Esculapio me libre de entrar en el debate ético sobre la llamada «reasignación de sexo» por métodos médico-quirúrgicos a individuos que padecen la llamada «disforia de género». En cristiano, el cambio de sexo a base de hormonas y operaciones a personas que psicológicamente se sienten mujer con cuerpo de varón o viceversa. Unos defienden que sea un derecho más, en este caso de quienes sufren por no poseer su verdadera identidad de género, legalmente reconocido por las instituciones europeas, españolas, hasta murcianas y en breve riojanas. Y otros lo rechazan por entender que fisiológicamente es imposible cambiar un sexo genéticamente codificado y que la cirugía para intentarlo mutila un cuerpo humano, ocasiona mucho sufrimiento, somete a riesgos injustificables, no resuelve los verdaderos problemas psicológicos y sólo consigue crear la apariencia de otro cuerpo para satisfacer una fantasía.

Pero sí voy a meterme en el tan espinoso jardín de la ética de la gestión sanitaria. Uno de los grandes principios teóricos de esta disciplina, a caballo entre la economía y la filosofía, establece que, en un escenario de demanda ilimitada, la asignación de recursos siempre insuficientes debe realizarse acorde con criterios de justicia, equidad, eficiencia y bien común. Pero, por mucho que se insista en su compatibilidad, en la práctica es difícil dar a cada uno lo que le corresponda (justicia) alcanzando a la mayoría de personas (bien común) sin perjudicar a unos por favorecer a otros (equidad) y con la máxima calidad al menor coste (eficiencia).

Por eso, que el SERIS vaya a proporcionar gratis «tratamiento hormonal a las personas transexuales, así como el proceso quirúrgico genital, aumento de pecho y masculinización de tórax y el material protésico necesario. Asimismo, prestará tratamientos que tiendan a la modulación del tono y timbre de la voz cuando sean requeridos y cuando el usuario y/o familiares lo estimen necesario, proporcionará el acompañamiento psicológico adecuado» puede resultar cuando menos chocante a los miles de riojanos que han de pagarse el empaste de su caries, el audífono o las gafas sin las cuales muchos no podríamos trabajar, y repagarse (eso es el copago) medicinas, material ortoprotésico o la silla de ruedas.

Si los gestores están moralmente obigados a optimizar los recursos sanitarios con criterios de racionalidad, determinando cuáles son los bienes sociales primarios (el llamado mínimo decente) que han de guiar la política de prestaciones sanitarias públicas para beneficiar al mayor número de personas, la futura «ley trans» riojana parece obedecer a otros criterios. Y es que la política sanitaria suele ser más política que sanitaria.