La Escuela de Enfermería tendrá por fin unas instalaciones dignas. Si se cumplen las previsiones de la consejera y nada se tuerce, los trabajos del nuevo centro arrancarán a principios del 2017 en el solar del antiguo Hospital San Millán, a pocos metros de donde se ubica ahora. Es teclear una fecha y un emplazamiento definitivos y los dedos se encogen. La cruel hemeroteca recoge cómo ya su antecesor garantizó lo mismo hace una década, comprometiendo el estreno de un espacio a la altura de lo que merece el grado posiblemente más reputado de la UR y sin duda el más costoso para el curso 2008. Desde entonces, la obra se ha ido demorando entre disputas políticas y enredos urbanísticos inscrita en un gran lienzo el que la Escuela de Enfermería era sólo una pincelada. De aquella faraónica construcción se mantiene un hueco para el SOS-Rioja y caen el inmueble para albergar la Consejería de Salud, un parking subterráneo de 300 plazas y un modelo de explotación a 20 años vista participado por la iniciativa privada. La ecuación se resume tras tanto tiempo en una mengua del coste de los 80 millones previstos en origen a 7 estrictamente públicos  y la esperanza de que alumnos y profesores tengan la seguridad de que el techo no se les caerá encima. El macrocomplejo San Millán ha quedado así en un microcomplejo que hubiera sido difícil de concrear si perviviera otro complejo: el de la mayoría absoluta del PP, que sólo una vez rota va a permitir ver una nueva Escuela a un coste sensato con las hipotecas justas.

Fotografía: Justo Rodríguez

Las sospechas vertidas por Pedro Sanz en calidad de presidente del PP respecto a la autoría y financiación de la tesis doctoral de César Luena exceden los límites del cotidiano (y nada edificante) rifirrafe político y la escalada de acusaciones sobrevenidas, sin duda, por la proximidad de la cita electoral del 25M. Las dudas planteadas disparan directamente contra el líder de la oposición, pero en su formulación salpican a la UR. La universidad pública de la comunidad autónoma que Sanz dirige y que representa uno de los pilares académicos de la sociedad, cuyo prestigio unos y otros están obligados a exigir y salvaguardar. Con el argumento de que «toda la comunidad universitaria» comenta la presunta falta de legitimidad del trabajo por el cual Luena obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, Sanz implica a los cientos de trabajadores y estudiantes del campus al que, sin ir más lejos, pertenecen también varios de sus consejeros. Las denuncias del dirigente regional reclaman una réplica por la cúpula de la UR en la parte que le corresponde para blindar la autoridad de la institución lejos del guirigay partidista, así como, en su caso, una denuncia formal por Sanz si es capaz de acreditar sus palabras. Sin embargo, lo más inquietante de este episodio de confrontaciones personales es la sensación de que son alimentadas con la vista puesta en los inminentes comicios europeos. ¿Hasta dónde se llegará el año próximo con el voto de las autonómicas y municipales en juego?

Fotografía: Justo Rodríguez

Imagen: José Ángel Martínez

El derrumbe de una parte del techo en el pasillo de la Escuela de Enfermería y la protesta de los alumnos no puede (no debería) taparse sin más como el boquete que dejó el siniestro. Sólo la casualidad impidió que alguno de los más 300 estudiantes y la plantilla que ocupa el inmueble a diario sufrieran daños, pero lo que realmente dejó al descubierto la rotura no fueron ladrillos rotos o un fluorescente desprendido, sino el deterioro de un inmueble que data de 1977 y ha ido parcheándose para cumplir las exigencias mínimas entre advertencias periódicas sobre su desgaste. Si todos los grados de la universidad exigen unas instalaciones equivalentes y acordes a su sello de Campus de Excelencia Internacional, Enfermería las merece más si cabe al tratarse de una de las enseñanzas de mayor prestigio con una altísima nota de corte y la matrícula más cara. La condición de centro adscrito, y por tanto dependiente de la Consejería de Salud respecto a mantenimiento y personal, tampoco puede (debería) dejar el caso sin una cura profunda. Más aún cuando, a escasos metros del achacoso inmueble, sigue luciendo el anuncio de construir una nueva Escuela en el solar del Hospital San Millán y todavía resuena la promesa de toda una Facultad de Ciencias de la Salud. Seguro que como garantizan los técnicos el edificio no corre riesgo de hundirse mañana -faltaría más-, pero la dignidad de la Educación demanda algo más que cemento fresco y una mano de pintura.

Fotografía: Juan Marín

– ¿Qué metas se marca? ¿Prevé una ruptura sobre la anterior etapa?

Fotografía: Juan Marín

La UR siempre ha mirado con recelo a la UNIR. Desde el anuncio de la ubicación en la comunidad autónoma de la Universidad Internacional de La Rioja, el campus de la Universidad de La Rioja observó con una mezcla de alergia e inquietud la presencia de un adversario a pesar de las diferencias entre ambas instituciones que van desde la financiación (privada) al ámbito de cobertura (trasfronterizo) y la más obvia de un modelo on-line frente al clásico presencial.

El resquemor, por supuesto, nunca se ha reconocido. Siempre ha tenido la forma de runrún de café o comentarios en voz baja que en público se han resuelto como procede en la primera división académica: con muestras de respeto y corrección mutua. Sin embargo la tirantez es obvia, y quien más claramente se ha atrevido a expresarlo es el PSOE. Ya cuando el Parlamento dio luz verde al proyecto de la UNIR mostró algo que más que dudas. “Esconde intereses inmobiliarios y no tiene garantías económicas”, denunciaba en octubre de 2008 la diputada socialista Inmaculada Ortega, que tachó de “chapuza” la iniciativa bendecida por el consejero del ramo entonces, Luis Alegre.

Detrás de todo ello se esconde (unas veces de formas más lantemente que otras) la competencia por el reparto de fondos relativos a becas o ayudas a investigación, pero sobre todo un prurito de identidad propia en el uso de la palabra ‘Rioja’. Una cuestión que desde la UR se ha contemplado con un intento de, sino fagocitar su apellido al menos compartirlo, e instalar la imagen de una doble oferta universitaria en la misma comunidad al estilo de lo que sucede Navarra.

La estratégica compra del edificio de Fernández Mueblistas para instaslar allí la sede central de la UNIR ha acabado de rematar ese estado de cosas. La “amenaza” para la UR ya no es algo etéreo diseminado en cuatro locales de Logroño, sino que tendrá, cuando se acondicione el inmueble, un imponente espacio físico de más de 5.000 metros cuadrados… a escasos metros del rectorado que ahora ocupa José Arnáez Vadillo. A la competencia en lo académico, nominal y hasta en la distribución de fondos venidos desde el Gobierno regional, se suma ahora una física que podría desembocar en otro temor que observan desde Avenida de la Paz, 93: que la UNIR abra el abanico enseñanza on-line también a la presencial y lo que han sido encuentros o exámenes puntuales en Logroño se conviertan en norma. La peor noticia para una institución atenazada por la limitación de recursos que obliga la crisis, el cuestionamiento del sueldo de algunos de sus responsables y la oferta de centros de comunidades limítrofes.

Aunque la pregunta más inmediata tiene que ver con la imagen: ¿cuál creerá un foráneo que es la universidad de La Rioja cuando entre a la capital por la circunvalación? El tamaño del cartel que cada una apuntale en el frontispicio de su sede lo dirá.

Imagen: José Ángel Martínez (fotografía de Justo Rodríguez)

Esta vez no fue Inmaculada Ortega quien, como ha venido haciendo y a pesar de firmar una de las iniciativas, defendió la posición socialista al respecto. En su lugar tomaron la palabra primero Manuela Galdámez y luego Emilia Fernández, su sustituta como portavoz de la materia en la Cámara. Un matiz que no pasó por alto Capellán con ironía incierta. «Señora Ortega, al final le voy a echar de menos», espetó al subir al atril a la también vicepresidenta segunda de la Mesa.
Ese fue el preámbulo del consejero para rebatir todas las acusaciones, que achacó a una razón puramente política: «A la oposición le saca de quicio que el curso haya empezado con entera normalidad, no lo puede soportar (…) le gustaría una realidad caótica para montar bulla y desestabilizar».

El PSOE se centró en las dificultades económicas que plantea la subida de tasas universitarias -el 46% en segunda matrícula, el 111% en tercera y el 191% en cuarta-, el encarecimiento de la vuelta al colegio con la eliminación de la gratuidad de los libros de texto o el aumento del IVA del material escolar, la eliminación de 200 profesores y la «torticera» aplicación del acuerdo alcanzado sobre la ratio por aula. «Usted es el consejero que tiene encerrada a la comunidad educativa de La Rioja en el Sagasta», zanjó Fernández en una alusión que devolvió el aludido para acusarle de «tener que ir a la puerta del instituto para que le chiven qué debe decir».

Capellán también se ciñó a las preguntas del examen. «No teníamos posibilidad de cambiar la Ley, y hemos aplicado el mínimo de la horquilla sobre el precio real de la matrícula», rebatió a la primera cuestión ensalzando cómo se han cubierto todas la plazas en la UR. Respecto a la ratio, acusó al PSOE de focalizar la cuestión en los dos únicos casos donde se excede -Navarrete y Villapatro- y no dejó de lado la convocatoria de oposiciones en la actual coyuntura. «No tiene que dar miedo, es una oportunidad y la ocasión de que los mejores se incorporen a nuestro sistema educativo», remató lanzando un último recado a «algunos sindicatos que quieren guardar el nicho de las listas cerradas de interinos».

En una maratoniana sesión de la que estuvo ausente Pedro Sanz, la temperatura subió al tratar el proyecto de Ley que valida en La Rioja las medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria en el sector público. «Responsabilidad» fue el concepto reiterado por la consejera del ramo y Carlos Cuevas mientras desde la oposición Miguel González de Legarra les acusó de «estigmatizar» a los funcionarios y Ortega calificó al PP de «hipócritas redomados».

Fotografía: Fernando Díaz

Arnáez recibe con su designación un caramelo amargo. Los recortes que acechan a la universidad van a obligarle a reconvertirse de hacedor a un podador que, haga lo que haga, nunca satisfará a todos. A su favor cuenta con dos ventajas de partida: su sintonía personal con piezas clave del Gobierno regional que suelta el dinero como Emilio del Río, y el beneplácito previo que le otorga buena parte de sus colegas como hombre de acuerdo, moderado y de solvencia acreditada. Una esperanzadora carta de presentación que, en cualquier caso, también ofrecía José María Martínez de Pisón cuando fue elegido como rector pero que ha acabado empañada por críticas hacia su actuación y algún enemigo irreconciliable en ese muy particular y a veces asfixiante ecosistema de afinidades y odios que es la universidad. Y es que, (casi) nadie escapa de las dosis de desgaste que inocula el poder.

Para enfrentar la etapa que se anuncia especialmente complicada, la mejor noticia es que Arnáez hubiera contado con un respaldo abrumador para sentirse arropado en las decisiones que deba tomar. El resultado de las votaciones, sin embargo, no lanza ese mensaje. Sin ningún rival enfrente, el ya máximo mandatario de la UR ha cosechado un tibio el 63,5% del total de los votos, cuando en el 2008 Pisón rozó el 72%. La contabilidad de las papeletas es aún más endeble teniendo en cuenta que había 6.235 llamados a votar, pero sólo acudieron a las urnas 592 (193 papeletas en blanco y 19 nulas). Es decir, el 9,4% que, al menos, no se distancia mucho del 9,6% registrado en la anterior convocatoria.

Cierto es que el balance sufre una fuerte distorsión por parte del colectivo de estudiantes. El grupo mayoritario de los censados (5.512) de los que apenas 92 ejercieron su derecho rebajando hasta el 1,6% la ya exigua participación del 2,3% del 2008. El dato ofrece una lectura evidente: al alumnado universitario le interesa poco quién dirija la UR. Algo contradictorio cuando la cúpula está poniendo precisamente el aumento de las tasas y el ataque de la igualdad de oportunidades de su clientela como uno de los principales argumentos para defender la “autonomía”. Un razonamiento al que se suma la más que probable eliminación de profesores contratados (¡sólo votaron menos de la mitad de éstos!) que dotan de calidad la enseñanza a unos alumnos cuyo grado de interés es, visto lo visto, más que escaso.

Fotografía: Miguel Herreros

(Un grupo de estudiantes, durante las elecciones a rector en la UR)