La Rioja tiene un Estatuto de Autonomía renovado. Aunque en realidad, no lo tiene todavía operativo. El Parlamento lo ha aprobado y las Cortes que salgan hoy de las urnas tendrán que darle el visto bueno último. O no. El proceso ha tardado tanto en concretarse, el camino se ha retorcido tanto hasta llegar a la meta, que el pacto alcanzado aquí no tiene por qué replicarse en Madrid ya que el equilibrio de fuerzas con toda probabilidad variará. Más aún, cuando quienes ahora abjuran del modelo autonómico tendrán en su mano el botón del ‘no’. Quizá no se haya enterado de nada de lo que le estoy contando. Es más que probable que su vida siga inmutable después de que los diputados que apoyó hace cuatro años y por los que tendrá que volver a decantarse en menos de un mes dijeran ‘sí’ y se sacaran una foto a la entrada del monasterio de Yuso. No deja de ser frustrante para una sociedad vanagloriada en su autogobierno que la norma sobre la que se sustenta su arquitectura institucional pase tan desapercibida. Que las gavillas de páginas que se han escrito sobre la reforma hayan tenido un impacto tan liviano sobre quienes presuntamente deben ser los beneficiarios directos de cada artículo. No se autoinculpe. Busque a los responsables de esa desafección entre los que posan en la solemne instantánea de San Millán. Desde hace la friolera de quince años que se activó el proceso y especialmente en esta legislatura que se ha cristalizado, se ha impuesto el tacticismo sobre el encargo de parir el mejor Estatuto posible. De ahí esas idas y venidas, pactos y desacuerdos, exigencias y recelos que han olvidado el requisito de empeñarse en una labor pedagógica que los enemigos de ésta y todas las autonomías jamás harán.

Fotografía: Juan Marín

Todos los partidos llevan años diciendo que hay que reformar el Estatuto de Autonomía. Han pasado décadas y no se ha reformado. Cs y PP firmaron que lo renovarían esta legislatura. Sin embargo, Cs pactó una reforma exprés con el PSOE con la que PSOE no estaba de acuerdo del todo. Era tan urgente que no se ha discutido tomarla en consideración hasta un año después. Mientras tanto, el PP propuso a su vez un acuerdo con Cs que dijo que ya estaba firmado. Cs no se avino porque el PP no habló con el PSOE. No obstante, el PP votó a favor de la reforma exprés con la que el PSOE no está de acuerdo del todo. En el trámite, el PP va a enmendarla con el texto que propuso a Cs pero Cs no firmó. A Cs ahora le parece bien. Corre tanta prisa después de tanta demora que el PP ha pedido tramitar el documento por vía de urgencia. Cs le acusa de no avisarle, pero está de acuerdo. Cs no pedirá el criterio de los expertos porque, asegura, es superfluo. El PSOE sí los pedirá porque, sostiene, resulta vital. Mientras tanto, todos habían acordado estudiar la reforma del Estatuto en una ponencia. Después de tres años de trabajos, Cs pidió cerrarla. El PP dijo que no estaba madura pero apoyó la reforma exprés con la que no está del todo de acuerdo el PSOE, que tampoco se avino a finiquitar la ponencia. En esencia, todos los documentos se parecen y sólo difieren en la horquilla de las señorías que podrían sentarse en el hemiciclo. En vez del actual 32-40, plantean 25-39, 31-39 y según la ponencia, con el voto en contra del PP, 33-41. ¿Entiende usted algo? ¿Le parece muy enrevesado?¿Está el Estatuto entre sus preocupaciones? ¿Sí, hola? ¿Está ahí?… No le oigo.

La reforma del Estatuto de Autonomía es como esa vajilla de porcelana delicada y cara que la familia hereda de la abuela y se guarda en un armario acristalado para exhibirlo sin que se deteriore. El conjunto es tan pomposo y frágil que se decreta utilizarlo sólo para las grandes ocasiones. Cuando llega un evento de postín que invita a desempolvarlo, uno se pregunta que para qué sacarlo de su sitio si se puede resquebrajar y en realidad es incomodísimo. Finalmente se decide seguir usando el menaje diario de batalla, así que la vajilla permanece incólume en su rincón con la promesa de que el próximo aniversario se celebrará con un caldo de marisco servido en esa barroca sopera con su cacito a juego. José Ignacio Ceniceros acaba de proponer con la grandilocuencia que precede a una mayoría obligada que por fin se reforme el Estatuto. El anuncio tendría el sabor dulzón de la nueva política si no fuera porque Pedro Sanz hizo la misma declaración de intenciones en el 2004, la repitió en cada legislatura y siempre encalló en un barrizal de grupos de estudio, comisiones, ponencias, propuestas y acusaciones mutuas entre PP y PSOE con la excusa final de que ni había prisa ni era un asunto que la gente pidiera a gritos por la calle. Tantos años han pasado que asuntos capitales al inicio como si el texto debería definir La Rioja como nacionalidad histórica suenan anacrónicos ante la intención ahora de cambiar la Ley electoral o menguar el Parlamento. Será que esta vez sí. O quizás no. A ver si va a romperse algo.

El PP ha hecho de la reforma del Estatuto de Autonomía un ariete para obligar a la oposición a “retratarse”, como Carlos Cuevas reconoció al comienzo de curso. Casi década después de que Sanz diera el pistoletazo para abordar la reforma del texto clave que regula el autogobierno con sonadas llamadas al consenso (deseable, pero sobre todo obligado para agrupar 2/3 del hemiciclo), la cuestión se ha reducido a la proposición de Ley popular que el Parlamento acordó tomar en consideración en el último pleno con el sorpresivo apoyo inicial del PR+ anunciando que se opondrá durante el trámite si no cambia su espíritu.

El viaje para la reforma ha hecho parada en decenas de estaciones. Primero, la constitución de una comisión de estudio abierta donde participada desde por la FER hasta expresidentes de La Rioja; luego, la elaboración de un voluminoso informe de expertos ahora arrumbado; más tarde el condicionamiento al fallo del Tribunal Constitucional sobre los recursos contra el Estatut; y a última hora, la creación de una ponencia que agoniza casi antes de nacer donde las disquisiciones sobre la definición de La Rioja suena ahora residuales.

El PP se ha esforzado en reducir mediáticamente todo el contenido a un solo titular: la rebaja de 33 a 25 del número de diputados. O todo, o nada. Si la oposición lo apoya, está por el ahorro en tiempos de crisis; si la rechaza, sólo busca salvaguardar sus intereses partidistas. Estará pensando en ‘culos’ para ocupar asientos en vez de mejorar el bienestar de la ciudadanía, como también Cuevas dijo en su momento.

El barullo procedimental al que el PSOE se ha asido por posponer su postura ha conseguido, además, arrinconar otro de los aspectos centrales de la reforma: el límite de mandatos del presidente a ocho años o dos legislaturas. La formulación inicial abrió la posibilidad de un escenario sin Sanz como cabeza de cartel electoral del PP tras cinco mayorías absolutas. Sin embargo, la posibilidad de que esa autolimitación encalló en dudas sobre cómo se aplicaría. En otras palabras: si se pondría el contador a cero tras la reforma y Sanz tendría la opción de ocho más o se contabilizaría el tiempo ya transcurrido para que el de Igea no pudiera repetir.

El propio presidente ‘jugó’ con esa falta de concreción. En unos momentos, se mostró entusiamado pensando en “La Rioja del 2020”; en otros, tendió la mano a “hablar” de retirada si ello limaba obstáculos para aprobar la reforma con la mayoría exigida. Entre ese ruido de fondo, la proposición de Ley de reforma llevada al Parlamento riojano por el PP aclara finalmente este extremo: “Para la aplicación de la limitación (…) no computarán los mandados ejercicios por los presidentes de la comunidad autóntoma de La Rioja habido hasta la VIII Legislatura”.

¿Servirá la reforma para dejar el camino libre a otros dos posibles mandatos de Sanz? Quizás la clave esté en la ironía que él mismo planteó al señalar el “dolor” que provocaría a algunos enfrentarle en las dos próximas elecciones.

Fotografía: Sonia Tercero

-¿Es esta la reforma definitiva de las administraciones o llegará al despido de funcionarios, como ha ocurrido en otros países en crisis?
-La reforma es un proceso vivo. Lo que se ha hecho ahora es un análisis muy exhaustivo de la realidad de la administración pública española, creando además mecanismos de seguimiento y continuación para poder seguir detectando en el futuro duplicidades e ineficiencias. En el aspecto que comenta, los datos que manejamos es que la caída del número de funcionarios en España en el último año y medio ha sido enorme con medidas duras en la tasa reposición, la oferta de empleo público, el salario? La reforma generará la necesidad de mover mucha gente de un sitio a otro, pero la senda de rebaja de la cantidad de empleados públicos es ya muy intensa en España desde hace tiempo.
-¿Ha tenido que llegar una crisis de este calado para caer en la cuenta de que hay una estructura hipertrofiada, cara y a veces inútil?
-No tenemos un aparato administrativo tan elefantiásico. Una de las tareas al elaborar el informe ha consistido en compararlo con procesos de reforma de otras administraciones públicas. Los datos objetivos confirman que la administración pública española no es tan grande ni ineficiente ni está tan mal en relación con otros países como se suele decir. Lo que sí tiene es mucho margen de mejora, que es donde pretendemos ahondar.
-Muchos de los mismos que venden ahora como un triunfo eliminar duplicidades son quienes las han consentido durante años.
-En todos los procesos de reforma que hemos analizado el detonante ha sido el mismo: la urgencia fiscal. Hay modelos muy exitosos como el de Canadá, un país muy descentralizado como el español que en los 90, a causa de un problema de sostenibilidad en sus finanzas, abordó un cambio que ha dado frutos muy buenos y perdurables. No se trata tanto de determinar cómo es que no nos hemos dado cuenta de lo mal que estábamos, sino por qué no ha sido hasta ahora cuando nos hemos planteado cambiar el modelo y la organización para ahorrar dinero.
-¿Por qué no se pudo anticipar?
-Al menos, de las crisis salen cosas buenas, y una de ellas es la oportunidad de cambiar muchas cosas. También en este campo. La administración pública puede mejorarse mucho, pero para que haya una transformación radical en el modo de gestión de medios y servicios públicos hace falta un detonantes que, como le digo, ha sido la obligación de sanear las finanzas.
-Hay quien ve detrás de la reforma un interés recentralizador y de ataque al modelo autonómico.
-En absoluto. Que digan en qué linea de las más de 250 páginas del informe hay una medida justificada por un afán de recentralización y no por una exclusiva intención de mejorar el gasto público. La prueba es que hay instituciones cuya supresión se planteaba desde algunas posiciones y, sin embargo, hemos visto que es menos eficiente suprimirlas o sustituirlas por una organización estatal y, por lo tanto, se sugiere mantenerlas.
-La reforma pone uno de los focos en los defensores del pueblo. En el caso de La Rioja se activó en el 2006 como hito del autogobierno, y año y medio después de su renuncia sigue sin sustituto.
-Este tipo de instituciones pueden ser hasta cierto punto emblemáticas, aunque no creo que sean significativas de un autogobierno. La reforma articula una comparación entre la estructura de gastos y administrativa que tienen estas instituciones en cada comunidad respecto a la que supone la estatal. En ese cotejo de coste por reclamación tramitada se verá si resulta más indicado prescindir de esa estructura y que sus funciones sean asumidas por la correspondiente del Estado.
-El último ejercicio se presupuestaron 662.000 euros y se ha modificado la ley para flexibilizar el coste y la disponibilidad. ¿Se puede permitir La Rioja un Defensor?
-Dependerá del coste que suponga para la comunidad y el servicio que preste a los riojanos. Una valoración que habría que conjugar otros factores como cercanía o eficacia.

Fotografía: Juan Marín

Aunque el presidente haya querido capitalizar la iniciativa, la limitación de los mandatos y la mengua del hemiciclo exigen reformar el Estatuto de Autonomía por una mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara. Sanz se ha apresurado a cargar la responsabilidad en el PSOE. “Sean valientes y generosos”, le espetó a Pablo Rubio durante el Debate del estado de la región, sin dejar pasar la oportunidad de recordar que quien tiene la capacidad para fijar la posición socialista no es el portavoz parlamentario, sino un César Luena que esa jornada estaba en el Parlamento, pero no en el escaño que está por ver si ocupará sino como parte del público. Al PR+ también le hizo un requiebro ninguneando la intervención de Legarra y dejándole sin margen de respuesta a su propuesta de reforma estatutaria.

Olvida también Sanz que el esbozo dibujado por él es, en realidad, el residuo del acercamiento mantenido en los meses previos entre Rubio y Cuevas y que, presuntamente, se quebró por la revelación de existían esas conversaciones. Seguramente, porque la posición de fuerza extrema que mantiene el PP en la Cámara le permite jugar a todas las bandas. Con 20 diputados populares, por un lado le bastaría pactar con los regionalistas (dos) para llegar a los 22 requeridos dejando de lado a las bancas socialistas. Por otro, podría llegar a un acuerdo sólo con las 11 señorías del PSOE dejando así una pátina de pacto de región y arrinconando a las siglas de Legarra que, en todos los virtuales escenarios resulta el más perjudicado en su representatividad. Si la oposición acata la propuesta, gana Sanz por liderar el paso dado; si la rechaza, también porque cargará sobre ellos a la opinión pública que ansía jibarizar altos cargos y sus prebendas.

El desenlace se antoja sugestivo. Y Sanz, el único que conoce el final, retuerce cada día trama con declaraciones que igual dicen una cosa que la contraria. Y para muestra, el último botón: “Si hoy me piden continuar, no diría que no; pero mañana no sé qué diré”. Una ambigüedad sólo comparable a la revelación de Rajoy de que quizás suba unos impuestos y baje otros.

Fotografía: Miguel Herreros

El primer apartado se da por hecho. Como le recordó Pablo Rubio durante su réplica, la reducción del hemiciclo es una constante en todos los ejecutivos del PP y una consigna establecida-aplicada por María Dolores de Cospedal y replicada por todos los barones. El PSOE expresó su disconformidad con esta opción, pero la defensa de mantener el actual estatus se antoja complicada en un escenario donde la supresión de políticos tiene una magnífica venta en la calle y basta presenciar cualquier pleno para comprobar que buena parte de sus señorías tiene cero protagonismo en el debate. Sanz se lo recordó al portavoz socialista con un reto: “¿quiere que salgamos fuera y preguntemos a los ciudadanos cuántos diputados quiere aquí?“.

Más allá de la agilidad que esa estructura dotaría a la Cámara y que fue el argumento medular de Carlos Cuevas, el nuevo reparto tendría efectos económicos. Pero no tanto en el ahorro general en el presupuesto del Parlamento, sino sobre todo en las finanzas de los grupos parlamentarios cuyas asignaciones están mayoritariamente vinculadas al número de escaños. Un varapalo para el PSOE que vería como sus actuales 11 representantes quedan en 9, y un cataclismo para el PR, cuyo sustento casi básico es el dinero que recibe por su presencia en el hemiciclo y que vería como uno de sus diputados no podría repetir en ese virtual escenario.

La reducción de la barrera electoral en las elecciones autonómicas se presume más que improbable. Sabedor de que rebajar el porcentaje para obtener representación arrojaría un Parlamento sumamente fragmentado (recuerde: no hay puntada sin hilo), Sanz vinculó su propuesta a una disminución en el mismo sentido para las elecciones municipales que marcan la composición de los ayuntamientos. La clave es que éste punto está recogido en Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una normativa por lo tanto que exigiría un pacto nacional para su modificación. Algo que no exige la ley autonómica que estipula el techo electoral en La Rioja y cuya reestructuración exigiría “sólo” un acuerdo dentro de la comunidad del 2/3 de la Cámara. Un límite del 3% a nivel autonómico que no resulta tan inusual, ya que como recuerda Pablo Simón está vigente en territorios como el País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, Andalucía o Navarra.

La resolución en negativo del silogismo salvaría la cara al PP, cuya predisposición formal a reformar la ley autonómica se toparía con las dificultades de hacerlo en la LOREG; erosionaría lo justo al PSOE que ha mostrado su conformidad a rebajar el techo electoral aunque internamente saber que perjudicaría su representantividad; y, otra vez, laminaría los cimientos del PR+, que vería entrar en el hemiciclo a IU y UPyD con un escaño cada uno.

Fotografía: Fernando Díaz

La respuesta, de nuevo, en la seguridad de que Sanz jamás da puntada sin hilo en sus decisiones. Y es que, en el caso de que los populares lleguen a perder su hegemonía, todo hace indicar que los socialistas como principal partido de la oposición no podrían disponer de una mayoría absoluta tan holgada. Sólo con la participación de los regionalistas (y/o IU y UPyD, que de materializarse la rebaja del techo electoral tendrían opciones de arañar un escaño cada uno) les sería factible acceder al Gobierno. O en otras palabras: estarían obligados a un reparto de poder entre el virtual bipartito (o tripartito) que convertiría la configuración del gabinete en un delicado juegos de equilibrios para ceder las cuotas exigidas por cada cual y no herir sensibilidades, erosionando de entrada cualquier pacto o dejando las puertas abiertas a ello desde fuera, como sucedió recientemente en el Ayuntamiento de Logroño.

De esta manera, Sanz se garantiza por lo tanto llenar del minas el camino que alguna vez pueda recorrer el PSOE en su carrera por dirigir los destinos de La Rioja. El análisis sólo una incógnita incompatible, a priori, con la tendencia electoral que mantiene la comunidad y la sensación generalizada de que el trono de Sanz es inamovible: ¿De verdad el de Igea incluye en sus planes que el PP pierda alguna vez su mayoría?

Fotografía: Juan Marín

Retrato de Pedro Sanz en el despacho de Emilio del Río

La noticia no deja de tener una profunda carga de ironía proviniendo de uno de los presidentes más veteranos de la política nacional. Después de cinco mayorías absolutas y camino de los 20 años como inquilino del Palacete de Vara de Rey, el cambio ha disparado las especulaciones sobre el sentido último de la medida. Porque, conociendo al líder del PP riojano, todo responde a alguna razón no explicitada aún. O como diría el otro: Sanz nunca da puntada sin hilo.

Asumiendo que el de Igea piensa en sí mismo y confía ciegamente en sus opciones de repetir los abrumadores resultados cosechados desde 1995, supondría concluir su trayectoria a los 68 años. Siempre suponiendo que la limitación implica poner el contador a cero excluyendo los mandatos ya cumplidos, se antoja una eternidad. Con un añadido: esa prolongación en el cargo ‘quemaría’ la generación intermedia que ha estado aguardando el relevo. ¿Y si Sanz estuviera pensando desde ya en la sucesión dejando entre sus filas el mensaje de que nadie será ya inamovible?

Esa hipótesis se conjuga con otras de las propuestas que, según él deberían incluirse en la reforma del Estatuto y que, aparentemente, tiene un carácter menor como eliminar la obligatoriedad de que el senador autónomico deba tener la condición de diputado regional. De esa forma, Sanz sería un candidato perfecto al cargo que ahora ocupa Ana Lourdes González y antes Carlos Cuevas (dos de las figuras con más ascendente en la dirección del PP) y se garantizaría un cómodo destino en la Cámara Alta.

Nada está escrito. O quizás hace tiempo que lo está. La hemeroteca sólo confirma una cosa: Sanz se presentó a sus primeras elecciones con la promesa pública de no ocupar el cargo más de dos legislaturas. Ocho años más tarde, el partido y las circunstancias le “liberaron” de aquel compromiso.

Fotografía: Díaz Uriel

-¿Qué sentido tiene ya el Senado en la actual coyuntura de crisis?
-El debate es si España debe ser un Estado bicameral. El constituyente así lo decidió, y la mayoría de países desarrollados siguen ese modelo. El Senado mantiene su función como cámara de reflexión o segunda lectura para perfeccionar los textos legislativos. Ha cumplido ese papel de forma escrupulosa, aunque necesita algún elemento de ponderación y avance como auténtico foro de representación territorial haciendo que todos los asuntos con un carácter geográfico marcado inicien el trámite ahí y no en el Congreso. En esa línea trabaja la ponencia constituida desde febrero.
-Esa es una letanía que se repite cada legislatura pero nunca se concreta. Ni siquiera ahora, con las críticas al modelo autonómico.
-Es cierto que se ha avanzado poco. Sin embargo, por primera vez existe consenso en el trabajo de la ponencia que le he referido y el propio Gobierno se ha manifestado claramente en ese sentido. Por otra parte, discrepo respecto a que el sistema territorial esté en cuestión. Las autonomías han ayudado de forma medular al desarrollo de España. Otra cosa es que el marco que creó la Constitución haya que adaptarlo, pero de ello no se concluye que haya que invalidar el modelo.
-¿No ha llegado de verdad el momento de cerrar el Senado?
-Es obvio que defiendo la necesidad de mantener del Senado, y más aún en un Estado tan descentralizado como España donde es imprescindible una Cámara Alta que articule todo el debate territorial. Sí soy partidario de modificaciones en la dirección que le he comentado de afianzamiento como foro principal en cuestiones territoriales.
-La reforma podría incluir la supresión de senadores, al igual que se plantea ahora en los ayuntamientos o los parlamentos regionales.
-No debemos cerrarnos a debatir esa opción. No voy a pronunciarme sobre si es necesario o no reducir la cifra de senadores, que en cualquier caso deberá debatir la ponencia del propio Senado. Lo que sí le digo que todas las instituciones deben adaptarse a la situación que actualmente vive el país.
-¿Qué parte de responsabilidad tiene el Senado en el descrédito que sufre hoy la clase política?
-Alguna, sin duda, pero no la mayoría. El propio funcionamiento del Senado hace que el protagonismo mediático siempre esté en el Congreso. Pero eso no invalida el trabajo de los senadores cuya enorme labor territorial es imprescindible, aunque menos visible. Dicho esto, reconozco que tenemos que hacer un papel importante de explicación pública de nuestra tarea.
-¿Y se corresponde esa tarea al dinero y las prebendas que reciben?
-Es un debate abierto y no hay que rehuirlo. A mi juicio, partiendo de que el factor económico jamás debe determinar la incorporación a la vida política, el sueldo debe estar marcado por algo clave: transparencia. Sabiendo como puede saberse ahora lo que cobramos, cada cual podrá opinar luego si es mucho y poco. A partir de ahí puede analizar cuánto se cobra en las asambleas de países del entorno y verá que el salario aquí es de los más bajos.
-Si el salario se mide por el número de iniciativas presentadas, las de los senadores riojanos del PP han sido hasta ahora testimoniales mientras Aldama llega ya a 40.
-No puede medirse con el mismo parámetro la labor de un senador del grupo mayoritario que otro de la oposición. Y si no, le remito a las incoativas de cada cual la anterior legislatura. Apoyando al Gobierno de Rajoy, los representantes riojanos están apoyando a su comunidad. Por otro lado, resulta sarcástico que Aldama presente sus iniciativas como portavoz de Empleo cuando el PSOE ha dejado más de cinco millones de parados. Uno entiende en casos así porque la gente de la calle tiene tan mal concepto de los políticos.
-Ni siquiera enmendaron los Presupuestos Generales que rebajan el 38% la inversión en La Rioja.
-También ocurre en otras comunidades. Es la consecuencia de años en que el Gobierno socialista ha gastado por encima de lo que ingresaba y nadie hacía nada. Rajoy va a solventar esa situación, y para ello es preciso un esfuerzo colectivo.

Fotografía: Fernando Díaz