio que se unificara para todos los territorios. Si ahora se entornan las puertas de Primaria es que antes estaban cerradas; y si ahora no representa una alteración «significativa» de la organización y la sostenibilidad sanitarias, cuesta entender por qué sí lo era la anterior legislatura aunque tampoco haya noticias de que todas las comunidades vayan a seguir un patrón unívoco. Con esas claves, no resulta inocente que la atención a este colectivo copara el debate del primer pleno de un Parlamento sin mayoría absoluta. Ni tampoco que haya sido la primera medida de alcance solemnizada por el sucesor de Sanz.

Fotografía: Juan Marín

La reforma del Estatuto de Autonomía es como esa vajilla de porcelana delicada y cara que la familia hereda de la abuela y se guarda en un armario acristalado para exhibirlo sin que se deteriore. El conjunto es tan pomposo y frágil que se decreta utilizarlo sólo para las grandes ocasiones. Cuando llega un evento de postín que invita a desempolvarlo, uno se pregunta que para qué sacarlo de su sitio si se puede resquebrajar y en realidad es incomodísimo. Finalmente se decide seguir usando el menaje diario de batalla, así que la vajilla permanece incólume en su rincón con la promesa de que el próximo aniversario se celebrará con un caldo de marisco servido en esa barroca sopera con su cacito a juego. José Ignacio Ceniceros acaba de proponer con la grandilocuencia que precede a una mayoría obligada que por fin se reforme el Estatuto. El anuncio tendría el sabor dulzón de la nueva política si no fuera porque Pedro Sanz hizo la misma declaración de intenciones en el 2004, la repitió en cada legislatura y siempre encalló en un barrizal de grupos de estudio, comisiones, ponencias, propuestas y acusaciones mutuas entre PP y PSOE con la excusa final de que ni había prisa ni era un asunto que la gente pidiera a gritos por la calle. Tantos años han pasado que asuntos capitales al inicio como si el texto debería definir La Rioja como nacionalidad histórica suenan anacrónicos ante la intención ahora de cambiar la Ley electoral o menguar el Parlamento. Será que esta vez sí. O quizás no. A ver si va a romperse algo.