Uno de los mitos m\u00e1s arraigados en nuestra creencia popular es (era, ya) que \u201cel Estado nunca quebrar\u00e1\u201d. Con tan categ\u00f3rica garant\u00eda de solvencia, \u00abp\u00fablico\u00bb ha sido sin\u00f3nimo de \u00abseguro\u00bb referido al empleo, por dos razones: porque los trabajadores estatales no eran simples contratados por una empresa llamada Estado, sino propietarios vitalicios de un minifundio de su Administraci\u00f3n, y porque su salario tambi\u00e9n estaba garantizado de por vida al provenir de un presupuesto supuestamente ilimitado. Para muchos no funcionarios, adem\u00e1s, el empleo p\u00fablico era privilegiado, casi un chollo: 35 horitas, subida de sueldo con el IPC, pagas extras, bajas y vacaciones remuneradas, permisos, moscosos, etc. Tan bueno era ser funcionario que casi todos quer\u00edan serlo y el crecimiento neopl\u00e1sico de las administraciones local, provincial, auton\u00f3mica y estatal ha satisfecho las aspiraciones de muchos: hoy el 17% de los empleados son p\u00fablicos, frente al 14% de 2008. De media, claro. Aqu\u00ed tenemos el 16% y en los extremos se sit\u00faan el 13,5% de Catalu\u00f1a y el incre\u00edble \u00a127%! de Extremadura, donde casi uno de cada tres trabajadores es funcionario. As\u00ed que el Estado era un contratante tan s\u00f3lido, fiable y solvente que no era hab\u00eda necesidad de manifestarse a favor del sector laboral menos productivo y m\u00e1s seguro del pa\u00eds.<\/p>\n
Pero esta arrolladora crisis ha derribado el mito: el Estado gasta m\u00e1s de lo que ingresa y, al no poder cerrar como cualquier empresa de verdad (cuyo n\u00famero de empleados est\u00e1 en consonancia con la producci\u00f3n y los ingresos), no le queda otra que \u00abrecortar\u00bb, o sea, aumentar jornadas, reducir sueldos y extras, eliminar d\u00edas libres, etc. Y los afectados, comprensiblemente, se echan a la calle en defensa de \u201clo p\u00fablico\u201d, que b\u00e1sicamente significa en defensa de los puestos de trabajo y sus ventajosas condiciones laborales. Sin embargo, a pesar de la recesi\u00f3n econ\u00f3mica, en la que el trabajo p\u00fablico disminuye y la recaudaci\u00f3n desciende, el n\u00famero de funcionarios sigue creciendo. Como el salario de estos empleados sale de los impuestos, el aumento del paro en el sector privado (que es el m\u00e1s castigado por esta plaga) obliga a los contribuyentes a pagar m\u00e1s por cada funcionario: si en 2008 hab\u00eda 6,1 trabajadores para sostener a cada empleado p\u00fablico, ahora apenas quedan 4,8. Es decir, cada contribuyente realiza un 21% m\u00e1s de esfuerzo fiscal para mantener la Administraci\u00f3n, mientras que muchos se ven obligados a aceptar grandes recortes salariales bajo la constante amenaza de despido y cierre. As\u00ed que en la calle hay otro clamor menos ruidoso y pancartero por la reducci\u00f3n de la Administraci\u00f3n (empezando, naturalmente, por los enchufados digitales), igualmente comprensible. A cierta edad se llega a comprender todo. M\u00e1s a\u00fan si se ha pasado por todo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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