El despido colectivo se ha convertido en una fórmula de gestión empresarial en España. Altadis es la última multinacional que se ha aprovechado de ese empujón que imprimen las reformas laborales –en plural, la última del 2012 (PP) y la anterior del 2010 (PSOE)– para que estimen más que rentables los cierres.

Es una estrategia tan simple como despiadada: las corporaciones analizan la relación coste-beneficio de sus factorías y, como las cuentas no cuadran a sus intereses, pues adiós muy buenas. Dejándose por el camino, claro está, las declaraciones sobre los compromisos de responsabilidad social con sus empleados y asumiendo el perjuicio social que sufrirá su imagen.

Pero aunque las reformas faciliten esas decisiones, las corporaciones no precisan de ellas para dejar plantados a centenares de trabajadores. Sin artificios laborales ya lo hicieron Gillete en Sevilla (por cierto, que hoy sigue entre las marcas más comercializadas del país) y Schweppes y Electrolux en La Rioja.

Por tanto, que Imperial Tobacco haya confirmado el cierre de Agoncillo estaba más que cantado: el dineral que la matriz tendrá que soltar para despedir a 471 trabajadores lo recuperará a medio plazo vía Polonia y Marruecos, mercados con costes laborales muy inferiores a los de nuestro país.

Altadis es la última cuenta de un rosario de deslocalizaciones al que ya se engarzaron Roca, Telemadrid o Coca Cola generando «graves conflictos sociales» como recordó recientemente CCOO de La Rioja. ¿Altadis podría amagar de forma similar? Improbable. En ninguno de los tres casos mencionados, la parte social tenía sobre la mesa unas condiciones de negociación como las del ERE del 2009 de la tabaquera, así que resulta difícil pensar que el asunto llegue a los tribunales. Aunque ya sean numerosos los jueces que han sentado doctrina contraria a los planteamientos del paraguas normativo vigente.