-Hace cuatro años se alzó con la presidencia abanderando una renovación total de la gestión Alfredo Milazzo. ¿Se ha logrado el reto?
-En aquel momento nos comprometimos a que fuera el Colegio de todos los médicos, y así lo hemos hecho. Ahí está la cantidad de cursos de formación continua y otras medidas como la creación de un observatorio de agresiones a los profesionales, el apoyo jurídico a los afectados, el programa de atención integral al médico enfermo o la gran colaboración con las sociedades científicas y de pacientes. Además se ha cumplido con la reforma de los estatutos para hacer por fin una gestión absolutamente transparente tanto de las cuentas como del procedimiento electoral.
-Una de la diferencias respecto a entonces es el cambio de contexto y la crisis que alcanza también al ámbito sanitario.
-Vivimos un momento difícil en toda España, que no deja más remedio que ajustar recursos. En La Rioja, la limitación de presupuestos para la sanidad no ha sido tan agresiva como en otras regiones y ha afectado a los médicos, sobre todo, en su masa salarial. Aun con ello, todos los problemas que han planteado los colegiados a la junta siempre han estado relacionados con el desarrollo de su profesión y cómo pueden colaborar en hacer más eficiente el sistema. La actual coyuntura no están teniendo una repercusión en la calidad asistencial de los actos médicos gracias a la responsabilidad de los profesionales.
-La visión de los sindicatos es en general mucho más dramática.
-Respeto todas las opiniones pero ya le digo que, a nivel colectivo, el interés de los médicos se centra en lo que afecta al desarrollo de su actividad y el mantenimiento de la calidad en la asistencia.
-Hay voces que entienden que la posición del Colegio ha sido excesivamente tibia.
-¿En qué sentido?
-En que el colectivo médico es un puntal en el sistema sanitario y no se ha expresado de forma rotunda en temas clave en La Rioja.
-Quizás no hemos sido mediáticamente ruidoso, pero le aseguro que hemos trabajado muy intensamente desde dentro poniendo sobre la mesa de la administración las preocupaciones trasmitidas por los colegiados y tomando, cuando así lo requería, una oposición fuerte. Pero lo cierto es que no somos responsable de la política sanitaria ni de los acuerdos sindicales. Nuestro ámbito es otro: el de garantizar que los actos médicos sean buenos y de calidad, como así está siendo. Siempre hemos tenido los oídos muy abiertos a las quejas de una forma prudente y siendo muy exquisitos, sin tratar de alertar a la población.
-¿No ha podido interferir su cargo en el San Pedro en la autonomía como presidenta del Colegio?
-En absoluto. El 85% de los médicos trabaja en la administración en diferentes responsabilidades y mi cargo no sólo no es incompatible por estatutos, sino que resulta positivo para la profesión por las sinergias que crea. La mayor prueba de que mis compañeros lo ven así es que han revalidado mi presidencia.

inmaculada martinez

-¿Cuál es, por ejemplo, la posición del Colegio en la eliminación de médicos de las áreas rurales?
-Que era necesaria. Había unanimidad por parte de toda la Primaria, y de hecho hacía siete años que esa reestructuración estaba planteada. Lo que no gustó en su momento fueron las formas y la precipitación en llevarla a cabo. Hubo al respecto muchísimas reuniones y algún desencuentro, y al final la institución apoyó a sus colegiados.
-¿Y en el copago farmacéutico?
-No estamos de acuerdo dado que la sanidad se paga vía impuestos, y una fórmula así supone en realidad un repago aunque, al menos, se ha fijado un sistema de tramos en función de la renta. En cualquier caso, los médicos tenemos poco que decir porque es una Ley estatal y es un hecho que la medida ha rebajado muchísimo el gasto farmacéutico y los precios de los laboratorios y ha impuesto un uso más racional.
-¿Cómo enfrentan los médicos riojanos la limitación en la atención a inmigrantes sin papeles?
-Se trata de una imposición legal. Que sea justo o no es otro debate. La obligación del médico es atender, pero es la administración la que decide a quién y cómo. En este sentido, la objeción de conciencia planteada por entes como la Semfyc y en la que hay inscritos algunos médicos riojanos carece validez jurídica.
-Una de las principales críticas sobre la gestión de la Consejería se refiere a la reducción de personal.
-Lo que hay es una constricción de la contratación sin reponer, por ejemplo, el personal jubilado.
-¿No redunda eso en la calidad?
-Está por ver si afecta a largo plazo pero ahora, desde luego, la situación se compensa gracias al aumento del horario y el empeño de todos los profesionales.
-Pero el tiempo de espera en las listas quirúrgicas se ha elevado.
-Eso no es algo estructural, sino que fluctúa según la demanda. No es un dato determinante y, en todo caso, ni médicos ni usuarios nos han expresado quejas al respecto.
-Otra de las inquietudes que sobrevuela es la privatización y el futuro del Hospital de Calahorra.
-La preocupación transmitida por estos compañeros no es otra que se mantenga la misma calidad y prestaciones que ahora para los usuarios de La Rioja Baja. ¿En cuanto a la colaboración público/privada? El Colegio no está en contra. Dése cuenta de que tenemos colegiados en ambos ámbitos y nuestra labor es certificar que están cualificados.
-¿Aunque se rebaje, como todo apunta, la plantilla actual?
-La relación coste/beneficio y la gestión que pretendan hacer no incumbe al Colegio mientras no afecte a la satisfacción del paciente y el desarrollo de la profesión. La Administración verá. Desde luego, médicos no sobran en Calahorra.
-¿Incluye esa relación el dinero público que recibe Los Manzanos?
-La colaboración con la sanidad privada es normal en ciertos servicios que complementan a la pública.

-¿Es la reforma de la Ley de Régimen Local que prevé la fusión de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes la antesala de un nuevo mapa municipal?
-Es una chapuza hecha por quien desconoce el funcionamiento de los ayuntamientos. Y no lo dice sólo el PSOE y el resto de partidos, sino muchos sectores en el PP de puertas adentro. Nosotros compartimos que esta Ley de 1985 necesita una revisión. Pero una reforma que aborde de verdad los problemas de los consistorios, y no una modificación en sólo 15 artículos que sólo prevé una intervención de los ayuntamientos con el objetivo final de privatizar servicios “golosos” como la gestión del agua, los residuos o los servicios sociales que se prestan desde las corporaciones locales violando la autonomía municipal y, sobre todo, perjudicando seriamente a los ciudadanos. Si algún ayuntamiento se quiere fusionar, que lo haga, pero no manu militari como en las últimas épocas del franquismo por oscuros intereses.
-El Gobierno sostiene que su aplicación y la virtual fusión de municipios aliviaría parte de la deuda.
-Una vez más, a Montoro no le salen las cuentas. Habla de 3.500 millones ahorro, cuando no se corresponde en absoluto con la realidad. Al igual que sucede, por cierto, con la amnistía fiscal a los defraudadores. La deuda en España está en torno a los 900.000 millones, de los que sólo 28.000 son de las entidades locales. Y esa cantidad tiene nombre y apellidos: los ayuntamientos de Madrid, Valencia y Barcelona. Intentar “criminalizar” a la totalidad de los municipios y hacerles responsables de la deuda y el déficit es muy grave porque la mayoría son pueblos pequeños y tienen cuadradas sus cuentas. Prueba de ello es que sólo el 30% se acogió al plan de pago a proveedores.
-El debate es propicio a dar una imagen idílica y altruista de las corporaciones, pero muchas ayudaron a hinchar la burbuja inmobiliaria con infraestructuras desmesuradas y hasta inútiles.
-Es cierto que los ayuntamientos vieron en la construcción una fuente importante de ingresos. Los que cifraron toda su estrategia en el ladrillo y pensaron que esa coyuntural iba a ser estructural cometieron un grave error que se concentró, sobre todo, en grandes ciudades y municipios de la costa. Los que por el contrario lo asumieron como algo puntual y ajustaron sus presupuestos de forma rigurosa se encuentran hoy razonablemente saneados. Cada cual, por tanto, debe asumir sus propias responsabilidades.
-La eliminación de ayuntamientos podría extenderse a las mancomunidades, que incluso el PP defiende como clave en la prestación de servicios en La Rioja.
-Es una ocurrencia más que demuestra que estamos en manos de gente que ha salido poco de Madrid y no conoce ni la geografía española ni la forma de entender la vida de los pueblos. En la mayoría de los casos, las mancomunidades abaratan costes y prestan servicios de calidad a pequeños ayuntamientos que de otra forma no podrían. Y muy importante: se siguen manteniendo en la esfera de lo público. A partir de ahí, cada territorio debe definir cuál es la entidad supramunicipal que debe dar esos servicios sobre unos estándares y un mínimo común de derechos para todos los españoles, vivan donde vivan.
-La supresión de concejales se hila con la reducción de diputados, que en La Rioja rebajaría la Cámara regional de 33 a 25 diputados.
-Los que se suben a ese carro no lo hacen porque piensan en el ahorro ni en el interés general ciudadano, sino por su propia estrategia electoral. La gran mayoría de los representantes públicos en esos niveles no cobran, con lo cual la rebaja del gasto no es tal, y sin embargo se resta capacidad de decisión a los votantes, se acaba con las minorías y se pone coto a la democracia. Cuando se ataca a la política al final llegan los salvadores. Y de esos, la historia de España está llena.

Fotografía: Díaz Uriel