Si nos preguntasen qué cualidades óptimas deberían presidir idealmente la actividad humana, todos destacaríamos valores como bondad, respeto, honestidad, tolerancia, sinceridad, amor, responsabilidad, lealtad, solidaridad o justicia, entre otros. Pero introducir en el mismo saco de la rectitud algunas de estas virtudes puede resultar contradictorio. Tomemos como ejemplo las dos últimas citadas: justicia y solidaridad. El significado de la primera está bastante claro: dar a cada cual lo que le corresponde o se merece. El de la segunda, no tanto. Oficialmente, solidaridad significa adherirse temporalmente a una causa ajena (la JMJ o el 15-M, por ejemplos), aunque hoy empleamos el término más como ayuda a los menesterosos, que no tienen por qué ser víctimas de lejanas catástrofes sino compatriotas e incluso vecinos. Las sociedades más desarrolladas presumen de solidarias por instituir Estados de bienestar donde quienes disponen de menos recursos pueden disfrutar de costosas prestaciones, gracias a la superior contribución de los que más tienen. Ahora bien, ¿es esto justo? Veamos un ejemplo: el ciudadano A, un peón sin estudios, trabaja 35 horas semanales y gana 15.000 euros anuales (base imponible), de los que el 24% (3600) se los birla el Estado como impuestos. El ciudadano B, un licenciado cuya carrera les costó un ojo de la cara a sus padres, es un autónomo que trabaja 50 horas y gana 60.000. Solamente pagando el mismo 24% de impuestos directos que A, Hacienda le quitaría 14.400 euros a B, o sea cuatro veces más, que ya es “pagar más quien más tiene”. Pero como le aplican el 43%, B cotiza 25.800 euros anuales de IRPF, siete veces más que A. Dado que A y B disfrutan de los mismos servicios dispensados “gratis” por el Estado (Sanidad, Educación, Justicia, etc.), parece que tanto el colectivo de ciudadanos A como el propio Estado deberían estarles agradecidos, o reconocer cuando menos su solidaria aportación a la caja común, que no por obligatoria deja de ser meritoria. En cambio, el ciudadano B forma parte de esa denostada categoría social, denominada “los ricos” en virtud de una mezcla de izquierdosismo trasnochado y puñetera envidia, a los que se niega acceso a las ayudas públicas que sí pueden obtener quienes menos aportan para su financiación. Admitiendo que el ciudadano B no deba poseer más derechos que el A, que ya es admitir, está claro que menos tampoco, pues de tan solidario resulta injusto. Esperemos que los pringaos como B no caigan en la cuenta de que trabajando la mitad (25 horas) ganarían sólo un tercio menos (21.600) pero pagando tres veces menos impuestos (8.400), y a ver entonces de qué pan hacíamos becas. O circunvalaciones. O resonancias. O lo que sea.