La Rioja reabrirá Atención Primaria a los inmigrantes irregulares, zanjando así una cuestión insostenible en un escenario global después de que el  Real Decreto 16/2012 atrancara la puerta de acceso al sistema sanitario básico a los ‘sin papeles’ invocando razones económicas. La decisión, gestionada aquí de la mano de Cruz Roja y Cáritas, alinea a la comunidad entre las que han dado el paso para revertir la coyuntura no sólo por razones de solidaridad sino de salud pública para el conjunto de la población. Y de paso, demostrar cómo la voluntad política es capaz de superar presuntas trabas administrativas y/o partidistas dejando en el camino una estela de contradicciones. Por ejemplo, el discurso defendido hasta hace cinco minutos de que se ha atendido con normalidad a cualquier irregular más allá de las restricciones impuestas, o que La Rioja se sumaría al criterio que se unificara para todos los territorios. Si ahora se entornan las puertas de Primaria es que antes estaban cerradas; y si ahora no representa una alteración «significativa» de la organización y la sostenibilidad sanitarias, cuesta entender por qué sí lo era la anterior legislatura aunque tampoco haya noticias de que todas las comunidades vayan a seguir un patrón unívoco. Con esas claves, no resulta inocente que la atención a este colectivo copara el debate del primer pleno de un Parlamento sin mayoría absoluta. Ni tampoco que haya sido la primera medida de alcance solemnizada por el sucesor de Sanz.

Fotografía: Juan Marín

El Ministerio de Sanidad ha rectificado la decisión que adoptó en abril del 2012 por la cual se ha venido limitando la prestación sanitaria en Atención Primaria a los inmigrantes irregulares. Lo llamativo no es el evidente aroma electoralista que comparte con otros anuncios de urgencia como los vinculados a las tasas judiciales o el IVA cultural, sino que el Gobierno asuma para justificarse los mismos razonamientos que en su momento arguyeron quienes censuraban la medida. Es decir, evitar la saturación de los servicios de urgencias a donde acudían muchos ‘sin papeles’ tras cerrarles las puertas de los ambulatorios y, por un criterio de salud pública del conjunto de la población, controlar las patologías infecciosas. Algo que, por otra parte, ya entendieron las autonomías que se negaron entonces a aplicar el paso marcado por el Ministerio. Como otros recortes, Ana Mato invocó cuando aún era la titular de la cartera razones de ahorro que estimó en 500 millones de euros aunque, también como en otros recortes, no se ha llegado a conocer luego la cifra real. Lo que sí se logró fue herir un obvio sentido humanitario que nunca debió laminarse y estigmatizar bajo el paraguas de la crisis a todo un colectivo como advenedizos aprovechados de un sistema sanitario exclusivo del hombre blanco y pudiente. Siguiendo el manual preelectoral, tal desatino nunca se achacará a un error propio sino a un problema de comunicación. Un relato, por lo visto, enfermo desde la primera línea.

Fotografía: Juan Marín

Como explicó José Ignacio Nieto, el inmigrante irregular que acuda desde el 1 de septiembre al médico recibirá después de la consulta una factura que deberá abonar al sistema. Una situación de la que quedan excluidos los menores, la mujeres embarazadas, los casos urgentes y los usuarios incluidos en algún programa de salud público ¿De verdad cree el Ejecutivo regional que va a cobrar esas consultas? Por mucho que el consejero subraye que se intentará facturar el 100% de esas virtuales minutas, evidentemente las posibilidades de hacerlo son mínimas. Por dos razones: uno de los rasgos de la mayoría de irregulares es precisamente su falta de recursos y, además, facilitar sus datos personales abrirá la puerta a la Administración para, sin dilación, localizarle y formalizar una orden de expulsión. La coyuntura remite así, a efectos prácticos, a una expulsión de este colectivo del sistema público.

Detrás de la controvertida medida palpitan razones más económicas que sanitarias. Y Nieto, tampoco lo oculta: “Se trata de ordenar el acceso al sistema sanitario y que la atención de estas personas no las paguen las tarjetas que sí cotizan a la seguridad social”. El razonamiento tiene su público. Sobre todo entre quienes mantienen que los ‘sin papeles’ son responsables en buena medida del colapso económico en que se encuentra el sistema y han colapsado durante años las playas en sus pateras sólo para recibir tratamiento médico gratis.

Sin embargo, la situación admite otras lecturas. Y no hace falta salir del PP para comprobarlo. Galicia ha dictaminado que seguirá atendiendo a los ‘sin papeles’, que no perderán así los derechos que disfrutaban hasta ahora. Para ello, expedirá un documento acreditando que el portador no tiene recursos afianzando esa cosa llamada “solidaridad” con los más desfavorecidos que cotiza tan a la baja en momentos de crisis.

La decisión de Alberto Núñez Feijoó –un profundo conocedor del sistema sanitario como director del Insalud antes de alcanzar la presidencia de la Xunta- deja abierto otra cicatriz, pero esta vez política: ¿considerarán las otras autonomías populares su insumisión tan demencial como la que protagonizó el País Vasco del socialista Patxi López con el copago farmacéutico? Atentos al diagnóstico.

Fotografía: Carlos Rodríguez (Las Provincias)