Por fin, España es excedentaria en algo: el número de aforados. Lo sabemos desde el pasado 4 de abril, cuando el Consejo de Ministros aprobó extender tal condición a la Reina y los Príncipes de Asturias.

Diez mil españoles, 10.003 desde entonces, gozan del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. Contemos: presidente del Gobierno y demás miembros del Ejecutivo, diputados, senadores, jueces, magistrados, miembros del Ministerio Fiscal… Así hasta diez mil personas, diez mil, disfrutan en España de una protección jurídica especial que encaja difícilmente con la proclamación constitucional de que, del Rey para abajo, todos los españoles somos iguales ante la Ley.

Diez mil, según los catedráticos de Derecho Procesal Iñaki Esparza y Juan Luis Gómez Colomer. Aproximemos más las cifras para entender lo exagerado de este sistema. En España hay un aforado por 4.730 habitantes, niños de teta, tronistas televisivos y jubilados incluidos. O, también, uno por 1.680 ocupados. O, por seguir buscando parámetros de comparación, uno por 480 desempleados.

Pues sí parece excesivo. Sobre todo si observamos lo que ocurre en otros países europeos: el aforamiento no existe en el Reino Unido ni en Alemania; en Italia y en Portugal está limitado a los presidentes de la República y en Francia, al presidente y a los miembros del Gobierno.

Aunque el aforamiento implique limitaciones (el Supremo es la instancia judicial más alta de este país y sobre sus sentencias no cabe recurso), supone unas garantías y un régimen excepcional (asegurar que al aforado le juzgará un juez independiente). Así que mantener esta “tradición” histórica sólo puede responder a una cosa: que la Justicia sigue politizada. Vamos, lo que ya sabíamos.