Para referirse al pueblo, nuestros políticos utilizan un término falaz, «sociedad española», porque no hay una sino dos sociedades. En febrero éramos 47 millones de españoles, o algo, 37 mayores de 18 años integrantes de dos grupos, que denominaremos la sociedad «P», de Pública, bastante anónima, y la «p», de privada, cada vez más limitada

La sociedad P está integrada por tres colectivos cuyos ingresos provienen de las Administraciones: pensionistas (9 millones), funcionarios (3 millones, 80% de las taifas y el 20% del Estado opresor) y subvencionados por desempleo u otros motivos (2 millones), a los que hay que añadir unos 4 millones de acogidos a los ERTE por la pandemia. Total = unos 18 millones.

La sociedad p la forman los colectivos cuyos ingresos no dependen del Estado: trabajadores por cuenta ajena o asalariados (13,5 millones) y por cuenta propia o autónomos (3,5 millones). Total = unos 17 millones. Queda un remanente de unos 2 millones sin oficio ni beneficio, la mayoría jóvenes. Grosso modo, estas, y no otras, son las dos Españas del siglo XXI.

La charlatana ministra de Hacienda ha defendido los Presupuestos del Estado de 2021 porque «apuestan por la justicia social», o sea, por la justa distribución de la riqueza, ¿no? Pues, con la que les está cayendo a los miembros de la sociedad p, sobre todo a sectores como la hostelería, el turismo, la venta minorista o la automoción, con muchos contribuyentes obligados a cerrar sus negocios sin compensación económica, lo que los condena a la ruina, va el gobierno y los abandona a su suerte mientras les sube un 0,9% a los de la sociedad P, a la que pertenecen ellos. Como estrategia electoralista a corto plazo no está mal, porque los votantes P son más y cualquiera les toca el bolsillo, pero a largo será desastroso, porque son los p quienes generan el empleo productor de la riqueza de un país, el famoso PIB. Un país de sociedad de consumo y libre mercado, se entiende. Porque, si lo que se persigue es acabar con la iniciativa privada, la empresa privada, la educación privada, la sanidad privada y hasta con la vida privada a manos de unos gobernantes que odian lo privado porque en su vida han hecho otra cosa que chupar de las ubres estatales, entonces adelante. Sigan destruyendo a la sociedad p mientras miman a la P y dentro de poco a ver con qué harina privada hacen tortas públicas.

El 0,9% del gasto en pensiones y funcionarios supone 2.639 millones. En estas circunstancias, ¿no sería de más justicia social congelar esa subida, dejar de repartir subvenciones y mamandurrias a la peña ideológicamente afín y gastar ese dineral P en ayudas directas al colectivo p obligado a no percibir ingresos? La solidaridad no se demuestra dándole su nombre a una calle.